(escribe Marcelino Rodríguez) El Uruguay posee un marcado sello cultural producto de su idiosincrasia, más allá de los vaivenes e incidencias internas o foráneas. El cambio es una cuestión de esencia y mentalidad que, lamentablemente, de forma recurrente se exige y reclama a los de abajo para beneficio de los de arriba, sin que estos últimos -en su fuero íntimo- estén dispuestos a adecuarse a él. Ello obedece a las ansias de poder estrechamente vinculadas a las investiduras, atribuciones y estatus que ostentan -aunque las disimulen o procuren mostrarse austeros- y que no pretenden abandonar bajo ningún concepto.

Constituyen una élite dirigente que no solo vive, se alimenta, regocija y explota los cargos que ocupa y ejerce en cada período, sino que además obtiene una acumulación significativa de recursos y una mejora económica en los distintos estamentos de gobierno. Como denominador común, logran un enriquecimiento progresivo -muchas veces exponencial respecto al patrimonio que ya poseían- e incluso, en algunos casos, parten prácticamente de la nada y alcanzan niveles de hegemonía integral.

A años luz de los ciudadanos y de la mayoría de los empleados que sostienen la macroestructura y el engranaje del sistema, del cual estos “iluminados” se benefician ampliamente. No en vano, después de algunos años en el ejercicio de la función, solemos verlos más robustos y exultantes que cuando comenzaron su incursión en la arena pública.

Sería un milagro terrenal ver tal concreción en un profesor, una maestra, un policía, militar, una enfermera, un médico, juez u otros trabajadores salvo los “obreros” de primera línea de determinadas organizaciones estatales o paraestatales que gozan de retribuciones, beneficios especiales, comodidades y facilidades similares. Más aún si se considera que, en muchos casos, dichas ventajas no parecen estar acompañadas de mayores responsabilidades. De ese modo, en poco tiempo alcanzan un bienestar económico comparable al que tradicionalmente se atribuye al aduanero, el bancario o al funcionario municipal; así siempre sostengan como fachada la queja y el llorisqueo constante.

En actividad como después en el retiro, estas personas suelen vivir sin las preocupaciones que enfrentan los asalariados de a pie. Penoso, pero real. Así está planteado el juego desde el nacimiento de la República y, mientras no lo cuestionemos, denunciemos y posicionemos al respecto con propuestas y reglas nuevas, continuará su curso y cada vez haremos honor a constituirnos en “idiotas útiles” del sistema menos malo de gobierno, la democracia.

No tiene gracia alguna que solamente la población esté obligada a ajustarse a los parámetros establecidos por la estructura de poder, mientras los encumbrados dirigentes y sus entornos apenas simulan hacerlo; solo recordar al extinto Jorge Batlle, connotado político y ex Presidente, cuando insistía “hay que apretarse el cinturón” o la malograda frase de Luis Alberto Lacalle, político y ex Presidente, que rezaba "ellos hacen como que trabajan, yo hago como que les pago" en referencia a los empleados públicos. Al mismo tiempo adormecen mediante oratorias, alharacas, beneficios e incentivos ocasionales destinados a apagar, calmar o controlar oportunamente los reclamos, el descontento o los climas de confrontación.

Todo ello cuenta, además y por lo general, con la coordinación, colaboración, confabulación o complicidad de organizaciones de distinta naturaleza con la hegemonía de turno. Entre ellas, los sindicatos para evitar que nada se salga de cauce o evidencie situaciones contrarias a los intereses del partido gobernante; testimonio de ello ha sido durante las administraciones frenteamplistas. A su vez se suma una intensa propaganda destinada a que el ciudadano común no solo entienda, sino que también se convenza de que todo marcha bien y de que los errores o desajustes, accidentales o deliberados son producto de percepciones equivocadas o fantasiosas inducidas por la denominada «intencionalidad política».

