Aun tenemos grabadas las palabras que en ocasión de una de las magistradas del Juzgado de Primera Instancia de Mercedes, cuando se le consultaba sobre el tema de descuentos por estudio y trabajo de quienes iban recluidos por penas acordadas por proceso abreviado, "no estoy para nada de acuerdo, yo no doy esos descuentos, porque es descuento sobre descuento, porque ya se les baja la pena cuando hacen el acuerdo por proceso abreviado y van a seguir descontando por estudio y trabajo", expresaba en aquel momento la Jueza.
Y esa posición no era única suya, aunque debemos reconocer que en una de las visitas de cárceles que hacían los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el entonces Presidente de la misma Dr. Jorge Chediak cuando le consultamos por ello, también fue claro, "el legislador en su espíritu no estableció que no hubiera descuento por estudio y trabajo", o sea como expresamente no se fijó, para el Dr. Chediak quedaba claro que el espíritu no era quitar ese beneficio que lo que busca es incentivar a la rehabilitación.
Pero la realidad es la realidad, y el Estado no cumple con esa premisa, el Instituto Nacional de Rehabilitación, tiene un altísimo índice de reincidencia, o sea que precisamente lo que no cumple es la rehabilitación ni siquiera prepara para ello.
En estas horas vamos a poner un ejemplo de los tantos que hay, pero hoy que el delito recrudece en cuando a la violencia con que se resuelven los conflictos, una vez más queda expuesta la realidad de este sistema penal que los fiscales y jueces deben aplicar pero que fue votado por los legisladores de todos los partidos en su momento.

El 23 de agosto 2019 fue formalizado y condenado Edgardo Damián Fernández Sierra alias "El Tarta", en esa oportunidad la Fiscalía informó que se había llegado a un acuerdo para transcurrir por el proceso abreviado por lo que solicitó se condenara a esta persona como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado, un delito de lesiones especialmente agravado, dos delitos de amenazas especialmente agravadas, cuatro delitos de hurto especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 7 años de penitenciaría  con cumplimiento efectivo y en ese sentido se dictó la sentencia.
O sea que se pidió los 7 años "con cumplimiento efectivo", frase que comenzó a agregarse a raíz que daba el descuento por estudio y trabajo, cuando ya se había ofrecido descontar pena en el momento del acuerdo abreviado.
Hoy (jueves 6 de agosto 2026) Edgardo Damián Fernández Sierra alias "El Tarta", tras ser detenido en la mañana, fue formalizado y condenado   
como autor penalmente responsable de cuatro delitos de rapiña especialmente agravada, uno de ellos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales y en grado de tentativa, un delito de lesiones graves, un delito de porte de arma de fuego por reincidente, este último en concurso formal con un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de porte de arma con signos de identificación suprimida y un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, todos en régimen de reiteración real a la pena de 7 años y 5 meses de penitenciaría.

Es decir que antes que se cumplieran los 7 años que le dieron el 23 de agosto 2019, "El Tarta", a pesar de ser de cumplimiento efectivo, mucho antes ya estaba en libertad cometiendo delitos graves y ya vuelto a ser condenado por un lapso igual y mayor del anterior 7 años y 5 meses.
Ello debido a que durante su "estadía" en la prisión, descontó días y le permitió quedar libre antes de la pena establecida. Una pena que ya tenía un descuento importante incluido al haber sido acordada por proceso abreviado, por lo tanto, "El Tarta" tampoco estará los 7 años y 5 meses en la cárcel que le dieron ahora, sino que volverá a descontar, a pesar que ya descontó pena en el acuerdo que firmó con la Fiscalía y asesorado por su Defensa, lo que solamente pudo ser verificado por la Jueza que no tiene otra facultad en esta instancia.
Recordamos que el proceso abreviado permite rebajar la pena hasta en una tercera parte de la que correspondería al caso. Sin embargo, la premisa de descontar específicamente del mínimo legal cambió: tras la Ley de Urgente Consideración (LUC), las penas negociadas por acuerdo ya no pueden ubicarse por debajo del mínimo legal establecido para el delito.

En el caso de Yon Alem Sierra González el 7 de febrero 2020, fue formalizado y condenado como autor de un delito de rapiña especialmente agravada, un delito de lesiones personales intencionales agravadas, un delito de receptación, un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de porte de arma por reincidente, este último en concurso formal con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, todos en régimen de reiteración real, en aquel momento se le aplicó una pena de 6 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, también a través de acuerdo por proceso abreviado.

O sea que hablamos de gente que ingresó joven a la cárcel, con penas de 7 y 6 años y luego de salir, a escasos meses nuevamente regresan a la reclusión y con penas altas de 7 años y 5 meses y 7 años, queda en evidencia que no hay rehabilitación y que la reincidencia lamentablemente queda una vez más evidenciada y con delitos graves.