La jornada se desarrolló este jueves 9 en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), con la participación de representantes de la Suprema Corte de Justicia, comisiones de Salud del Poder Legislativo, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El encuentro fue encabezado por la titular de la secretaría de Estado, Cristina Lustemberg.

También participaron representantes de la industria farmacéutica, sociedades científicas, organizaciones de pacientes y usuarios. Además, estuvieron presentes delegaciones de las facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), universidades privadas y otros actores vinculados en forma directa o indirecta a los recursos de amparo. 

Los participantes coincidieron en que el acceso a medicamentos innovadores constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de salud y requiere una estrategia construida de forma colectiva, indicó el artículo de la web del MSP que informó sobre la reunión.

Las autoridades manifestaron confianza en que esta hoja de ruta compartida consolide “una política de Estado en materia de acceso a procedimientos y medicamentos, que reduzca el volumen creciente de los recursos de amparo, incorporando las distintas perspectivas para definir prioridades y líneas de acción”, añadió el organismo.

El MSP, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), continuará con la promoción de instancias específicas a los efectos de estudiar e implementar las estrategias que surgieron a partir de los aportes de este encuentro y de las conclusiones de los grupos de trabajo.

El marco para el abordaje de esta temática incluye el “contexto de transformación acelerada de los sistemas de salud”, marcado por la producción constante y creciente de nuevas terapias de alto costo, y la necesidad de compatibilizar el acceso de las personas a la innovación basado en criterios de evidencia científica y equidad, manteniendo la estabilidad económica del SNIS.

Grupo multidisciplinario para la incorporación de medicamentos 

Desde el inicio de esta administración funciona un equipo técnico bajo la órbita de la Dirección General de Salud (Digesa) para actualizar e incrementar procedimientos y medicamentos que se encuentran en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) y en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Este grupo multidisciplinario e interinstitucional ordenó las 300 solicitudes realizadas hace un año por las Asociaciones de Pacientes y Usuarios, y por la academia.

Se utilizan metodologías de priorización validadas a nivel internacional y adaptado a Uruguay, con la participación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para asegurar que las incorporaciones tengan evidencia y sean sostenibles en el sistema. 

Cobertura del Fondo y recursos de amparo

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) brinda cobertura para tratamientos de 45 patologías y financia 87 medicamentos, entre ellos, 26 biológicos y dos terapias avanzadas. 

Solo durante 2025, el FNR financió 14.474 tratamientos, con un presupuesto anual cercano a los 460 millones de dólares. 

En la última década, la cantidad de pacientes con tratamientos oncológicos cubiertos por el FNR aumentó un 142 %. Paralelamente, el acceso a tratamientos para enfermedades raras fue ampliado.

En la jornada abordaron temas vinculados al fondo como:

• fortalecimiento de procesos de evaluación de tecnología e incorporación de medicamentos y nuevas tecnologías sanitarias,
• mejora de procesos regulatorios,
• estrategias de acceso y negociación de precios,
• incorporación de innovación terapéutica con criterios de evidencia científica,
• fortalecimiento de la transparencia y la participación en la toma de decisiones,
• sostenibilidad del SNIS

Además, se analizó el crecimiento de la judicialización para el acceso a medicamentos y procedimientos de alto costo. Los procesos de amparo pasaron de 331 en 2018 a 2.219 en 2025. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 1.328 nuevas acciones. 

El Estado uruguayo destinó unos 159,5 millones de dólares al cumplimiento de sentencias de amparo vinculadas a medicamentos y procedimientos de alto costo, incluyendo obligaciones generadas en años anteriores que continuaron ejecutándose durante 2025. Una proporción significativa de medicamentos reclamados por vía judicial no cuenta con registro sanitario en Uruguay.