Los Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, DECLARAMOS: 

1. Nuestra más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante  años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la  encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos  humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado. 

2. La caída del dictador Nicolás Maduro, no así la de un régimen que mantiene su  ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una  sociedad libre, plural y democrática, un país con plena vigencia del Estado de  Derecho, y el respeto del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024, cuando  eligió a Edmundo González Urrutia como su Presidente. 

3. El derecho internacional y los organismos internacionales han fracasado en asegurar  la protección de los derechos humanos y las debidas garantías de los venezolanos,  así como el cumplimiento de las normas penales y sometimiento de los delincuentes  a la Justicia; por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales,  regionales y mundiales, que otrora fueran aliados o socios de los gobernantes  venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen  oprobioso y opresor de su pueblo. 

4. Alertamos del fracaso del Derecho Internacional en el enfrentamiento a las  organizaciones delictivas transnacionales y la necesidad de adoptar normas que, en  aplicación del principio de no intervención el que reafirmamos, que impide la  injerencia de un Estado en otro, a la vez, permitan la detención de integrantes de  organizaciones terroristas y narcotraficantes, que se escudan en naciones y  gobiernos para delinquir y no responder ante la Justicia. 

5. No justificamos intervención ni injerencia extranjera alguna, los únicos que deben  definir el destino de los venezolanos, son los propios venezolanos; pero la no  injerencia no puede significar indiferencia, y para nosotros la realidad venezolana  nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o  conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias  extranjeras en territorio venezolano que hoy salen a la luz. 

6. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que durante los años de  dictadura en Uruguay, recibió a miles de compatriotas que allí vivieron su exilio;  augurando el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y  respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la  institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos  humanos y el retorno de sus más de 8 millones de exiliados por el mundo. 

Montevideo, 7 de enero de 2026