(Escribe Marcelino Rodríguez) El panorama que conforman los sectores carenciados y postergados guarda relación -y nos interpela directamente- con el compromiso que debemos asumir como ciudadanos respecto de esos compatriotas en situación de emergencia. Más aún, cuando es reclamado por los gobiernos y las fuerzas políticas que los sustentan, no solo a través de la militancia, sino también de cada uno de quienes desde distintos roles, funciones y responsabilidades integramos la sociedad. Corresponde, además, que las autoridades -en particular las que adoptan o se aferran a concepciones populistas- sean las primeras en dar el ejemplo en aquello mismo que exigen a los administrados.

Tender la mano, brindar ayuda, asesorar o sugerir aunque incomode a quien recibe la recomendación. Sobre todo cuando se trata de traer un niño al mundo, cuestión que no puede reducirse al simple mérito biológico de «parir» o «dar a luz».

Amerita comprender que, si previamente no se han generado las condiciones mínimas para recibir a una criatura con dignidad y contención, no resulta razonable asumir ese acto con liviandad ni desentenderse del futuro de ese ser humano y de su madre en relación con el contexto en el que deberán desarrollarse. Mucho menos desde la actitud imprudente y egoísta de no prever nada, limitándose a esperar qué ofrecerá el Estado para afrontar las consecuencias de una decisión estrictamente privada; especialmente cuando implica a adultos o situaciones en las que los responsables deben responder por el embarazo de menores bajo su tutela.

Es inadmisible trasladar indirectamente a la sociedad la responsabilidad de sostener a hijos cuya crianza termina dependiendo, en gran medida, de los sistemas de asistencia que los gobiernos implementan. Es fundamental ser claros: no se trata de andar por la vida procreando para luego condenar a niños y jóvenes a la miseria, el abandono, el maltrato o la violencia intrafamiliar. Si bien estos flagelos no son patrimonio exclusivo de los sectores más vulnerables, es innegable que suelen manifestarse con mayor intensidad en dichos entornos.

Tampoco resuelve la situación de indefensión estructural vestir a esos niños con una túnica, enviarlos a la escuela, aprovechar el comedor para que desayunen, almuercen y merienden, mientras paralelamente se hace fila para percibir asignaciones, planes sociales y otros beneficios o subsidios vinculados a cada descendiente. Menos aún depositar todas las expectativas en que los centros educativos -incluidos los liceos y la UTU- funcionen a tiempo completo, y olvidar que la contención esencial remite, en primer lugar y por excelencia, al hogar.

La vocación maternal, sea producto de la naturaleza o de la educación recibida, parece algo que muchos deberíamos aprender sin dejar de prestar atención a los animales. Ningún ámbito escolar, centro “CAIF”, merendero, equipos de psicólogos, asistentes sociales o médicos de cercanía -los famosos y renombrados multidisciplinarios- pueden sustituir el calor, la presencia y el amor profundo de una madre y de una familia. Son cualidades que, por más dedicación y profesionalismo que desplieguen maestros o profesores como profesionales en el más amplio sentido, difícilmente puedan ser reemplazadas.

Este dilema adquiere mayor relevancia cuando el magisterio ha señalado reiteradamente que las escuelas deben ser centros de enseñanza y no espacios destinados principalmente a alimentar niños o a funcionar como reformatorios encubiertos. Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que pretenden que los docentes se transformen en padres, tutores, orientadores psicológicos, guías espirituales y cuidadores permanentes. Se les exige actuar más como responsables de un complejo sistema de contención social que como promotores del aprendizaje, la cultura, el conocimiento, la libertad y las buenas prácticas democráticas.

