La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que establece un régimen especial de facilidades de pago para empresas que mantienen deudas con el Banco de Previsión Social (BPS). La votación reflejó un contundente respaldo político, cosechando 85 votos a favor de los 87 diputados en sala. Tras este paso, se anunció que las autoridades del BPS concurrirán la próxima semana a la comisión parlamentaria para avanzar en la reglamentación de la norma.

El universo de beneficiarios potenciales alcanza a unas 37.000 empresas morosas identificadas por el gobierno, de las cuales unas 4.000 se encuentran actualmente en actividad. Desde el Poder Ejecutivo —el texto lleva las firmas del presidente Yamandú Orsi y los ministros Juan Castillo (MTSS) y Gabriel Oddone (MEF)— se destacó que, si bien el 93% de las 340.000 empresas activas del país cumple voluntariamente con sus obligaciones, este proyecto busca rescatar a los sectores rezagados, con un fuerte foco en las micro y pequeñas empresas .

Los ejes del nuevo régimen de facilidades

El texto aprobado replica de forma exacta el proyecto original enviado por el Ejecutivo y previamente aprobado por el Senado bajo la presidencia de Carolina Cosse. Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentran:

• Sustitución de multas y recargos: El gran atractivo del proyecto es que sustituye las multas y recargos tradicionales por una tasa equivalente a la rentabilidad máxima generada por las AFAP.

• Plazos de financiación: Los aportes personales (retenciones a los trabajadores) se podrán financiar en hasta 36 cuotas. En tanto, las obligaciones patronales, los aportes de no dependientes y el saldo por multas y recargos reconvertidos contarán con un plazo de hasta 72 meses, con un interés del 2% anual.

• Tratamiento preferencial para Mypes: Las micro y pequeñas empresas no tendrán la obligación de demostrar estar al día con los tres meses anteriores de aportes corrientes (requisito que sí se le exige al resto de las empresas) y podrán solicitar un período de gracia inicial de hasta seis meses para comenzar a pagar.

• Suspensión de juicios: Mientras las empresas cumplan con el convenio pactado, quedarán suspendidas las acciones judiciales en su contra. Por el contrario, la falta de pago de dos cuotas consecutivas provocará la caducidad del convenio, exigiéndose el saldo pendiente con los recargos originales.

Flexibilidad en la moneda y plazos de implementación

La ley también faculta al BPS a otorgar convenios en moneda nacional para trabajadores no dependientes (incluyendo la deuda por Fonasa), empresas unipersonales y sociedades de hecho sin dependientes.

El Poder Ejecutivo dispondrá ahora de un plazo de 90 días para la reglamentación final de la ley, proceso que comenzará a delinearse la semana entrante con la visita de las autoridades del BPS al Parlamento, con el objetivo de lograr una rápida implementación que dinamice la economía, proteja el empleo y regularice la cartera de morosos del organismo.