(Escribe Marcelino Rodríguez) Tanto el capitalismo como el comunismo _y el socialismo en sus distintas variantes intermedias- continuarán siendo sistemas de organización política que, por la inercia de sus concepciones filosóficas e ideológicas, tienden a enfatizar y profundizar las divisiones y estratificaciones dentro de la sociedad.

Frente a este fenómeno se adopta, muchas veces sin cuestionamientos e incluso de manera inconsciente, mecanismos de protección, autodefensa y segregación. Ya no para vivir, sino para sobrevivir. En ese esquema aparece, indefectiblemente, una élite gobernante en la cúspide, seguida por una clase rica -o muy rica-, una clase media progresivamente debilitada y una clase pobre -o muy pobre-. Este es el menú que, históricamente, han ofrecido los distintos sistemas ideológicos y políticos, junto con sus respectivos derechos de admisión para cada estrato social.

Dentro de ese escenario, los individuos intentan encontrar, mediante el esfuerzo, la suerte o el destino, el lugar desde el cual construir su existencia. Lo hacen en un mundo atravesado por fronteras tan sutiles como reales, cuyos efectos muchas veces pasan inadvertidos. Mientras tanto, las sociedades continúan distraídas y conmovidas por las arengas omnipresentes de los dirigentes de turno, discursos que actúan como anestésicos destinados a ocultar aquello que no queremos conocer, reconocer, comprender ni asumir en carne propia.

Por naturaleza, y más aún en tiempos de incertidumbre, somos seres inclinados al agrupamiento. Elegimos dónde estar, con quién relacionarnos y qué espacios compartir. Aunque esta afirmación pueda resultar perturbadora para ciertos defensores de una visión idealizada de la igualdad y la justicia social, la realidad demuestra que las personas tienden a buscar ámbitos en los que se sientan identificadas y seguras. Quienes proclaman mensajes universales de paz y fraternidad suelen hacerlo desde una perspectiva teórica que no siempre se corresponde con la complejidad de estos tiempos convulsionados.

No se trata de procurar culpables ni de caer en ejercicios de autoflagelación colectiva. Estamos ante una actitud psicológica, social y cultural profundamente arraigada, que condiciona nuestra manera de percibir y vincularnos con los demás. Por más voluntad de apertura que exista, por más esfuerzo en favor de interacciones horizontales y tolerantes, seguimos cargando con instintos, creencias, experiencias y percepciones que influyen en nuestras decisiones. La realidad rara vez concede, en una primera instancia, confianza absoluta o bondad incondicional. Sin embargo, ello no impide tender la mano a quien actúa de buena fe y necesita oportunidades para progresar, desarrollarse y vivir con decoro.

Lamentablemente, las alocuciones promovidas por numerosas organizaciones civiles y por los gobiernos no han sido suficientes, claras ni equilibradas para que todos los ciudadanos se sientan verdaderamente contemplados. Esto ha favorecido la consolidación de una narrativa simplista y contraproducente que, impulsada particularmente por ciertos sectores populistas y progresistas, presenta una dicotomía reduccionista: por un lado, el ciudadano privilegiado, señalado como egoísta o insensible por disfrutar de una situación económica favorable; por otro, el ciudadano desfavorecido, elevado automáticamente a la condición de víctima moral por su situación de pobreza o exclusión.

Esa interpretación rara vez es bien recibida por la sociedad en general. Nadie desea ser estigmatizado ni encasillado en categorías preconcebidas. El respeto por la dignidad individual suele imponerse sobre estos relatos simplificadores. Por ello, muchos de estas misivas, aun cuando estén impulsados por nobles propósitos de concientización y lucha contra la discriminación, terminan perdiendo legitimidad y capacidad de convocatoria.

Resulta urgente abandonar las etiquetas que, hábil y arteramente, se utilizan para dividir. Lejos de acercarnos, estos rótulos profundizan diferencias que ya de por sí son significativas.

