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La iniciativa busca garantizar que las personas de entre 12 y 18 años que transiten un embarazo o maternidad mantengan plenamente su condición de adolescentes y el acceso a los derechos asociados a esta etapa vital.
Fundamentos de la propuesta
Según la exposición de motivos, se han detectado situaciones donde prestadores de salud dejan de considerar "adolescentes" a quienes cursan un embarazo, exigiéndoles exclusivamente controles obstétricos. Esta práctica genera consecuencias negativas como:
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La pérdida de derechos asociados a la condición de adolescente, la cual rige hasta los 18 años.
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La duplicación de trámites para obtener certificados de aptitud física.
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Barreras burocráticas que afectan la continuidad en instituciones educativas (Liceo, UTU), clubes deportivos y actividades comunitarias.
El proyecto destaca que en 2023 se registraron 2.515 nacimientos de madres de entre 12 y 19 años en Uruguay, lo que representa el 8% del total de nacimientos en el país.
Puntos principales del articulado
El texto propuesto establece que la maternidad no altera la condición jurídica y sanitaria de la adolescente. Los artículos principales disponen:
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Validez del Carné: El Carné del Adolescente conservará su validez como certificado de aptitud física para actividades educativas y recreativas, independientemente del embarazo.
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No sustitución: Las constancias de control prenatal complementarán, pero en ningún caso sustituirán, el Carné del Adolescente.
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Continuidad en la atención: Las adolescentes madres tendrán derecho a seguir siendo atendidas en las policlínicas de adolescentes, articulando dicha atención con los controles obstétricos.
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Prioridad en Salud Mental: Se establece la prioridad en el acceso a turnos de psicología y psiquiatría durante el embarazo y el puerperio.
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No discriminación: Se prohíbe exigir requisitos adicionales o más gravosos para la renovación del carné a quienes estén embarazadas o sean madres.
Implementación
De aprobarse la ley, el Ministerio de Salud Pública (MSP), en coordinación con ASSE y prestadores privados, tendrá un plazo de 120 días para su reglamentación. Esto incluye la adecuación de formularios y sistemas para asegurar que no existan barreras de acceso ni duplicidad de trámites en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
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