Principio de acción y reacción al que se recurre en forma reincidente. Fortaleza teórica y práctica, a título de ejemplo, que caracteriza a la fuerza progresista. Por esa razón, todo aquello que se advierta, denuncie o impute respecto de ella, aun cuando existan sospechas fundadas o pruebas concretas -incluso provenientes de organismos de fiscalización administrativa y económica del Estado, de sus propias filas o de sus adversarios- será interpretado como parte de una maniobra o conspiración en su contra. Estratagema de la cual tampoco escapan los partidos tradicionales.

Este estado de cosas provoca que, pese al fuego que consume la polis -visto desde lejos y entre el bullicio, la incertidumbre y la confusión-, apenas se percibe una columna de humo y no la verdadera hoguera del deterioro, la pérdida de dignidad y la disminución de la calidad de vida que experimentamos los uruguayos, donde la omnipresencia de la burocracia y el control macro tiene su cuota aparte.

Más aún cuando se avanza con esa proverbial «marcha camión», estereotipo de nuestro andar pausado y bonachón, carente de urgencia por el futuro y siempre a la espera de que alguien se arriesgue primero a cambiar el “statu quo”, enfrentar al poder y desafiar a sus personeros.

Mientras tanto hacemos «la plancha», lo mínimo indispensable y con el menor esfuerzo posible. No sea cosa que, por comprometidos o proactivos incomodemos con iniciativas, propuestas o acciones concretas. Especialmente a las autoridades y a sus operadores, quienes sostienen el relato esperanzador de que todo evolucionará favorablemente y de que es necesario tiempo para recomponer lo heredado; excusa cíclica que se repite de administración en administración, ya sea entre dirigentes de un mismo o diferente partido.

Para otorgar mayor sustento, credibilidad y proyección a esas expectativas, se recurre al argumento tecnocrático del mediano y largo plazo, utilizado como crédito político para mantener vivos mitos recurrentes como el «Legado Artiguista», la «Suiza de América» o si hace falta, el «Maracaná». Convertidos en íconos populares y herramientas de marketing, cabe preguntarse: ¿somos realmente eso o alguna vez lo fuimos? ¿Es esa la historia que protagonizamos o simplemente una ilusión que nos hicieron creer? ¿Seguimos siendo campeones o vivimos del pasado? ¿Somos ilustrados o solo conservamos una aureola? ¿Somos realmente valientes?

La pasividad, indiferencia o aversión de buena parte de la sociedad frente a los contextos carenciados, marginados o críticos tampoco responde a una maldad naturalizada. Es consecuencia del trauma, la psicosis y el temor colectivo generados por todo aquello que dichos ambientes producen y proyectan sobre el interés y el bien común.

La inseguridad encabeza esa lista de preocupaciones, desde hace más de un par de décadas, pese a que hubo una Ministra del Interior, Daisy Tourne, que adjudicó ser «una sensación». Este escenario, mezcla de impotencia y enojo, conduce con frecuencia a generalizaciones injustas, incluso a asociar violencia y delincuencia con miles de menores que nada tienen que ver con el delito pero que integran, tristemente, los amplios sectores de pobreza.

En relación con esto, instituciones como el «INAU» desempeñan un papel fundamental, atienden situaciones de indefensión en las que la intervención del Estado resulta imprescindible como tutor, contenedor, educador y rehabilitador. Aproximadamente más de medio millar de adolescentes se encuentran bajo custodia o internados en establecimientos del organismo. A ellos se suman quienes delinquen mientras permanecen en libertad o son restituidos a sus responsables por resolución judicial, configuran una realidad que ocupa frecuentemente los titulares.

Los lugares destinados a la internación dejan mucho que desear. Por lo general terminan convirtiéndose en verdaderas escuelas de reincidencia, donde no se logra una rehabilitación efectiva y además, existen vulnerabilidades de seguridad que facilitan las fugas. Como consecuencia, algunos infractores vuelven a las calles para cometer hechos similares o incluso más graves que aquellos que motivaron su detención y reclusión.

