(escribe Marcelino Rodríguez) Un temporal, la respuesta de los organismos públicos y la escasa disposición de quienes reciben asistencia para devolver algo a la comunidad sirven como punto de partida para desnudar una contradicción que atraviesa buena parte de nuestra realidad: se reclama solidaridad, pero muchas veces se responde con indiferencia; se exige compromiso al Estado, mientras se evade la obligación personal. Entre asistencialismo, demagogia, responsabilidad y conciencia ciudadana, se plantea una advertencia tan incómoda como necesaria: sin esfuerzo y participación de todos, no existe cambio verdadero ni progreso posible.

Los hechos a lo largo de la Historia han demostrado que el “Hombre bueno”, por naturaleza u obra humana, no precisamente es tolerante, agradecido ni justo a la hora de reconocer o actuar. Existen infinidad de ejemplos contundentes y verídicos que hablan a las claras, aun frente a luchas por causas que tienen muchísima razón de ser, especialmente en función de los beneficiarios de las conquistas por las cuales los líderes sociales logran sacrificar tiempo, intelecto y esfuerzo; gestionan en buena ley y

 con los controles adecuados los aportes más nobles en bien de los demás, del grupo o colectivo que representan.

Pero ello no es condición ni inhibe para que, igualmente, aflore de las masas el disconformismo, en razón de que, en ocasiones, el hábito o la necesidad hacen que el individuo no solo quiera, aspire, usufructúe y disfrute de lo ofrecido y obtenido, sino que desee más y más, sin merecerlo ni ofrecer devolución alguna. O que se crea equivocadamente en el derecho —incluso fomentado desde los gobiernos populistas— de que, por el solo hecho de existir, respirar y constituirse sencillamente en ciudadano, debe ser socorrido. Una concepción casi imperativa de quien espera, y no un acto garantista de solidaridad y nobleza del Estado hacia ellos; proveedor obligado de la ayuda —a juicio de los aludidos—, sin una evaluación ni exigencia como contrapartida.

Teniendo en cuenta este último aspecto, el axioma de una prestación —cualquiera sea su naturaleza—, por lo general, enuncia y contiene una serie de derechos, pero también de obligaciones. Vista la franca indulgencia y la licencia discrecional de los acreedores públicos —por llamarlos de algún modo— para no exigir un mínimo reembolso por parte de los beneficiarios de las vituallas económicas, mercancías, subsidios y demás, es fundamental procurar, con mayor razón, por todos los medios y mediante las fiscalizaciones correspondientes, no malgastar ni echar en saco roto aquello que a otros les cuesta ganar con sudor y sacrificio, y que aportan a la ayuda social asumida y suministrada “generosamente” por las instituciones responsables de atender dicha materia.

Estas están obligadas a distribuir y auxiliar con austeridad, de manera correcta y acertada, los recursos recaudados entre quienes más los necesitan, en consonancia con las donaciones, impuestos y contribuciones que todos los orientales hacemos —de una u otra forma—, sin excepción, para aquellos destinatarios de esta patriada asistencial.

El ejemplo que a continuación se cita, con respecto a lo que se analiza, es significativo. El país, en el mes de agosto del año 2005, sufrió las consecuencias de uno de los temporales más devastadores que se recuerden. No solo provocó víctimas —desgraciadamente—, sino también destrucción a su paso; particularmente, una importante caída de árboles del ornato público, a raíz de los fuertes vientos acaecidos, lo cual produjo daños dantescos y serios inconvenientes, al obstaculizar las vías de tránsito y afectar distintas estructuras edilicias. Situación que implicó una pronta acción y respuesta para el retiro de los mismos, con el propósito de ir recobrando la normalidad; acontecimiento que, si bien podía haberse previsto, dejó al descubierto —como suele suceder en Uruguay— las falencias del Instituto Meteorológico para cumplir con su cometido.

