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Días atrás se realizó una polémica conferencia de prensa donde el Ministro de Ambiente y el Director de OSE admitieron que seguirán adelante con un contrato firmado el 18 de diciembre, pese a su manifiesta ilegalidad.
Desde MOVUS denunciamos repetidamente el proyecto Neptuno en Arazatí por sus implicancias ambientales, económicas y sociales. También cuestionamos la firma del contrato, cuyo costo se cuadriplicó injustificadamente.
Al analizar el contrato completo, identificamos que otorgaba participación en servicios públicos de agua potable a privados, violando el Artículo 47 de la Constitución. Además, se suma que OSE lleva años permitiendo situaciones similares en saneamiento con contratos firmados entre 2018 y 2024.
En un encuentro con autoridades, MOVUS explicó la necesidad de anular este contrato por ilegal, algo que fue admitido por los presentes. También señalamos que las obras propuestas modificaban el objeto original del contrato, transformándolo en otro acuerdo diferente, pero aun así decidieron renegociarlo. Insistimos en la necesidad de descontaminar el Río Santa Lucía y solicitamos un plan de contingencia ante sequía o déficit hídrico.
En otro análisis, demostramos que las pérdidas de agua en el sistema metropolitano superan el 65%, provocando pérdidas económicas superiores a US$ 60 millones anuales por agua no facturada y potabilización innecesaria. Propusimos un plan económico y viable para reducir estas pérdidas, llamado "Agua para Montevideo", presentado al Presidente de OSE —quien no aceptó reunirse— y ante la Comisión de Ambiente del Senado. Nuestra postura es clara: nunca debió renegociarse un contrato nulo.
Las obras a realizar en Aguas Corrientes según el nuevo contrato, se dijo costarían US$ 209 millones sin embargo se informó al Parlamento que se pagarán a razón de US$ 40 millones anuales, durante 17 años y medio, lo que representa un sobreprecio cercano a US$ 500 MILLONES, sin justificación financiera.
Gastar en obras innecesarias no asegura la provisión de agua, sino que agrava las finanzas de OSE y traslada los costos a la población mediante aumentos tarifarios. Con un sistema perdiendo el 65 % del agua potable y tarifas ya incrementadas, queda claro que este contrato resulta perjudicial para todos menos para las empresas privadas beneficiadas.
Desde MOVUS con fundados argumentos técnicos y económicos entendemos que la primera misión de OSE es cuidar el agua, especialmente del Santa Lucía, presentar un plan de contingencia ante la sequía y reparar y controlar las redes.
23 de febrero de 2026
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
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