(escribe prof. Alejandro Carreño T.) No hay caso con la izquierda radical. Cuando ha sido derrotada en las urnas, busca el poder vía golpe de Estado, el que nunca llega de sopetón, sino mediante “modernas” estrategias combativas que suelen incluir desde el desabastecimiento hasta la violencia física contra aquellos que se opongan a sus propósitos. Para ello utilizan los llamados “movimientos sociales” conformados por federaciones estudiantiles, sindicatos y grupos anarcos desinteresados de todo y de todos. Lastre social violento sin dios y sin ley.

En Bolivia, la estrategia ya cumplió diez días: carreteras bloqueadas que provocan falta de alimentos e insumos esenciales para el normal desarrollo de la vida moderna como alimentación, combustibles y medicinas, por ejemplo. La falta de medicamentos ya ha cobrado tres víctimas inocentes de la sublevación de campesinos y sindicatos. El miércoles pasado, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz declaró que cinco mil camiones de alto tonelaje están detenidos en las carreteras del país: “Son más de 5.000 camiones que se encuentran parados entre La Paz, Cochabamba (centro) y Oruro (oeste)”, dijo su presidente Álvaro Ayllón.

El bloqueo afecta también el tránsito hacia Chile y Perú. Además, Ayllón declaró que varios conductores la están pasando muy mal por falta de alimentos, agua y medicina. Es decir, al movimiento campesino, al que se han unido otros grupos como la Central Obrera Boliviana, así como partidarios de Evo Morales que desde hace varios días marchan hacia La Paz desde el altiplano, no les interesa lo que pueda ocurrirle al pueblo. Ellos se oponen a las medidas económicas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz como el cierre de empresas fiscales deficitarias y leyes sobre hidrocarburos, minería y energía.

El lunes pasado, y después de tres semanas de bloqueos, caos y desórdenes desatados, los manifestantes llegaron a La Paz y amenazan el Palacio Presidencial. Ahora reclaman por el fin al subsidio de los combustibles, piden un aumento salarial de 20 % y se oponen a la Ley 1720 de tierras que, según ellos, favorece a los grandes empresarios al convertir propiedades agrarias en pequeñas y medianas, perjudicando tierras ancestrales indígenas y de campesinos. Con todo, la verdad de la milaneza es otra: la desestabilización del gobierno.

Por lo mismo, Palacio Quemado se encuentra protegido por policías y militares, además de cierres de varias calles centrales de La Paz. No debe olvidarse que el objetivo número uno del movimiento es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Pero gran parte de América Latina ha solidarizado con Bolivia y su gobierno, como lo confirma el apoyo de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú: “Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.

¿Cuál será el fin de esta arremetida que tiene todos los trazos golpistas al querer terminar con el gobierno democráticamente electo de Rodrigo Paz? Es cierto que el presidente amenazó con cárcel a quienes quieran “destrozar la democracia”. Pero, como sabemos, ni las palabras ni las buenas intenciones sirven para nada cuando la estabilidad de un Estado gobernado democráticamente, se ve amenazada por turbas que dañan, precisamente, a la gente inocente que sufre la falta de alimentos, combustibles y medicinas.

En octubre de 2019, Chile vivió lo mismo: quisieron derrocar el gobierno de Sebastián Piñera. La diferencia es que los bolivianos no han quemado el país. Hasta ahora. Hoy, la misma izquierda radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, han hecho reiterados llamados “al pueblo” a salir a las calles, a movilizarse, porque “otro gallo cantaría”, como dijo la diputada golpista comunista Lorena Pizarro, puesto que el Congreso no resuelve las necesidades de la gente.

Al gobierno de Rodrigo Paz le cuelga la espada de Damocles sobre Palacio Quemado. Esperemos que no le caiga encima.