En la mayoría de los casos no existe reparación posible para las víctimas y sus familias. Padecen reiteradamente la acción de estos fugitivos sin que los pedidos de responsabilidad, hacia quienes tenían a cargo su custodia, encuentren respuestas satisfactorias, salvo contados casos.

Por otro lado, y haciendo honor a un absurdo difícil de comprender, cientos de parejas recorren el tortuoso proceso de adopción mientras innumerables menores aguardan decisiones burocráticas. Etapas que pueden extenderse entre dos y cinco años, o incluso más.

Acto que representa una oportunidad invaluable el pasar a formar parte de una familia, de lo que tradicionalmente se ha definido como el núcleo básico de la sociedad -más allá de la evolución de sus formas de integración- y recibir el cariño, el cobijo y el amparo que necesitan sin más demoras.

Ya sea a través del llanto inocente de un bebé, de la voz tierna de un niño ajeno a la complejidad de su situación o del anhelo consciente de un joven que simplemente desea ser amado, tener un lugar donde crecer y desarrollarse dignamente. La adopción puede transformar una circunstancia dolorosa, angustiante en una anécdota de vida e impedir que se convierta en un estigma permanente o en una carga para el futuro.

Independientemente de todo esto, con la despenalización del aborto dicha práctica ya no constituye ni tipifica el delito de homicidio en la legislación nacional, con todas las consecuencias penales que ello acarreaba para la mujer, quienes la acompañaban e intervenían en ese acto. Actualmente, puede llevarse a cabo dentro del sistema de salud, ya sea en una mutualista o en un hospital público sin distinción de condición social, económica o personal de la paciente.

Una realidad que permaneció en la clandestinidad, como tantas otras cuestiones a las que preferimos dar la espalda o simplemente no ver.

Pero las conquistas y las que devendrán, solo son posibles «in totum» gracias a la impronta reivindicativa e irrenunciable de los integrantes de una sociedad; de líderes y administrados, de organizaciones y colectivos. Ello se hace viable cuando existe una voluntad construida, compartida, coordinada y solidaria.

Sin estos componentes no es posible generar los cambios y las transformaciones para atender -más allá de las necesidades y derechos de los ciudadanos en general- a los contingentes de niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y diferentes grupos identificados por características comunes.

Aspectos que dependen de una apertura mental, compromiso responsable y una gestión coherente. En tal sentido, el género femenino no ha faltado a la cita en ninguna época -aunque el aporte pase inadvertido-, ha contribuido a abrir caminos y tender puentes para la concreción de importantes logros. Testimonio de ello es la lucha por el reconocimiento igualitario en el sentido más amplio, aunque todavía quede mucho por hacer.

Del mismo modo, se despliega cada vez más una condición humana tan extendida como cuestionable: la doble moral. En cada arenga nos mostramos impolutos y probos, mientras que nuestros semblantes, actitudes y desaires nos revelan como seres primitivos y rústicos a la hora de la verdad.

Es indispensable actuar con suma cautela frente a estos comportamientos duales e impedir ser envueltos, anestesiados o arrastrados a adherir a discursos concebidos únicamente para la tribuna que, al contrastarse con la realidad evidencian un divorcio entre el proyecto, plan prometido o el programa y las acciones efectivamente ejecutadas; circunstancias que, por intereses difíciles de precisar, echan por tierra objetivos nobles, rozan la demagogia y constituyen una estafa a la buena fe depositada por los ciudadanos.

La reivindicación y emancipación de la equidad de género plasma, en ciertos aspectos, una forma de discriminación solapada y actualizada de algo que jamás debió haberse puesto en tela de juicio, en duda o sometido a debate, aunque así ocurrió. Nuestros antepasados fueron tan humanos como nosotros; estuvieron jaqueados por la cultura de su tiempo y, como simples mortales dotados de virtudes y defectos, contribuyeron a moldear las distintas agendas derivadas de cada hecho social.

