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El Golpe de Estado que instaura la dictadura cívico-militar – 27 de junio de 1973
El 27 de junio de 1973 ha quedado marcado en la Historia como la fecha en que se dio el Golpe de Estado que instaló la dictadura cívico-militar más cruel que haya sufrido nuestro país, en que se arrasó con la institucionalidad democrática y que  significó flagrantes violaciones a los derechos humanos, torturas, asesinatos, desapariciones, presos políticos, destituidos, exiliados, allanamientos, pérdida de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, al amparo de lo cual se prosiguió con una política económica regresiva para el país que venía desde el gobierno de Pacheco Areco.
El 27 de junio de 1973 ha quedado marcado en la Historia como la fecha en que se dio el Golpe de Estado que instaló la dictadura cívico-militar más cruel que haya sufrido nuestro país, en que se arrasó con la institucionalidad democrática y que  significó flagrantes violaciones a los derechos humanos, torturas, asesinatos, desapariciones, presos políticos, destituidos, exiliados, allanamientos, pérdida de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, al amparo de lo cual se prosiguió con una política económica regresiva para el país que venía desde el gobierno de Pacheco Areco.

(escribe Roque Arregui)  Para las elecciones nacionales de 1971 en que se plebiscitaba un proyecto de reforma constitucional para que Pacheco pudiese ser reelecto, éste eligió a Juan María Bordaberry para encabezar la fórmula presidencial de su sector político por el sistema vigente, para el caso de que no cuajase en las urnas el proyecto reeleccionista.

Juan María Bordaberry había trabajado junto a Benito Nardone (Chicotazo), ocupando distintos cargos en la Administración y fue electo senador por el Partido Nacional. Posteriormente Pacheco le ofreció el Ministerio de Ganadería y Agricultura, terminando siendo electo Presidente por el lema Partido Colorado, asumiendo la Presidencia el 1° de marzo de 1972.

 Pasado el 1° de marzo de 1972, el Uruguay continuó sumido en una profunda crisis económica, inflación y depreciación salarial. Esto estuvo acompañado de una política – por parte del Gobierno y de las Fuerzas Conjuntas- basada en el cercenamiento de las libertades, privación de derechos individuales y una fuerte represión que tuvo sus aristas más graves en las torturas y decenas de personas asesinadas bajo el marco de la escalada autoritaria y la tortura. El enfrentamiento con el MLN  se extendió hacia las movilizaciones sociales, estudiantiles y sectores políticos de la oposición y en forma muy particular con el Frente Amplio. En reiteradas oportunidades se pasó por encima del Parlamento, de la Constitución y de los Derechos Humanos. El creciente autoritarismo desembocaría en la dictadura cívico-militar.

En este período el Poder Ejecutivo suspendió las garantías individuales y envió al Parlamento  el proyecto de ley de Declaración de Guerra Interna y el proyecto de ley de Seguridad del Estado, clausurando varios diarios como Última Hora, Ahora, El Popular y La Mañana, llegando a censurar letras del carnaval de Montevideo.

El 7 de febrero de 1973 se produce una clara insubordinación del Ejército y la Fuerza Aérea al mando presidencial. En esa oportunidad la Marina respaldó las instituciones y  Bordaberry defendió la legalidad, pero en poco tiempo se plegó a los planes de los militares y los apoyó, lo que culminaría con el Golpe de Estado encabezado por el propio Presidente. Desde ese 7 de febrero  la represión continuó. Detenciones, allanamientos, torturas y asesinatos no cesaron.

La solicitud de desafuero por parte de un juez militar para el senador del Frente Amplio Enrique Erro,  que en mayo del 73 el Parlamento no le aceptó, fue un argumento más para el Golpe, que ya venía gestándose desde tiempo atrás. A su vez, un fiscal militar había iniciado el proceso para solicitar el desafuero del Presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, mientras que también se intentaba lo mismo a nivel de la Justicia Militar para con el senador Amílcar Vasconcellos. Seis días antes del 27 de junio del 73, Bordaberry y los más altos mandos militares acordaron en secreto la decisión de arrasar con las instituciones democráticas. Filtrado ello, pasó a ser un secreto a voces en todo el país.

En los días posteriores, a nivel del Frente Amplio y del Partido Nacional se realizaron varios actos públicos rechazándose la situación que se vivía.  La CNT (Convención Nacional de Trabajadores) comenzó a preparar la instrumentación de la Huelga General, la que tiempo atrás se había resuelto para el caso que se concretase el golpe.