Cuyos funcionarios —dependientes del Ministerio de Defensa Nacional—, pese a ser desoídos reiteradamente, reivindicaban aspectos sensibles en tal sentido; entre ellos, el incremento de los salarios, la necesidad de formar los recursos humanos e incluso la imperiosa adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas de última generación. Insumos imprescindibles para realizar satisfactoriamente, en forma profesional y eficiente, la tarea, sin depender de los homólogos de la región para predecir los comportamientos de la naturaleza y alertar a la población con un tiempo prudencial. Con el agravante de que el estado de situación del organismo provoca inevitablemente la emigración del personal especializado hacia los servicios privados.

Luego de que ocurren las cosas y el perjuicio se ha producido, recién se pretende corregir el timón de la organización respectiva —por lo menos, en el anuncio formal de las autoridades—; solucionan las falencias y omisiones o, mejor dicho, enmiendan y recauchutan, por decirlo de algún modo. Incluso se realiza un reincidente aspaviento, una movida coyuntural institucional de carácter político y demagógico; se invoca que se reparará la contingencia y se suministrarán los recursos y la infraestructura necesarios. A la vez, muy habilidosamente, se aguarda que la gente deje de prestar atención al tema o que nos gane la desmemoria —lisa y llanamente— con el transcurso del tiempo.

Es vital y neurálgico que los servidores públicos —cualquiera sea el cargo y función— tomen conciencia de que no podemos jugar con el destino del país y sus habitantes. Más aún cuando no solo se posee parte de la responsabilidad en la integridad de los ciudadanos, sino también en el amplio espectro que atiende y comprende —en este caso— la Meteorología; ya sea en la producción —especialmente agrícola—, el espacio aéreo, el marítimo y tantas otras aristas que ni imaginamos e inciden y repercuten, directa o indirectamente, en la vida, seguridad y economía de la Nación.

Reflexión que cuenta —a esta altura— con escaso asidero o pareciera una ironía, después de las pérdidas humanas que podrían haberse previsto o disminuido sensiblemente. Ya no se las puede resucitar —incluso las olvidamos al pasar el tiempo— por más recaudos que se adopten, se provea, asigne y capacite personal o se adquieran los medios indispensables para cumplir con la labor de pronosticar el comportamiento del clima y sus posibles consecuencias.

En la actualidad, y luego de la lección aprendida a sangre, dolor, sudor y lágrimas o, por aquello de “quién se quema con leche hervida, ve la vaca y llora”, comienza a soplar el primer vientito, se encapota el cielo e inmediatamente se lanza una escala de colores y alertas en base a un “protocolo”. Aunque nada de lo anunciado suceda, se hace con el fin de evitar tropezar con la misma piedra o, “por las dudas”, cubrirse antes de tener que rendir cuentas “burramente y sin chistar”.

La vergüenza experimentada —en uno y otro sentido— por parte de los actores comprometidos que entienden y están a cargo de la materia, en relación con las situaciones adversas ocurridas, es bastante grande e inevitable; subyace fuertemente, en forma íntima e interna, por más que sus voceros hayan aparentado autosuficiencia y puesto “cara de piedra”. Más aún frente a la acusación, la culpa y la justificación del amparo, a la vez —en ocasiones, de lo indefendible—, a la hora de tener que dar explicaciones ante los damnificados y la sociedad en su conjunto.

No se pueden esperar los debacles para animarse a denunciar, pretender subsanar las irregularidades, carencias y el malestar en el ámbito laboral, consciente de que, por lo general y como se dice en la jerga popular: “la piola, tarde o temprano, se cortará por el lado más fino”.

Es un clásico responsabilizar —a tabla rasa— como ineptos a los operadores de base, técnicos y profesionales. Todavía con la prodigiosa salvedad de que quien juzga o interpela responde políticamente a cargos de confianza o electos y, como el teflón, nada se les pega. Actúan en forma impermeable, despliegan las habilidades más sutiles para encontrar o recurrir a argumentos sin inhibición, remordimiento ni autocrítica alguna. Mucho menos renuncian por ética o moral, aunque tengan el diario del otro día en sus manos, con el luctuoso y triste título de ese 25 de agosto de 2005 o de cualquier otro acontecimiento grave que golpea a la población, producto de la negligencia o, directamente, de la incompetencia funcional.