No obstante, conviene insistir en una idea fundamental: aunque el ser humano tienda a agruparse y diferenciarse, no lo hace necesariamente para excluir o destruir a otros. Busca integrarse en comunidades donde se sienta aceptado, respetado, contenido, querido e identificado. Este comportamiento responde, en gran medida, a una necesidad de protección dentro de un escenario cada vez más complejo, competitivo y jerarquizado.

En medio de este entramado de experiencias y mensajes reiteradamente difundidos por dirigentes y referentes sociales, surgen interrogantes difíciles de ignorar. ¿Cuál es, por ejemplo, la extraordinaria trascendencia de que una mujer ocupe la máxima magistratura de un país? ¿Qué significado profundo posee la lucha por la igualdad de género si todavía se presentan los logros femeninos como excepciones dignas de celebración extraordinaria?

Con frecuencia se generan grandes manifestaciones de entusiasmo por hechos que deberían considerarse normales. Si verdaderamente se sostiene que hombres y mujeres poseen igual capacidad para desempeñar funciones de responsabilidad, cada logro individual debería ser valorado por sus méritos y no por el sexo de quien lo alcanza. De lo contrario, se corre el riesgo de reforzar precisamente aquello que se pretende superar.

No parece necesario aclarar que la mujer es tan valiosa e indispensable como el hombre, independientemente de su origen étnico, religión, condición económica, orientación sexual o profesión. Sin embargo, continúa siendo utilizada con frecuencia como objeto de consumo y atractivo comercial. Basta observar la publicidad para comprobar que ni los avances sociológicos y psicológicos, ni la evolución legislativa, ni las campañas impulsadas por organizaciones moderadas o radicales han podido erradicar por completo esa práctica.

Detrás de ello persisten poderosos intereses económicos, culturales y sociales que continúan alimentando determinadas representaciones. Asimismo, existe una dinámica compleja en la que muchas veces también intervienen decisiones personales relacionadas con la búsqueda de reconocimiento, posicionamiento o influencia social. Esta realidad suele entrar en contradicción con las reivindicaciones que promueven el respeto, la dignidad y la no explotación de los individuos.

La mujer debe conquistar su espacio por su calidad humana, preparación, liderazgo e idoneidad. El género no debería constituirse en una circunstancia indispensable ni en un recurso implícito para acceder a determinados ámbitos mediante mecanismos de representación artificialmente establecidos.

Reservar entornos exclusivamente sobre la base del sexo puede convertirse, paradójicamente, en una forma sutil de discriminación. En lugar de ello, sería más constructivo promover instancias verdaderamente equitativas y transparentes, donde todas las personas compitan bajo las mismas reglas, requisitos y exigencias. En ese contexto, la capacidad será la que establezca quién está en condiciones de asumir una determinada responsabilidad.

De lo contrario, el denominado “cupo” corre el riesgo de convertirse en una herramienta demagógica que desvirtúe el objetivo original. Del mismo modo que no deberían promoverse hombres incompetentes para algunos cargos, tampoco deberían impulsarse mujeres únicamente para cumplir porcentajes preestablecidos. Pueden existir excelentes profesionales, administradoras o dirigentes que, pese a sus éxitos, no posean el perfil requerido para una función específica; una realidad que es válida para cualquier persona, independientemente de su sexo.

Evitar este tipo de asistencialismo emblemático contribuiría a reducir nuevas maneras de estigmatización que, lejos de favorecer la integración, profundizan diferencias vinculadas al género, la raza, la orientación sexual o el estilo de vida.

Las mujeres son ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro integrante de la sociedad. En consecuencia, conforme al principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República, deben ser valoradas y distinguidas por sus talentos y virtudes, sin necesidad de atributos adicionales que induzcan a ese reconocimiento.

Miles de hombres, por convicción y compromiso, junto a las mujeres, llevan adelante la avanzada en esta materia. Sin embargo, ello no puede conducirnos al desencuentro ni a un encono enfermizo y cínico, donde se interprete o asuma que unas deban rivalizar con los otros y viceversa, movidos únicamente por el resentimiento.

