En esta oportunidad quiero hacer referencia a un proyecto de ley presentado en el Parlamento por la representante por Soriano, la diputada María Fajardo Rieiro, que propone que las personas privadas de libertad, una vez que recuperen la misma, sean liberadas en la ciudad correspondiente a su último domicilio conocido o, en su defecto, en el lugar donde estén registradas cívicamente.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la reinserción social de quienes egresan del sistema penitenciario, permitiendo que puedan volver a su entorno natural, donde eventualmente cuentan con redes familiares, vínculos sociales o al menos un territorio conocido.

Más allá de la perspectiva humana que fundamenta la propuesta, también debemos analizarla desde la realidad que viven nuestras ciudades. En el caso del departamento de Soriano, y particularmente de la ciudad de Mercedes, vecinos de distintos barrios viven manifestando preocupación por situaciones vinculadas a robos, disturbios y problemas de convivencia.

Las encuestas de opinión pública en Uruguay muestran con claridad cuáles son las prioridades de la población. Desde hace más de una década, la seguridad pública aparece de manera sostenida entre las principales preocupaciones de los uruguayos, superando en muchos momentos incluso a los problemas económicos o laborales. En algunos relevamientos recientes, alrededor del 46% de los ciudadanos señala a la seguridad como el principal problema del país, muy por encima del trabajo o la economía.

Esto demuestra que la seguridad no es solamente un tema policial, sino también social y comunitario. Todo va de la mano. Cuando hablamos de seguridad también hablamos de prevención, de reinserción y de la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado en trabajar para que quienes egresan del sistema penitenciario tengan las menores probabilidades posibles de reincidir.

Diversos estudios del sistema penitenciario uruguayo señalan que aproximadamente entre la mitad y cerca del 60 % de las personas que recuperan su libertad vuelven a tener algún conflicto con la ley penal en los años posteriores. Este dato demuestra que todavía queda mucho por hacer.

Por eso entendemos que las instituciones que tienen la responsabilidad de trabajar en la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad deben ser también las más firmes y decididas a la hora de utilizar todas las herramientas disponibles para reducir la reincidencia.

Y cuando esas herramientas no existen o resultan insuficientes, es el propio Estado el que debe reconocer la prioridad y la urgencia que tiene la seguridad pública para los uruguayos. Esto implica generar las políticas y los recursos necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema, creando los mecanismos o los puestos que sean necesarios, pero siempre con responsabilidad y sin engrosar innecesariamente el gasto público.

Naturalmente, nadie pretende que una sola medida solucione un problema complejo como el de la seguridad pública. Pero sí creemos que toda herramienta que apunte a reducir la reincidencia y a fortalecer los procesos de reinserción merece ser considerada.

Por ese motivo entendemos oportuno hacer eco de esta iniciativa, porque de aprobarse podría transformarse en una de las tantas medidas que el país necesita para contribuir a mejorar la convivencia y la seguridad en nuestras comunidades, particularmente en ciudades como Mercedes.

Y porque cuando hablamos de seguridad pública no estamos hablando solamente de estadísticas, sino de la tranquilidad de nuestros vecinos, de nuestras familias y de nuestras comunidades.

Señor Presidente, para finalizar, solicito que mis palabras sean remitidas a la señora diputada María Fajardo Rieiro, al señor Jefe de Policía de Soriano, Comisario General (R) Luis Enrique Rodríguez, al señor Ministro del Interior, al señor senador José Luis Gómez y al señor Intendente de Soriano.