La Intendencia montevideana hizo un llamado a voluntarios ante la citada emergencia y la necesidad de retirar los árboles caídos —no solo obstaculizaban las vías de circulación, sino que constituían un peligro en sí mismos para la integridad de las personas—, desbordada pese al denodado esfuerzo y labor de los empleados municipales, distintos organismos públicos, empresas privadas y el despliegue operativo de las incondicionales Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos.

Para contribuir con esta “patriada departamental”, dicha convocatoria estuvo dirigida muy especialmente a los titulares del Plan de Emergencia y, como contraparte, percibirían una paga mensual —está claro que nada es gratis en la vida, tanto para trabajar como para recibir subsidios—, complementada con canastas. Se aseguraba, además, la alimentación correspondiente en los comedores escolares para sus hijos y todos los beneficios habidos y por haber que ya existen y reciben —directa e indirectamente— al integrar la población que atiende el “MIDES” y el “BPS”.

Ello significaría —de alguna manera— una mínima devolución a la asistencia que brinda la ciudadanía, que sale del bolsillo y de la solidaridad de los uruguayos, ya sea por iniciativa propia, mediante colaboraciones, o compelidos por las obligaciones fiscales que efectuamos a través de nuestros ingresos.

De los registrados en ese momento —más de 9000 beneficiarios solo en la capital—, se inscribieron aproximadamente unas 40 personas, las cuales trabajarían cuatro horas diarias en todas las actividades concernientes al retiro de árboles y, si voluntariamente deseaban extender la jornada, podían hacerlo y, de esta forma, incrementar sensiblemente la remuneración.

Esta fue la increíble sorpresa que se llevaron las autoridades ante la respuesta del sector aludido: quienes se desgarran las vestiduras por los planes sociales y tantas otras políticas destinadas a combatir la exclusión y los niveles de pobreza, recobrar la dignidad humana y ciudadana de los más desposeídos. Fue también la respuesta a los integrantes de la población que aportamos —solventes o no— mediante el pago de tributos, IRPF, IASS, entre otros, para la concreción de la generosa actitud solidaria y asistencialista que despliega el Gobierno nacional conjuntamente con los departamentales.

Un pueblo así, o con la proyección hacia lo colectivo de dicho conglomerado estigmatizado y victimizado a la vez, genera un pronóstico presuntamente gris y crítico, pero no imposible de destrancar en cuanto a los malos hábitos y vicios que pueden llegar a bloquear e impedir cualquier tipo de cambio próspero. Pues falla la esencia del individuo; más aún, del que recibe ayuda y, a su vez, tiene la obligación moral o ética de retribuir de alguna manera ese acto de bondad a los connacionales, pares preocupados y ocupados por tal contingencia.

Sin la reconversión personal —especialmente de los que más necesitan— no habrá evolución factible, aunque ello conlleve todo un proceso y período de concientización, reeducación y fomento para lograr el compromiso y la participación de todos, sin excepción; así se los rotule como pobres, indigentes, vagos, incultos, entre tantos adjetivos arraigados y de uso en la dialéctica popular. Salvo que la fórmula responda a la inercia de una masa aletargada y entretenida con la dinámica cíclica de la demagogia, la hipocresía y el doble discurso de los dirigentes, los cuales se valen de la buena fe, utilizan sistemáticamente la miseria y explotan la imagen y realidad de los carenciados para votar presupuestos que engrosan más el gasto público, la deuda y, por ende, el déficit fiscal.

Ante esta fachada sutil que invade y apunta al incuestionable y noble sentimiento del bien común, la equidad y la justicia social, sin los resultados esperados, no habrá mucho por hacer; mientras tanto, la persistencia en esa dirección hará costumbre, mellará y no dejará mucho margen más que para adherir y asegurar, de este modo, la perpetuidad en el poder.

