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El objetivo primordial de una nueva ley es permitir la regularización de las firmas mediante un sistema de facilidades de pago que contemple plazos y condiciones accesibles, en particular, en las micro y pequeñas empresas de hasta 19 empleados.
En diálogo con Comunicación Presidencial, la titular del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, subrayó que hay unas 340.000 empresas activas en el organismo, de las cuales 37.000 son morosas y, de ellas, 4.200 se encuentran en actividad.
Dijo que la herramienta aprobada en el Parlamento reúne tres condiciones que la optimizan:
- La no existencia de cuota mínima
- La posibilidad de firmar convenios por deudas desde el año 1996 hasta la fecha de vigencia
- Períodos de gracia en caso de que la pequeña empresa lo necesite
El ente dispone de 90 días para implementar la ley, por lo cual, a partir de setiembre, cuando esté operativa, el organismo previsional realizará una campaña de información segmentada sobre las nuevas condiciones de estas empresas para regularizar adeudos, anunció.
“La morosidad del BPS es históricamente baja, de un 2,5% sobre el total. No obstante, es bueno tener un instrumento alternativo al actual, sobre todo, porque brinda mayores facilidades para financiar aportes de personal dependiente, que hoy no es posible”, indicó Pardo, en alusión al Código Tributario, que es la norma vigente.
“Hoy las tasas de interés de financiación son altas, los aportes de empleados no se pueden financiar, por lo que disponer de estos elementos da solución a casos puntuales de empresas que vienen arrastrando deudas que se les vuelven pesadas”, agregó.
Reactivación económica
El proyecto de ley enviado por el Gobierno promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, a través de un esquema flexible que permita la reestructuración de deudas y el alivio de cargas financieras.
Su finalidad es, asimismo, impulsar la recuperación del empleo y la actividad en sectores clave de la economía, así como que las empresas inactivas saneen sus adeudos, para prevenir un efecto negativo cuando los titulares gestionen jubilaciones.
La norma establece que, según la naturaleza de la deuda por convenir, se fijan plazos de financiación por los montos originales en hasta 36 y 72 meses (3 y 6 años).
Al contar con plazos largos, las empresas podrán distribuir los pagos, lo que les permitirá priorizar su actividad productiva mientras regularizan su situación tributaria.
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