Ese 26 de junio en horas de la noche el Senado se reunió por otro tema y pasada la hora 24:00 condenaron lo inminente. A las 5:00 de la madrugada, en cadena, las radios comenzaron a pasar marchas militares. A las 5:20 se leyó el decreto de disolución del Parlamento firmado por el presidente Juan María Bordaberry (convertido así en dictador), por el ministro del Interior Néstor Bolentini y por el ministro de Defensa Nacional Walter Ravenna.

A renglón seguido el gobierno suspendió las clases en todo el país hasta el 20 de julio, argumentando que era un adelanto de las vacaciones. Comunicó que en lugar de las Cámaras se crearía un Consejo de Estado. Prohibió divulgar opiniones de que estas decisiones tuviesen propósitos dictatoriales. Disolvió las Juntas Departamentales comunicando que en su lugar se instalarían Juntas Vecinales.

Como respuesta a ello el Frente Amplio, el Partido Nacional y el sector quincista del Partido Colorado rechazaron y condenaron la dictadura que se instalaba. Lo mismo hicieron la CNT y las autoridades universitarias. Comenzó la Huelga General con ocupación de lugares de trabajo que había decidido la CNT. Como la central sindical no aceptó el pedido del gobierno de levantar las medidas, la CNT fue ilegalizada.

La represión fue creciendo: allanamientos, detenciones, desocupaciones, torturas. El 6 de julio asesinan en Montevideo a Roberto Peré Bardier, sorianense, primer asesinado por la dictadura. Era estudiante de Veterinaria y profesor de Secundaria. El 9 de julio, mientras un estudiante y canillita que gustaba de escribir poesías, Walter Medina, escribía en un paredón “CONSULTA POPULAR”, las fuerzas de la represión lo asesinaron de un balazo por la espalda. El delito que estaba cometiendo era reclamar Democracia.

Ese día y convocada por la CNT, El Frente Amplio y el Partido Nacional, se llamó a una manifestación pacífica en Montevideo. Se congregó una verdadera multitud en calle 18 de Julio entre las plazas Cagancha e Independencia. La imposibilidad de convocarla públicamente motivó que se hiciese boca a boca y el ingenio y coraje de Rubén Castillo en su programa radial sumó a la convocatoria: la concentración estaba prevista para las cinco de la tarde y para ello repitió un claro mensaje alusivo a la hora en que se realizaría con el siguiente poema de García Lorca:

A las cinco de la tarde. /Eran las cinco en punto de la tarde. /Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. /Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. /Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde.

La manifestación fue salvajemente reprimida. Las Fuerzas Conjuntas la calificaron de asonada. En horas de la noche las FFCC llevaron presos al General Líber Seregni, al Gral. Víctor Licandro y al Cnel. Carlos Zufriategui que habían participado en la movilización.

La Huelga General duró quince días. La dictadura, que duró más de once largos y oscuros años nació repudiada a nivel sindical, de amplios sectores del sistema político y de quienes más allá de sus concepciones ideológicas no concebían un gobierno que se apartase del sistema democrático. Se ilegalizaron partidos políticos, miles de ciudadanos fueron proscriptos, se llegó a controlar la vida cultural y social de la gente y a requisar libros y material literario y artístico y se inició la coordinación con las otras dictaduras de la región a través del Plan Cóndor.

El Palacio Legislativo fue ocupado por el Ejército el mismo día del Golpe de Estado. Disuelto el Parlamento, máximo órgano representativo nacional, cuyos miembros fueron electos democráticamente por la ciudadanía, fue sustituido por un Consejo de Estado nominado por la dictadura, designando como primer Presidente del mismo al Dr. Martín Recaredo Etchegoyen.

Las Juntas Departamentales, cuyos ediles también fueron electos democráticamente, fueron disueltas y en su lugar se crearon las Juntas de Vecinos. En el caso de Soriano designaron como primer Presidente a Alberto Perera.

En cuanto a los intendentes municipales, destituyeron a varios y dejaron a otros. En Soriano dejaron en funciones al Arqu. Francisco Russo. A su fallecimiento nombraron intendente interventor al Cnel. Juan C. Salaverry y posteriormente al Cnel. Martín Rótulo.                                                               

 



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