Si amparan o consienten estas franjas de ciudadanos no favorecidos, agraciados por distintas causas y destinos en lo educativo, laboral, económico, social, entre otros aspectos, con oratorias magnánimas, espetadas en forma alevosa e interesada, que rozan lo celestial, casi confirmando la máxima “así debe ser”, se mantendrá dicho escenario, plantado retroactivamente, adjunto a la política y orientación del gobierno de turno. Es lo mismo que la nada o permanecer en el punto de partida.

Lo que es peor: promover con diversos mensajes y en varias direcciones un “status quo” muy particular, sustentado en la creencia o el derecho a no asumir —sin vergüenza alguna— cada oriental su situación; no aceptarla madura y responsablemente, ni mucho menos intentar salir de ella frente a la oportunidad de progreso y al compromiso de ofrecer, como contrapartida mínima, la fuerza de trabajo o el servicio a la comunidad. No honoraria, sino con una paga en dinero, especies o ambas.

Si la estrategia viene por ese lado, será difícil desalentar y desactivar, en algún sentido, la exclusión y marginación que tanto inquietan; dará lugar, entonces, a que se justifique y se encuentre cualquier motivo para esgrimir que se acotan las aspiraciones y expectativas de los más desposeídos. De esa manera, adjudicar gratuitamente el papel de “damnificados de la picota y evolución social”, sin orgullo, amor ni dignidad propia; inculcar y, a la vez, condenar a esperar “sentados al cordón de la vereda” que los demás les den caridad. Más crítico aún, con el auspicio oficial e indiscriminado de los socios morales, la pléyade de autoridades y el mismísimo Estado, con el Gobierno a la cabeza.

Si el rumbo no se corrige con un fuerte golpe de timón, se visualiza un futuro de decadencia y mediocridad progresiva; especialmente de carácter cultural —mayor del que se respira y existe—, ante la mirada de una élite omnipotente, pero seudoindiferente, conformada como en la República de Platón, en la cual la sociedad organizada en estamentos e integrada por gobernantes y políticos decidía el derrotero del resto: trabajadores, guerreros y plebeyos de esa promiscua y emergente nación helénica.

Así de penosa, cruda y perversa se asemeja —simbología, paralelismo, homología adjunta— la realidad, pese al paso de unos cuantos siglos y a la llegada de la modernidad y la tecnología, con la avanzada del Plan Ceibal como vedette y la democratización de la información a nuestra disposición, cuando precisamente las clases bajas o menos privilegiadas no acceden a ella, lo hacen precariamente o carecen de la motivación necesaria para encontrarle un sentido razonable.

En consecuencia, urge romper con estas cadenas y creer en algo o, por lo menos, en sí mismos como recurso último de rebeldía y pujanza, en búsqueda del bienestar interior proyectado hacia la armonía colectiva, inclusiva de decoro y justicia para todos. Es hora de que cada oriental ocupe su lugar y sea útil a la República a través del compromiso ciudadano, sustentado en los derechos, pero también en las obligaciones y deberes que consagran la Constitución Nacional y demás leyes.

Sin esfuerzo, tesón y sacrificio, sucumbiremos en la desidia y la falta de valoración, con panoramas que serán muy difíciles de revertir, salvo que estemos condenados a experimentar en el futuro un padecimiento general —como ha pasado con otros pueblos—, donde un hecho desgarrador y colectivo, como una guerra o una catástrofe, nos obligue a recapacitar, construir y sacar el país adelante. No podemos obviar los evidentes mensajes y comportamientos sociales que se suscitan —si nos consideramos inteligentes y estratégicos—, cada vez con mayor progresión; será luego demasiado tarde para detenerlos y, una vez más, repetiremos la historia: debilitados y perjudicados, volveremos burramente como sociedad a correr de atrás, emparchar, reinventar, malgastar recursos, quedar sin aliento o, directamente, asumir que nos equivocamos al no advertir el problema que, cínica e hipócritamente, dejamos crecer con total impunidad, inmunidad ideológica y política conveniente.

