(escribe Sergio Pérez)  La presentación de un proyecto de ley destinado a proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial constituye una oportunidad para abrir un debate que Uruguay ha postergado durante demasiado tiempo. La iniciativa impulsada por el senador Felipe Carballo pone sobre la mesa una preocupación legítima: ¿cómo garantizar que los creadores reciban una remuneración justa cuando sus obras son utilizadas para alimentar sistemas capaces de generar nuevos contenidos? Sin embargo, centrar la discusión exclusivamente en la inteligencia artificial puede conducir a un diagnóstico incompleto.

La irrupción de estas tecnologías no creó el problema. Lo hizo visible. La precarización económica de buena parte de quienes producen conocimiento, arte y cultura comenzó mucho antes de que los modelos generativos ocuparan titulares. Escritores, periodistas, fotógrafos, músicos, ilustradores, investigadores y otros creadores llevan décadas enfrentando un escenario en el que el valor económico de sus obras suele distribuirse de forma profundamente desigual. Mientras intermediarios, plataformas y empresas construyen modelos de negocio altamente rentables, quienes generan el contenido original frecuentemente perciben ingresos insuficientes para sostener su propia actividad creativa.

Esta realidad obliga a ampliar la perspectiva. La inteligencia artificial representa un nuevo actor dentro de un ecosistema que ya presentaba importantes desequilibrios. Su capacidad para procesar millones de textos, imágenes, composiciones musicales o registros audiovisuales intensifica una discusión que en realidad remite a una pregunta mucho más antigua: ¿cómo proteger el trabajo intelectual en un contexto donde la reproducción y circulación de contenidos resulta prácticamente instantánea?

Desde esa perspectiva, la discusión no debería reducirse a establecer si una inteligencia artificial puede o no entrenarse con obras protegidas. El verdadero desafío consiste en definir mecanismos transparentes, técnicamente viables y jurídicamente sólidos que permitan reconocer el aporte de quienes producen conocimiento sin obstaculizar el desarrollo tecnológico ni limitar la innovación. Ambos objetivos son compatibles si existe voluntad política para construir reglas claras.

También resulta imprescindible reconocer que las respuestas simplistas difícilmente alcancen. Hablar de una “remuneración justa” constituye un principio valioso, aunque inmediatamente aparecen interrogantes complejos. ¿Cómo se determina esa remuneración? ¿Quién administra esos derechos? ¿Cómo se identifica qué obras fueron utilizadas durante el entrenamiento de un modelo? ¿Qué ocurre cuando el desarrollo tecnológico se realiza fuera de las fronteras nacionales? Estas preguntas demuestran que el debate recién comienza y exige la participación de juristas, tecnólogos, economistas, gestores culturales y, sobre todo, de los propios autores.

La experiencia internacional ofrece algunas señales. Diversos países avanzan hacia modelos de mayor transparencia respecto del origen de los datos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial, mientras otros exploran esquemas de licenciamiento colectivo y mecanismos de compensación económica. Ninguna solución aparece todavía como definitiva, precisamente porque la tecnología evoluciona a un ritmo superior al de las normas jurídicas.

En este contexto, Uruguay tiene la oportunidad de evitar un error frecuente: legislar únicamente como reacción frente a una innovación tecnológica. Tal vez resulte más conveniente impulsar una actualización integral del régimen de derechos de autor para la economía digital, considerando la inteligencia artificial como una parte —importante, sin duda— de un fenómeno mucho más amplio que involucra plataformas digitales, redes sociales, motores de búsqueda y nuevas formas de circulación del conocimiento.

La cultura constituye uno de los principales capitales simbólicos de cualquier sociedad. Detrás de cada libro, canción, fotografía, artículo periodístico o investigación existe tiempo, formación, creatividad y trabajo. Si aspiramos a una economía basada en el conocimiento, también debemos construir condiciones que permitan a quienes producen ese conocimiento vivir dignamente de su labor.

Quizá el mayor mérito del proyecto presentado no radique únicamente en su contenido jurídico, sino en haber instalado nuevamente una pregunta que durante años permaneció relegada: ¿cuánto vale, realmente, una obra intelectual? La inteligencia artificial no originó esa discusión. Simplemente hizo imposible seguir postergándola.