Por ello, es insoslayable enfatizar los derechos ya conquistados y aquellos que puedan incorporarse en el futuro, pero siempre con prudencia. Generar conciencia y empatía a través de la educación y de campañas que acompañen una transición democrática y responsable; no mediante imposiciones -por más que estén respaldadas por leyes, considerando la recurrente antinomia que suele caracterizarnos-, sino mediante procesos naturales de enseñanza y aprendizaje.

Debe tenerse especialmente presente que nuestra sociedad no resiste imperativos de ninguna índole -la historia así lo demuestra- y mucho menos radicalizaciones sustentadas en fanatismos, aun cuando se invoquen causas altruistas. Los mensajes y actos intolerantes, cargados de resentimiento, no pueden empañar ni echar por la borda las conquistas recientes. Por el contrario, podrían provocar justamente aquello que se pretende combatir: el rechazo y la discriminación inversa hacia quienes, aun sin compartir determinadas visiones o sin verlas con buenos ojos, provienen de otras concepciones y necesitan adaptarse a los cambios.

Por ende, corresponde respetar tanto a quien piensa distinto como a quien, por decisión propia, adopta una determinada identidad o forma de sentirse. En idéntica dirección, comprender que, más allá de la diversidad en su acepción más amplia, los colectivos o minorías que adquieren relevancia social también deben admitir los procesos de transición en favor de la convivencia.

Si una pretensión cualquiera se eleva por encima del individuo y deriva en el fundamentalismo, la contraparte tenderá a responder de igual forma, de acuerdo con sus parámetros morales, religiosos, ideológicos o culturales. En definitiva, ambas posiciones estarán destinadas al fracaso si dejan de lado el valor intrínseco y esencial del ser humano. Sobre esa base, nada ni nadie debería arrogarse atributos que justifiquen privilegios, exclusiones o tratamientos diferenciados respecto del resto de las personas.

Juntos, hombres y mujeres construyen la sociedad de ayer y de hoy. Estas últimas no solo han sido consideradas sujetos procreadores o amas de casa, sino también referentes cruciales para los primeros, al posibilitar su realización mediante la sensatez, la intuición, la inteligencia, el equilibrio y el amor. No obstante, como todo mortal, también discriminan, dudan y seleccionan aquello con lo que desean relacionarse o sentirse identificadas.

Fieles a las capacidades y potencialidades que poseen, más allá del derecho a elegir libremente su destino, y como consecuencia de factores biológicos, instintivos, genéticos y racionales que les confieren características particulares, presentan diferencias respecto del género masculino.

Aunque pueden ser tan eficientes o tan mediocres como los hombres; tan corruptas, despóticas o desalmadas como extraordinariamente honestas, generosas y solidarias. Reúnen la misma combinación de luces y sombras que caracteriza a toda persona y que aflora, en mayor o menor medida, según las circunstancias y los intereses en juego, revelándonos tal como somos.

Testimonios sobran. Lucía Topolansky al asumir, en su momento, la Presidencia de la Cámara de Senadores, recordaba en un pasaje de su alocución: «Hacía veinticinco años estaba presa». Sin duda, no se trata de una afirmación menor y puede constituir un mensaje valioso para la reflexión en múltiples sentidos; más aún en una ceremonia de semejante relevancia y en el recinto que alberga valores preciados de la democracia. Ámbito donde el pensamiento, la reflexión y la expresión individual alcanzan su máxima dimensión sobre la base de la libertad, el respeto y la tolerancia.

La vida está llena de expectativas y realidades, de pausas y evoluciones, de contradicciones y certezas, de fracasos y sorpresas. No en vano, la mencionada fue electa parlamentaria por el voto popular, pese a que resulta pertinente señalar -especialmente para iluminar el pasado ante las nuevas generaciones- que los años de prisión a los que ella aludió como una penuria compartida con sus «compañeras de lucha» no tuvieron origen en la pertenencia a la congregación religiosa de las «Carmelitas Descalzas», ni en la mera expresión de ideas o en la participación en actividades políticas pacíficas.

