Es irresponsable y soez encarar el presente y obviar el pasado, cualquiera sea el aspecto que se considere, por más reivindicativo, superado, cumplido, exonerado, justificado o enterrado que este haya quedado; más aún cuando el futuro del Uruguay descansa sobre nuestros hombros.

Conscientes de que, para alcanzar ciertos logros, no todo es “color de rosa”, debemos asumir que han existido y surgirán innumerables caminos plagados de obstáculos, espinas, utopías y absurdos que, en ocasiones, rozan o incluso incurren en conductas clandestinas, delictivas y penalmente castigables.

La mezcla de circunstancias y experiencias, como en los cuentos de hadas, permite que lo imposible se transforme en viable y que ello sea motivo de celebración para unos pocos mortales, protagonistas de historias únicas y excepcionales, de esas que muy poca gente puede darse el lujo de escribir.

Por compromiso con la verdad y en un ejercicio de sinceramiento, es crucial revelar los derroteros de los protagonistas, sin excepción, por más “de cabeza” que hayan sido o se presenten ante la sociedad. Porque creer, o transmitir la idea, de que las cosas pueden obtenerse por caminos no convencionales y al margen de la ley no solo constituye un mensaje criminal, sino también arriesgado y peligroso. Su desenlace suele estar acompañado de daños, cicatrices, pérdidas y resentimientos capaces de florecer, heredarse y perdurar entre generaciones de compatriotas.

“Hacer la revolución”, desconocer instituciones y autoridades legítimas, tomar las armas o recurrir a la violencia de cualquier índole y en cualquier contexto, por más inverosímil o plausible que pretenda justificarse el motivo, genera víctimas inocentes en todos los órdenes.

Pues, por encima de los ideales y de quienes lideran y siguen esa corriente virulenta que acompaña toda revuelta, se arrastra al pueblo, que es quien sufre las consecuencias; la mayoría de las veces, ajeno a la causa y a los intereses perseguidos por los rebeldes.

Odisea que, finalmente, se paga cara. Cuesta sanar las heridas, recuperar la paz, la armonía y la convivencia entre paisanos de una misma tierra. A ello se suma el agravante de asumir el gobierno después de tanto sufrimiento y tiempo hipotecado, desgastados, resentidos y cargando huellas imborrables, así como deudas pendientes con quienes fueron considerados, rotulados e identificados —de forma permanente o circunstancial— como enemigos o contendientes.

Por más connacionales y “del mismo palo” que sean, aflora naturalmente la ansiedad por recuperar lo perdido y devolver lo recibido.

Esa senda, por escabrosa y accidentada que haya sido, incluso coronada por el sufragio popular, no constituye la mejor escuela para administrar y conducir un país. Porque, en algún momento, por más nobles que sean las aspiraciones o por más autocontrol que se desarrolle, el instinto humano termina manifestándose, sobre todo cuando las heridas permanecen visibles y a flor de piel; salvo en espíritus extraordinarios o ante un genuino acto de compasión.

De una u otra forma, mediante la diplomacia, la demagogia o sin ningún tipo de reparo, esperamos que quien nos hizo padecer experimente algún día las consecuencias de sus actos. Incluso cuando el mensaje se presenta revestido de una irreverente e irónica fachada de “reconciliación y perdón nacional”, proclamada por quienes, hoy rehabilitados, gozan de la gloria que otorgan las contradicciones de la vida y las debilidades inherentes a la condición humana.

Es difícil mantener el equilibrio y aún más pretender ser justos después de lo sufrido, especialmente cuando no se cuenta con la paz interior necesaria para apartarse de la vivencia propia y razonar con imparcialidad.

A veces cuesta admitir que los responsables de nuestros infortunios no siempre son los demás, sino nosotros mismos: quienes decidimos recorrer determinados caminos e incluso buscar el escarmiento. Debemos tener el carácter y el coraje de aceptar y asumir las consecuencias de nuestros actos, por más altruista que sea la causa que invoquemos.

Sentirse o creerse por encima de las cualidades personales del individuo y de todo compromiso resulta aún más perverso que no asumir los propios errores. Es un acto de cobardía que revela miseria moral y debilidad, sin perder de vista a los compatriotas anónimos que todavía cargan con las secuelas de la guerrilla, la dictadura y sus persistentes coletazos.