Mientras tanto, una infinidad de instituciones -incluida la propia familia-, creadas para cumplir funciones específicas, observan desde afuera y permiten que los centros educativos intenten resolver problemas que exceden ampliamente sus competencias. Muchas veces deben hacerlo únicamente con sus propios recursos o con el auxilio de la Policía. Recién cuando ocurre un hecho grave o la situación adquiere notoriedad pública quedan en evidencia omisiones importantes. Entonces aparecen el “MIDES”, el “BPS”, el “INAU” y otros organismos, desplegando acciones que a menudo parecen más una puesta en escena que una respuesta efectiva, pese a los cuantiosos presupuestos con los que cuentan para cumplir sus cometidos. Y ello, siempre que no terminen trasladándose mutuamente la responsabilidad sin que nadie asuma verdaderamente el problema ni ofrezca soluciones consistentes frente a una realidad que se agrava día tras día.

Por consiguiente, no justifica recriminar y mucho menos condenar a aquellos ciudadanos o funcionarios que, desde sus respectivos roles se involucran, asesoran, orientan o llaman la atención sobre cuestiones que resultan evidentes. Debemos ser sinceros y directos, sin caer en la indiferencia al exigir compromiso a quienes toman decisiones que, aunque pertenecen al ámbito personal y a los derechos individuales, afectan tarde o temprano al conjunto de la sociedad. Con mayor razón, cuando el propio discurso gubernamental convoca simultáneamente a la solidaridad y al compromiso colectivo con el país y con los compatriotas.

Vale la pena citar el siguiente ejemplo para ilustrar al respecto. En cierta oportunidad, un operador policial llamó la atención a una mujer de condición muy humilde, de entre treinta y cinco y cuarenta años que, concurría diariamente a la comisaría por diversos conflictos: problemas con vecinos, con una pareja ocasional que no convivía con ella y otras situaciones similares. Siempre llegaba acompañada por toda su descendencia -cinco niños de entre tres y diez años- y además cursaba un nuevo embarazo.

Los niños eran arrastrados -en sentido figurado- de un lado a otro, recorriendo largas distancias a pie. Presentaban evidentes signos de descuido: estaban mal aseados, vestidos precariamente y resultaban difíciles de controlar mientras aguardaban junto a su madre. El abandono era notorio y, considerando el ambiente en el que crecían, sin una figura paterna estable ni un referente masculino presente, difícilmente podía esperarse otro resultado.

La situación llevó al funcionario a preguntarle: «¿Piensa seguir teniendo más hijos?». La mujer respondió: «Sí. ¿Por qué?».

Al percibir el tono desafiante de la respuesta, el Sub Comisario de servicio, que se encontraba presente, decidió intervenir y respaldar al Agente en base a la realidad que ambos constataban, manifestando:

“Señora, más allá de todos los inconvenientes que usted padece y que decantan constantemente en esta seccional, esos niños no tienen por qué soportar estas situaciones. Coincido con mi compañero: si continúa teniendo hijos en estas condiciones, no le está haciendo ningún favor ni a ellos ni al país. Debería pensar menos en usted y más en esos chiquilines. Es una cuestión de sensibilidad, sentido común, humanidad y responsabilidad.”

No es recomendable efectuar este tipo de observaciones, provengan de un policía, un médico, un asistente social, un educador o cualquier otro profesional. Mucho menos en una época marcada por una elevada susceptibilidad social y por discursos frecuentemente contradictorios respecto de los derechos individuales; algunos orientados por convicciones genuinas y otros por conveniencias políticas o por la necesidad de conservar adhesiones.

Por ello, cualquier señalamiento de esta naturaleza exige especial delicadeza. Tal vez, en otros ámbitos y como simples ciudadanos, muchas personas utilizarían palabras más directas, sin filtros. Pero, quien actúa investido como funcionario público debe cuidar las formas, aun cuando entienda que representa los intereses del Estado y, en última instancia, de la propia sociedad.

Finalmente, la mujer respondió con total seguridad y sin el menor atisbo de vergüenza o autocrítica: “A mí y a mis hijos no nos mantiene nadie”.