Este escenario permite analizar y reflexionar que, igualmente, debe andarse con “pie de plomo” cuando abrazamos y nos ponemos al hombro una causa en bien de los demás, a través del Estado u organización respectiva. No escapan a ello nuestras asociaciones, noveles entidades gremiales a las cuales les cuesta convocar a la participación y a la solidaridad; los propios policías, por los cuales se lucha y a quienes se ayuda de distintas maneras y desde distintas trincheras, no son capaces de organizarse —salvo casos muy excepcionales—. Disponer, ocuparse más que preocuparse —por ejemplo— de donar 8, 16 horas del “222”, un jornal para un compañero o su familia que padece una situación crítica o desafortunada; en el caso de haber sido herido o asesinado por delincuentes, perder lisa y llanamente la vida o la libertad injustamente como consecuencia del cumplimiento del servicio.

La militancia y el compromiso de estar y colaborar en esos casos, y tantos otros, pueden significar un valor agregado vital en beneficio de todo el contingente de trabajadores del Orden, sin distinción. Ni hablar de las familias.

Particularmente en actos desgraciados y luctuosos, donde, en algún sentido, es crucial el acompañamiento: ayudar a sobrellevar el dolor y el sufrimiento en la soledad y desprotección —la mayoría de las veces— de los seres queridos en esos momentos duros. La diversa y valiosa forma de contención de los camaradas de clase hace la diferencia, al no haber consuelo y necesitarse la mano extendida, silenciosa y honorablemente altruista de las mujeres y hombres de la Fuerza Pública. Créanme que tiende a emocionar y a quebrar la voz cuando demostramos actuar en consonancia, fieles a un Cuerpo institucional y profesional de jerarquía, con profunda sensibilidad humana por sobre todas las cosas.

De todos modos, en nuestra comarca, de a poco se irá madurando —como en la vida misma del “Hombre” y las organizaciones que conforma— y comenzará a transitarse el camino de la razón, el criterio, el sentido común, la conciencia y la cultura, para asumir que un Sindicato o Asociación es cosa seria. Por más que el conjunto de obreros, empleados y funcionarios señale sus “peros” a raíz de las acciones loables o dudosas de los representantes y, a su vez, quede en falta el compromiso o la indiferencia de los afiliados. Evidentemente, más allá de todo ello y pese a algunos sinsabores, promiscuidades y vergüenzas, no puede ponerse en tela de juicio lo imprescindible de la existencia de una organización reconocida como herramienta gremial, consagrada nada menos y nada más que por la propia Carta Magna.

Cuyo cometido esencial es la defensa de las reivindicaciones salariales, las condiciones de trabajo, entre otras, además de los beneficios sociales que deben procurarse para los asociados y sus familias; en definitiva y por otro andarivel, contribuye al equilibrio y bienestar en la faz institucional y se proyecta sobre la calidad del servicio que estamos compelidos a brindar al Pueblo en forma eficiente.

Los colectivos siempre esperan y centran las expectativas en las obras de sus dirigentes —sean sus gestiones buenas, regulares o lamentables—, pero muchas veces no están dispuestos a sacrificar, jugarse ni mucho menos hipotecar algo o devolver algo a cambio. Sin embargo, a la hora de las conquistas que se obtienen para todos, nadie renuncia a ellas, por más derechos, equidad e imparcialidad que les asistan y rodeen. Particularmente, los detractores de la lucha, indiferentes y cómodos, que expresan por lo general, con cierto aire de autosuficiencia o despecho: “no necesitar del Gobierno, la acción de un sindicato u organización social”.

Es importante entender y tomar conciencia de que no hay logros sin militancia, liderazgo sin seguidores, confianza sin credibilidad; menos aún, transparencia sin control, progreso sin compromiso y empresa factible sin el aporte de todos: desde el más débil o menos instruido hasta el más intelectual, encumbrado o presumido.

-Fin-