Fue obra de algunos orientales del pasado, muchos de los cuales continúan empeñados en no hacerse cargo de sus responsabilidades y en trasladar culpas de unos a otros y, lo más ingrato de todo, en heredar a las nuevas generaciones el peso de una época que nadie desea.

Sería necesario detenerse, actuar con humildad, procurar puntos de encuentro y alcanzar un acuerdo sincero de reconocimiento sobre lo sucedido, con responsabilidades compartidas. Todo ello, en beneficio de la comunión entre hermanos y con el propósito de cerrar una de las etapas más dolorosas de la historia del Uruguay.

Tuvimos un presidente con una historia personal singular, elegido democráticamente, a quien hubiéramos defendido si sectores radicales de su propia fuerza política o ajenos a ella hubiesen puesto en peligro la institucionalidad, como ocurrió en circunstancias pasadas a raíz del descontento con gobiernos legítimos.

Precisamente porque quienes hoy conducen los destinos del país abandonaron la apuesta por la revolución y el alzamiento armado, aceptando finalmente el mandato de las urnas y la hegemonía legítima expresada por la ciudadanía, resulta razonable comprender que defiendan la institucionalidad que alguna vez pretendieron transformar por otros medios.

Lo que alguna vez creyeron inalcanzable por esta vía terminó convirtiéndose en realidad. Y, una vez llegados a la orilla, difícilmente permitirán que alguien empañe esa conquista. Menos aún si la amenaza proviene de sectores escindidos, excluidos, desencantados o disconformes con la propia administración progresista.

Se actuará si el Estado así lo demanda, pero bajo otra filosofía: con inteligencia, profesionalismo, criterio institucional y la enseñanza aprendida de las heridas del pasado, para no incurrir nuevamente en violaciones de ningún tipo.

Ni por iniciativa propia ni por órdenes emanadas del Poder Ejecutivo en ejercicio. Mucho menos en las sombras, haciendo uso discrecional de la Policía, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea al servicio de intereses corporativos o de las hegemonías políticas y económicas del momento.

Las Fuerzas de Seguridad existen para servir a la Patria y al pueblo, no para convertirse en instrumentos de conspiraciones o disputas de poder.

Sin embargo, cuando son convocadas a intervenir, se transforman —acertada o equivocadamente— en actores materiales de un entuerto que, años después, suele analizarse, juzgarse y condenarse fuera del contexto histórico en que ocurrió, sin la tensión, el miedo, la violencia ni las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos.

Sus integrantes pasan a ser considerados poco menos que delincuentes, criminales o violadores de “DDHH”, aun cuando, la mayoría de las veces, ejecutan órdenes impartidas por quienes ejercen el mando político.

Paradójicamente, los autores intelectuales, los impulsores y los máximos responsables de las decisiones que conducen al uso de la fuerza suelen escapar a las consecuencias. Salvo contadas excepciones, rara vez responden en la misma medida por las acciones que ordenaron o delegaron.

Como si gozaran de una inmunidad otorgada por una autoridad superior a la propia condición humana, se desmarcan con desparpajo, se esconden o simplemente desaparecen de escena.

Y, para colmo, cuando los ciclos históricos vuelven a repetirse, reaparecen una y otra vez; conservan incluso la capacidad de mantenerse cerca de la hegemonía reinante y preservar su intangibilidad.

Mientras tanto, las investigaciones contemporáneas avanzan lentamente entre dirigentes, jerarcas y operadores que, por lo general, terminan protegidos por el aparato estatal, por los gobiernos de turno o por la complicidad —directa o indirecta— de organizaciones políticas y sociales, a lo que se suma la indiferencia ciudadana o la incapacidad colectiva para exigir responsabilidades.

Como si ello no bastara, con frecuencia se construyen cortinas de humo destinadas a dispersar la atención y alejar la responsabilidad principal. Entonces se reclama prisión, se promueve el escarnio público o se señala a militares y policías por mera sospecha, por inercia política o, simplemente, por su condición institucional.

De esa forma, se arremete contra las Fuerzas que integran, arrastrándolas inevitablemente a conflictos ajenos mediante el principio de subordinación al eje de poder.

Se trata de una herramienta de doble filo a la que se recurre sistemáticamente cuando se invocan estados de necesidad, conmoción interna, sedición o amenazas externas.