Somos conscientes que tal respuesta dista mucho de ser tan simple y real. Con mayor razón cuando el estado de abandono visible en aquellos niños parecía desmentir sus afirmaciones. El deterioro de las condiciones de higiene era tal que, para dar una idea aproximada, quienes se encontraban en la oficina de atención al público debieron abrir discretamente puertas y ventanas para ventilar el ambiente.

Y no se trataba de una exageración. Los funcionarios están habituados a lidiar con situaciones de extrema suciedad e incluso con el fuerte olor corporal de delincuentes o menores infractores cuando deben realizar registros exhaustivos en la comisaría tras una detención. Aun así, aquella situación resultaba particularmente impactante.

Otro ejemplo significativo, fue el caso de una mujer conocida en su barrio por recorrer las casas solicitando ropa o alimentos. Los vecinos la veían diariamente llevando a sus hijos a la escuela, realizando mandados y múltiples diligencias con un bebé en cochecito y seguida por un desfile de niños de distintas edades. Caminaba apresurada delante de sus descendientes, exigiéndoles seguirle el paso, reprendiéndolos verbalmente e incluso recurría, en ocasiones, a la violencia física.

Escenas similares pueden observarse en innumerables zonas, haga frío o calor, llueva o truene. Rara vez parecen captar la atención de ciertos organismos encargados de velar por los derechos de la infancia. Particularmente cuando ocurren en contextos vulnerables, donde con frecuencia se tiende a justificar o relativizar tales conductas de los adultos bajo el argumento de que son producto de las circunstancias sociales, educativas o familiares que ellos mismos sufrieron.

En una oportunidad, una vecina se acercó para entregarle algunas prendas de vestir. Al advertir que estaba nuevamente embarazada -esperaba a su noveno hijo con apenas veintinueve años-, le comentó con preocupación, aunque en tono cordial: “Disculpá, ¿otra vez estás embarazada? ¿Sabés que existen métodos anticonceptivos gratuitos en el hospital? Incluso podrías solicitar una ligadura de trompas. Si querés, no tengo inconveniente en acompañarte.

La respuesta fue inmediata, vulgar y agresiva: “A vos que te importa, si la que … soy yo” -los puntos suspensivos representan el término soez que empleo para referirse al acto de copular-; dejó claro que consideraba el asunto exclusivamente suyo y que no aceptaba ningún tipo de cuestionamiento.

Lo llamativo fue la autosuficiencia y soberbia con la que defendió su postura, reflejo de una interpretación extrema y distorsionada de la autonomía personal. A partir de ello, no es difícil preguntarse qué clase de formación, valores y referencias reciben muchos de esos futuros ciudadanos cuando son criados en contextos semejantes por quienes, con frecuencia y no sin cierta idealización social, suelen ser presentadas bajo la denominación de «mamás luchonas».

Cuando observamos este tipo de cuadros de situación plasmados en fotografías y videos difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales, si no fuera por el relato que los acompaña o porque nos resultan familiares y reconocemos el lugar como propio de nuestro Uruguay, particularmente de los barrios más carenciados integrados o rodeados por asentamientos -tanto en la capital como en el interior del país, con la proyección de sus realidades y consecuencias hacia otros entornos-, creeríamos que pertenecen a un paisaje típico de algún país africano o de la América Latina más profunda y pobre, inmersa en bolsones de miseria, hambre, olvido, falta de oportunidades y pérdida de derechos.

¿Cómo los orientales no vamos a tomar posición y volvernos cada vez más aprensivos cuando se solicita la colaboración, solidaridad y nuevos esfuerzos para ayudar a estas personas a salir adelante? Más aún cuando ya se hace difícil sostener a nuestras propias familias sin convertirnos en una carga para el Estado o sin victimizarnos para obtener algún beneficio de manera gratuita.