Pretender vencer la cultura del machismo para dar paso a un feminismo concebido como extremo constituye un desacierto. Son posiciones antagónicas de las que suelen valerse determinadas minorías o actores interesados en preservar cierto protagonismo alrededor de objetivos puntuales y personales, alejándose del propósito esencial y genuino que debería inspirar dichas reivindicaciones.

Incluso se llega a incentivar, de forma explícita o implícita, la confrontación entre ambos sexos y, al mismo tiempo, a justificar la existencia de organizaciones que requieren atención pública y subsidios económicos del Estado. Todo ello bajo una concepción centrada en la prevalencia de unos sobre otros, que no conduce a nada positivo, sino a profundizar las divisiones, cuando lo necesario sería caminar unidos para superar definitivamente esta encrucijada.

Con la declaración, protección y promoción de un amplio conjunto de derechos y garantías legalmente reconocidos, la mujer se encuentra hoy, más que nunca, en condiciones de hacerlos valer en todos los ámbitos de la convivencia social donde desarrolla su actividad. Ello no solo responde a la lícita aspiración de no ser opacada ni considerada inferior a ningún hombre, sino también al rechazo de ser victimizada o tratada con paternalismo. Muchas entienden que ciertas reivindicaciones terminan transformándose en poses, místicas o formas de proselitismo que afecta más la dignidad de la mujer que la defensa efectiva de sus derechos frente a las injusticias.

No debe olvidarse que, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido arquitectas y artífices de innumerables conquistas. Incluso cuando no figuran en primera plana como heroínas o personajes destacados, han influido decisivamente, ya sea desde posiciones visibles o desde espacios más discretos, acompañando muchas veces a una figura masculina culturalmente predominante.

Me vienen a la memoria las apreciaciones de una Comisario, jefa de seccional bajo cuyo mando cumplí funciones. En una charla informal manifestaba la incomodidad que le generan -sentimiento que comparten muchas más mujeres de las que suele suponerse- determinadas organizaciones que enarbolan los clásicos discursos sobre la igualdad de género.

Particularmente mencionaba conferencias, seminarios y eventos de esta naturaleza a los que deben asistir en representación de la Policía. Señalaba que, en ciertos casos, percibía en los contenidos una posición filosófica cercana al fundamentalismo, con un sesgo mesiánico y una visión de feminismo extremo que, asombrosamente, terminaba reproduciendo actitudes excluyentes. Así de contundente era su apreciación.

Estas reflexiones invitan a preguntarse hacia dónde se orientan algunas reivindicaciones y cuál es el propósito real que persiguen. En lugar de promover derechos históricamente postergados dentro de un marco de salud social, dignidad humana, integración y convivencia más justa, ciertos discursos parecen colocarse frontalmente en oposición a lo masculino, buscando una adhesión emocional e irreflexiva capaz de generar entusiasmo, euforia e incluso fanatismo en determinados auditorios.

Si para visibilizar una problemática resulta necesario recurrir a modelos de víctimas, dicha construcción debe realizarse sin caer en extremos ni fomentar antagonismos, ya sean explícitos o encubiertos, y mucho menos revictimizar a quienes se pretende proteger. No es admisible actuar indiscriminadamente ni justificar cualquier procedimiento en nombre de una causa, por noble que esta sea.

La empatía resulta esencial para evitar que estos grupos terminen aislándose en la difusión de sus campañas. Existe el riesgo de que, a raíz de la imprudencia, la intolerancia o la intransigencia en las estrategias, el lenguaje y los mensajes presentados como verdades absolutas, se genere el efecto opuesto al perseguido. A largo plazo, más que sensibilizar, tales actitudes suelen provocar indiferencia o alejamiento tanto en la sociedad en general como en muchas de las propias interesadas.

Estos procesos suelen desarrollarse de forma silenciosa y sutil, precisamente para evitar el escrache o la descalificación por parte de activistas irreconciliables que se consideran intérpretes exclusivas de una determinada visión del feminismo.

Algunas de estas expresiones no solo se manifiestan mediante la confrontación verbal, sino también a través de actitudes hostiles hacia mujeres que discrepan o cuestionan ciertas formas de reclamo. Del mismo modo, en ocasiones proyectan una marcada aversión hacia el hombre como categoría general.