En definitiva, no son pocas las ocasiones en que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública son atrapadas en escenarios de violencia y caos. Porque, aunque ningún servidor público debería admitir ni ejecutar actos contrarios a la ley o a los derechos humanos, la realidad demuestra que el comportamiento del individuo oscila permanentemente entre el ideal y lo posible.

Ante circunstancias normales o extremas, cada persona conserva el derecho y el deber moral de negarse a cumplir órdenes improcedentes o ilegítimas. Es preferible afrontar una Corte Marcial, un Tribunal de Honor, la pérdida del cargo o el juicio de una justicia imparcial, antes que cargar para siempre con el peso de la conciencia o con la falta de carácter.

Porque existe una condena silenciosa y persistente que trasciende a los tribunales: la que imponen la historia, el pueblo y las generaciones futuras sobre quienes participaron en acontecimientos que marcan profundamente a una nación.

La potestad del uso de la fuerza encomendada al Poder Ejecutivo debe constituirse en sinónimo de salvaguarda, para defender la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como para proteger la libertad y la seguridad individual y colectiva. No precisamente para atentar contra los valores sagrados de la democracia, sustentados en el imperio de la ley, cuya violación reincidente es causa de las más diversas formas de desobediencia civil, según los contextos, la idiosincrasia de los pueblos, las circunstancias y la gravedad de los hechos.

Con mayor razón cuando los gobiernos disponen, bajo distintos pretextos, medidas que terminan agrediendo al propio vulgo o a parte de él, en escenarios que, por lo general, ya vienen incubando gradualmente un proceso de deterioro que, tarde o temprano, colapsa, enferma y mata. Todo ello, producto de conductas espurias y de la complicidad que se genera dentro del sistema político, al convertirse este, con el tiempo, en parte integrante del propio flagelo; una tendencia irresponsable asociada a la mala gestión y administración.

Un “modus operandi” condicionado por intereses sectoriales y por la puja por la hegemonía, que desemboca en lo que todos conocemos: el abandono, por parte de los líderes, de la misión pública que les ha sido confiada, aquella que debe velar por el bien común y la dignidad de los “Hombres”.

Despierta y continúa generando gran suspicacia observar y escuchar los innumerables elogios que se prodigan mutuamente los integrantes del Parlamento, en particular, en el caso que hemos citado como ejemplo -en la Parte 8 del artículo que venimos desarrollando-, además de la connotación histórica que implica que dos mujeres asumieran las presidencias de los respectivos cuerpos legislativos. Ojalá que, a la hora de votar leyes en beneficio de la Patria, sean capaces de dejar de lado, por un bien superior, el fragor de las luchas intestinas y estériles, así como la costumbre de “poner palos en la rueda”.

Que cedan las ideologías inflexibles, los intereses partidarios, las tradiciones caudillistas, los personalismos, los hábitos y vicios políticos, así como los exclusivismos arrogados por quienes, coyunturalmente, se autoproclaman los “buenos” o las “víctimas”, adjudicando a otros el papel de “malos” o “malvados”.

Sería deseable que demostraran, de una vez por todas, que es posible alcanzar acuerdos y corregir aquello que funciona de forma regular o deficiente, sin pretender, desde una suerte de psicosis refundacional, arrasar con una “topadora” o una “motosierra”, impulsadas por la euforia y la soberbia, aquello que sí funciona adecuadamente. Del mismo modo, deberían ser capaces de reconocer los aciertos del adversario, sin renunciar a la autocrítica, tanto de quien circunstancialmente lidera y se convierte en receptor de triunfos, elogios y cuestionamientos como de quien los formula.

Más aún cuando las circunstancias lo ubican del otro lado de la vereda, en calidad de fiscal o acusador desde el rol de oposición. En tales casos, correspondería una profunda introspección —por parte de todos o de la mayoría— frente a la soberanía popular respecto de aquellos costumbrismos o abusos convertidos en “norma”, cometidos por inercia o conveniencia por individuos electos o designados, independientemente de los colores de sus divisas. Conductas que suelen quedar amparadas bajo investiduras públicas, fueros, inmunidades, discursos y poses, y que terminan despertando desprecio, impotencia y rebeldía entre los uruguayos debido a sus resultados y consecuencias.