Su encarcelamiento obedeció a su participación en una organización guerrillera que recurrió a las armas y a la acción directa contra el gobierno legítimo de la época y el orden constitucional vigente. Situaciones distintas a las sufridas por otros compatriotas que fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados o desaparecidos por motivos políticos.

Más allá de los archivos, investigaciones, documentales y libros dedicados al movimiento guerrillero uruguayo, los relatos de protagonistas y testigos de aquel triste período componen una fuente de enorme valor para comprender la historia nacional, especialmente la denominada «Historia Reciente».

Estas narraciones permiten aproximarse a la realidad más cruda y ofrecen la posibilidad de analizar, sin filtros, las experiencias y motivaciones de quienes participaron directamente en aquellos acontecimientos. Según dicha visión, fueron actores fundamentales de operaciones clandestinas, sediciosas e ilícitas.

Quienes debieron enfrentarlos o los tuvieron bajo custodia, describen a las claras a estos personajes hoy convertidos o vistos como víctimas. Lo que más sorprendía era la participación de mujeres con buena formación educativa, actividad laboral estable y procedente de familias acomodadas. Las hermanas mellizas -aludimos a una en el presente análisis- integrantes del Movimiento de Liberación Nacional «Tupamaros» provenían de ese entorno.

De acuerdo con la cultura e idiosincrasia de la época, así como con las condiciones privilegiadas de sus hogares, era difícil imaginar que integraran una organización de este tipo. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario.

Operaban tanto en zonas urbanas como rurales y eran capaces de refugiarse, tras enfrentamientos, en escondites conocidos como «tatuceras». Todo ello en contextos marcados por la precariedad, la suciedad, la promiscuidad y el predominio de concepciones machistas, independientemente de la personalidad o el respeto que cada una pudiera inspirar.

En relación con la rebelde mencionada, era descripta, según testimonios de quienes la tuvieron frente a frente en las refriegas y, posteriormente, la custodiaron durante su reclusión, como una persona de carácter combativo. En el ámbito operativo se decía que «era un hombre más», expresión utilizada para destacar su determinación, mientras que durante su encarcelamiento se la calificaba como una detenida conflictiva. Para quienes sostienen esta interpretación, la continuidad de ciertos rasgos de conducta a lo largo de su trayectoria pública reforzaría esa percepción.

No en vano, durante una entrevista concedida como legisladora y al comienzo del primer gobierno frenteamplista, expresaba que: si no se alcanzaban los acuerdos para aprobar las iniciativas del oficialismo, endurecerían las posiciones en el Parlamento en consonancia con aquellos temas considerados prioritarios dentro del programa político.

Desde tal perspectiva, ello reflejaría y reafirmaría una determinada forma de concebir el ejercicio del poder; que sus críticos consideraban cercana a prácticas de corte autoritario, aunque desarrolladas dentro del marco institucional democrático.

La expresión del «socialismo marxista criollo», con un estilo propio y adaptado a las circunstancias. Sin embargo, en la práctica y lejos de toda mística revolucionaria, el país continúa sujeto a las reglas del sistema económico internacional, sustentado en el comercio exterior, las inversiones, el cumplimiento de obligaciones financieras y las relaciones con los organismos internacionales de crédito.

Contrasta enfáticamente con varias de las consignas enarboladas antes de acceder al gobierno, cuando constituían una oposición recalcitrante e irreconciliable, con posturas extremas de confrontación respecto de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, sintetizada en expresiones como «No pagar al FMI». O la famosa «Yanquis, go home», pese al histórico pedido formulado por Tabaré Vázquez a George W. Bush -siendo ambos presidentes- durante el conflicto por las pasteras con Argentina.