¿Cómo no rotular a estas mujeres de “bestias”, “sinvergüenzas” o “atorrantes” -entre tantos otros epítetos que podrían adjudicárseles- si traen hijos al mundo en las condiciones descritas, sin asumir responsabilidad alguna y, para colmo, reclaman privilegios y prebendas, exigen manutención, vivienda y subsidios? Todo ello sin dejar de considerar a los habilidosos, fugaces y cobardes hombres que van y vienen, son pareja circunstancial o padres de estos niños. Individuos que abandonan los hogares, se esconden detrás de la cobertura o el consentimiento de muchas mujeres cuando llega la asistente social del “MIDES” o directamente no trabajan para que su compañera pueda acceder a todas las prestaciones posibles bajo la condición de madre soltera, familia monoparental o sin ingresos.

No es recomendable generalizar ni colocar en la misma bolsa a justos y pecadores. Sin embargo, tampoco podemos, en nombre de esta máxima, ignorar la realidad ni aquello que se detecta a diario por temor a englobar situaciones, herir susceptibilidades o caer en la clásica hipocresía y demagogia que encubren a quienes, con total soltura, apelan a la viveza criolla, se amparan en el desorden y la confusión, y se aprovechan del esfuerzo de compatriotas honestos, sacrificados y dignos sin mover un dedo.

Permanecen a la espera de que las cosas caigan del cielo, fomentan así un retroceso inmerso en la mediocridad, acompañado por la pérdida de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del espíritu de superación y del deseo de progreso. Todo ello sin olvidar las facilidades, oportunidades y niveles de accesibilidad existentes para estudiar o aprender un oficio, teniendo en cuenta -al menos en teoría- la universalización de la educación.

Con este perfilamiento y al amparo de los mensajes emitidos por muchos dirigentes al frente de instituciones y organizaciones, se ha vuelto habitual encontrar excusas permanentes y la correspondiente victimización para justificar determinadas conductas y actitudes. Se responsabiliza al capitalismo, a las políticas neoliberales, a la sociedad de consumo o a la desatención de gobiernos anteriores, entre una interminable lista de causas. También se atribuye arbitrariamente la falta de solidaridad y compromiso de una ciudadanía que, en realidad, dispone de cada vez menos margen económico debido a la presión tributaria y a los permanentes llamados a colaborar y donar.

Así remontarnos hasta 1811, e incluso más atrás si se quisiera, e imputar responsabilidades a Artigas y al resto de sus contemporáneos -en el contexto de la Patria Grande latinoamericana de la época- entre gauchos, indígenas y extranjeros por habernos legado la Banda Oriental y, con ella, el Uruguay actual, incluidas las generaciones más recientes. Así nadie quedaría libre de culpa, como si ese fuera el karma a cargar y evitar tomar el toro por las astas hasta hipotecar el futuro de la Nación.

Quizás sin advertir que, detrás de este discurso cautivante, seductor y anestésico, muchas personas ubicadas en las cúpulas del poder, otras situadas en posiciones intermedias y también quienes son los destinatarios finales de estos “espejitos de colores” se benefician, cada uno a su manera. Mientras tanto, el doble discurso de la “no exclusión” funciona como cortina de humo y convierte a la pobreza en un gran negocio.

El presente estado de situación parece no contar con solución. Apenas se intenta remediar o remendar el problema mediante programas y planes sociales de diversa índole -asistencialismo, subsidios y otras herramientas similares- que originan escasos resultados y suponen un considerable gasto de recursos públicos. Entretanto, trabajadores, jubilados y pensionistas sostienen una carga cada vez más pesada ante el incremento y expansión de los asentamientos y contextos en cuestión.

Dentro de ellos, las poblaciones aumentan en número y las condiciones de vida alcanzan niveles sumamente delicados, especialmente en el caso de los menores. Esto constituye una muestra de que se ha perdido el control y norte de la gestión destinada a enfrentar este fenónmeno y de que dicha anarquía administrativa pasará factura, no solo en términos económicos, sino también sociales y culturales.