Las atribuciones, privilegios y beneficios de los que son objeto, entre ellos, excesivas partidas, prebendas económicas, viáticos, viajes oficiales sin la debida rendición de cuentas y, muchas veces, sin inhibición alguna, así como la tendencia a desestimar controles o ignorar observaciones pertinentes, constituyen un pésimo ejemplo para la ciudadanía. Y ello ocurre mientras todavía se le exige al ciudadano común austeridad, sacrificio, aporte y responsabilidad en todos los órdenes.

Sea bienvenida la emoción y el júbilo manifestados durante la sesión de apertura del “Coloso de las Leyes”, o cuando se pronuncian tantas palabras amables entre sí que parece que todos fueran puros, inmaculados e incluso sacros. Al menos, ello alimenta la ilusión de creer que se ha conformado una auténtica fraternidad interpartidaria basada en el consenso. Una expectativa que permite albergar la esperanza de que emerja una generación de “Patricios Romanos” diferente de aquella que, según la experiencia y la tendencia observada hasta ahora, reincide en las viejas, clásicas y típicas actitudes del político criollo, conservador o progresista, de “derecha” o de “izquierda”.

Sería deseable que, con esa misma sintonía, procuraran traducir tales expresiones en hechos concretos, orientados hacia la transparencia y la sencillez; que renunciaran definitivamente a los “berretines” que suelen acompañar al cargo de legislador, gestor público o gobernante y que, en mayor o menor medida, los invaden. Costumbres que llegan a asumir como naturales y rutinarias, hasta el punto de convertirlas en anécdotas, convencidos de que haber sido ungidos por el veredicto o contar con respaldo ciudadano les otorga prerrogativas especiales. De ese modo, creen —y lo exteriorizan mediante una demagogia oficiosa— que se encuentran por encima de sus propios compatriotas o del bien y del mal.

Es imprescindible mayor humildad en nombre de quienes proclaman representar, invocan y exaltan. También en honor a la vergüenza, esa que distingue a justos y pecadores y que subyace con decoro cuando se reconocen errores mediante el análisis, la verificación y la autocrítica, asumiendo el compromiso de corregirlos o eliminarlos. Por el contrario, se vuelve infame y despreciable cuando, pese a existir indicios o denuncias contundentes, se persiste de manera soberbia en conductas improcedentes.

Una situación que desangra silenciosamente la buena fe —o incluso la incredulidad— del ciudadano común, privilegiando el confort, el beneficio y el regocijo de unos pocos, con la complicidad o coparticipación de quienes, teniendo la obligación de actuar, prefieren mirar hacia otro lado. Algunos incluso llegan a justificar lo injustificable mediante argumentos incoherentes o absurdos; niegan los hechos, encubren los acontecimientos comprometedores o, lisa y llanamente, los admiten con total descaro, amparándose en franquicias vigentes y en una noción distorsionada de la impunidad corporativa que, por ejemplo, suelen brindar los fueros.

Esa misma instancia ha puesto en jaque, en infinidad de ocasiones, a la Justicia al momento de hacer comparecer a un legislador, a una autoridad de gobierno o a una persona influyente por conductas improcedentes e incluso delictivas. Una realidad muy distinta de la que debe afrontar el ciudadano común o el propio policía, ya sea como consecuencia de la convivencia social o del ejercicio de la función que el Estado les ha encomendado.

Pero, gracias a los anales de los Juicios de Núremberg, así como hoy podemos celebrar el imperio de los tribunales de justicia para juzgar a dictadores, genocidas y violadores de “DDHH”, también, y desde hace un tiempo a esta parte, quienes representan a la diosa “Themis” —símbolo de la justicia, el orden divino y la equidad— han demostrado estar por encima de los “Hombres”, de sus investiduras, de sus protagonismos y de sus circunstancias.

Por tanto, luego de ser investigados, hallados culpables y condenados, en el mismísimo presente vemos desfilar por la “vidriera de los cambalaches”, en calidad de “reos” y privados de libertad, a ex presidentes, autoridades políticas, funcionarios públicos y parlamentarios.

Salvo excepciones a la regla, producto del mafioso juego del poder, del tráfico de influencias, del dinero o de la inexistencia de “elementos de convicción suficientes”, cada vez resulta más difícil correr con el “caballo del Comisario” y quedar exonerado de responsabilidad por corrupción, enriquecimiento ilícito, connivencia con el crimen organizado, entre otros delitos de carácter criminal y transnacional.

FIN