Tales comportamientos dejan al descubierto un residuo contradictorio respecto de lo que debería constituir una empresa noble. Terminan reforzando la percepción de que determinados sectores encuentran en el conflicto permanente una forma de identidad política o social, trasladando esa lógica a múltiples ámbitos de la vida en comunidad.

A ello se suma, en algunos casos, la predisposición a abandonar el espíritu de convivencia y cooperación, desconociendo que hombres y mujeres representan, con sus defectos y virtudes, luces y sombras, símbolos de complementariedad, apoyo mutuo y construcción compartida.

Estamos comprometidos a conquistar conjuntamente, en cada época, los cambios sociales y culturales que nos interpelan. A plasmar en las normas aquello que el desarrollo humano, político y jurídico va avalando como legítimo. Esa es la fórmula racional, civilizada y democrática mediante la cual los marcos legales adquieren fundamento genuino, responsabilidad técnica y legitimidad social.

Ejemplos de excesos o rigideces sobran. Recuerdo el caso de un superior que, durante una charla sobre equidad de género, al hacer referencia a una colega expresó: «La Comisario señalaba...». De inmediato, una panelista lo interrumpió para corregirlo: «Disculpe Inspector, Comisaria, no Comisario».

La observación fue realizada con tal énfasis que parecía destinada a obtener aprobación inmediata del auditorio e impulsar un debate sobre la cuestión. Sin embargo, la reacción no produjo el efecto esperado. El funcionario aludido respondió con serenidad y recordó que los grados policiales carecen de género gramatical según la normativa vigente, ya que existe una ley específica que regula la denominación de los rangos jerárquicos de esa manera.

Las transformaciones no pueden impulsarse a los ponchazos, a media voz o al grito de la tribuna. Mucho menos desde una lógica refundacional cargada de ironía, autosuficiencia o imposición. Sin embargo, esa parece ser en ocasiones la modalidad adoptada por ciertas organizaciones y algunos de sus integrantes, con la anuencia de sectores de la propia administración pública y autoridades de gobierno, que terminan entrando en contradicción con los usos y costumbres de la convivencia social.

Toda aspiración de cambio requiere respaldo legal y anuencia colectiva. No puede quedar librada al capricho circunstancial, a la irreverencia coyuntural ni a la voluntad de una dirigente o activista convertida en una suerte de «Juana de Arco» contemporánea. La verdadera luchadora social debe conjugar lo existente con aquello que pretende transformar, persuadiendo sobre lo crucial a modificar o crear nuevas normas.

Solo así podría ocurrir que nuestras mujeres policías, si así lo desean y existe un amplio consenso al respecto, sean denominadas oficialmente comisarias, inspectoras o sargentas, armonizando la nomenclatura institucional con una determinada concepción sobre la identidad de género de los cargos.

Ante este panorama, resulta indispensable preservar el equilibrio y controlar las pasiones que suelen acompañar estos procesos. Particularmente cuando se alcanzan logros fruto de años de militancia y esfuerzo. La alegría, euforia por los avances obtenidos puede derivar, si no se administra adecuadamente, en conductas intransigentes, prepotentes o discriminatorias que reproducen precisamente aquello que antes se denunciaba como injusto.

No podemos permitir que aquello que combatimos regrese como un búmeran. Desde las formas más graves de violencia hasta las manifestaciones más sutiles de intolerancia cotidiana, todas afectan la convivencia social y dañan a quienes las padecen.

Tampoco es posible retroceder en los avances alcanzados. Es fundamental preservarlos y defenderlos, al mismo tiempo que se continúa reclamando por aquellas cuestiones que aún permanecen pendientes. Solo así podremos acercarnos al principio consagrado en nuestra Carta Magna cuando afirma que «todos somos iguales ante la ley».

Por más abstracto o dificultoso de materializar que pueda resultar ese ideal, sigue siendo una referencia incólume para avanzar hacia una sociedad donde la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo y la remuneración por igual tarea no dependan del sexo o del género de las personas.