Se trata de una política abyecta que, ayer como hoy, suele dejar cuentas pendientes por perseguir un objetivo supremo: la lucha por el hegemonía o su permanencia. No creo que la perspectiva verdaderamente alentadora y redentora frente a este panorama consista en continuar confinando niños y adolescentes en hogares sustitutos, retirándolos de sus madres biológicas por situaciones de desamparo o indefensión moral, psíquica, física o material; ni tampoco, en los casos más graves, recluirlos en establecimientos de máxima seguridad cuando ingresan en la órbita del sistema penal juvenil. Ninguno de ellos merece tales destinos ni ser víctima -aquí si- de estas circunstancias.

Los gobernantes -y también la sociedad, que debe ejercer presión sobre sus representantes y sobre quienes promueven reformas superficiales- no han encontrado una solución para un entuerto que crece y desborda la capacidad del propio Estado. Especialmente la del “INAU” y la de numerosas organizaciones que trabajan valientemente en tareas de contención, pese a los discursos optimistas sobre la inclusión pronunciados por políticos, empresarios, sindicalistas, líderes religiosos, activistas, figuras públicas y otros actores sociales.

La constante y enorme contribución que los uruguayos realizamos, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, para sostener este salvataje -aunque cada vez más personas perciban que la magnitud del problema supera ampliamente los remedios aplicados- no debería tener como finalidad principal multiplicar merenderos, comedores, albergues u hogares de acogida. Estas iniciativas cumplen una función necesaria, pero deben constituir apenas una respuesta transitoria frente a la emergencia. El objetivo central debería ser la implementación de políticas eficaces orientadas a erradicar las causas que perpetúan estos símbolos de pobreza, marginación y pérdida de dignidad humana.

Durante años se pensó que esta realidad era patrimonio exclusivo de los partidos tradicionales cuando gobernaban bajo orientaciones neoliberales o de la dictadura, con su concepción de resolver los problemas mediante el orden y la represión. Sin embargo, el problema y el paisaje permanecen prácticamente inalterados. También resulta discutible la idea de que la solución consista únicamente en distribuir recursos como respuesta a promesas incumplidas o metas no alcanzadas. Cuando los resultados no llegan, pese a los recursos invertidos y a contextos económicos favorables, suele reaparecer la pose demagógica y una suerte de autocompasión institucional.

Algo similar ocurre cuando una persona observa a un niño mendigando en un semáforo o en un espacio público y le entrega una moneda. Luego continúa su camino con una mezcla de indiferencia y alivio moral, convencida de haber cumplido con su deber o de haber compensado su culpa mediante ese gesto aislado.

Aún persiste una notable apatía general respecto de este asunto. Paralelamente, determinadas figuras públicas y organizaciones promueven de manera incesante sus discursos sobre inclusión y erradicación de la pobreza. Mística que, más que convocar o exigir, en ocasiones parecen adoptar un tono acusatorio dirigido a la sociedad por la situación de postergación y miseria que afecta a sectores identificables de la población.

Todo ello se articula a través del axioma que administraciones progresistas han hecho suyo para distanciarse parcialmente de la responsabilidad inherente al ejercicio del gobierno: “todos somos responsables”. Bajo ese mensaje se insiste en reclamar más apoyo y compromiso ciudadano pese al desgaste, la desconfianza y el agotamiento de una sociedad que ha depositado en las instituciones el compromiso de afrontar, con eficacia, las necesidades de los sectores más vulnerables.

No consta la existencia de autoridad alguna -ni siquiera, la “Tía Marina”, apodo atribuido a “la comunista” Marina Arismendi, quien fue la precursora del “MIDES” y se desgarraba las vestiduras por los pobres y más necesitados- que haya acogido en su propio hogar a un niño en situación de calle, abandono o indefensión. Incluso frente a la negativa de los responsables familiares, hubiera constituido una conducta a imitar invitarlo a compartir una comida o brindarle atención directa y personal. Tal gesto habría otorgado cierta moral difícil de cuestionar para exigir a militantes, simpatizantes, seguidores y ciudadanos en general aquello que quien proclama la solidaridad con tanta convicción también estaría dispuesto a practicar en los hechos y en primera persona.