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El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, declaró que la deuda de Venezuela con Uruguay por compras de lácteos “está perdida”. La afirmación generó malestar en el sector lechero, que reclama la defensa de los intereses de los productores. La deuda se originó en 2015, cuando CORPOVEX, empresa estatal venezolana, dejó de pagar envíos de leche en polvo. El monto adeudado asciende a unos 30 millones de dólares, según registros de Conaprole. En 2021, la cooperativa decidió iniciar una demanda internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. La acción judicial reclama más de 60 millones de dólares, incluyendo daños y perjuicios por la mora. El caso se tramita en tribunales internacionales y aún no tiene resolución definitiva.
El Ministro Alfredo Fratti sostuvo reciente que el precio pactado en su momento fue elevado y que eso dificultó el cobro. Los gremios lecheros rechazan esa explicación y recuerdan que el acuerdo fue entre Estados, con garantías oficiales. El sector espera una rectificación del ministro y confía en que el juicio permita recuperar al menos parte de la deuda.
Comunicado de gremiales lecheras ante las declaraciones del ministro Alfredo Fratti sobre la deuda de Venezuela con los tamberos uruguayos
Las gremiales lecheras declaran:
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Que la deuda que mantiene CORPOVEX, empresa del Estado venezolano, por un monto de U$S 30.000.000 constituye, en los hechos, una deuda que impacta directamente sobre los productores cooperarios, dado que la eventual necesidad de asumirla como incobrable afecta el precio que perciben los remitentes de leche.
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Que resulta preocupante que un Ministro de Estado considere que dicha deuda "está perdida", en tanto corresponde al gobierno —cualquiera sea la administración de turno— defender los intereses de sus ciudadanos y, en particular, de los productores lecheros.
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Que la operación no se trató de un negocio entre partes privadas, sino que se realizó en el marco de un acuerdo suscrito por ambos Estados y anunciado en Brasilia por el Presidente de la República, en presencia de altas autoridades de ambos países, el cual garantizaba el cobro inmediato de los envíos efectuados.
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Que el precio acordado libremente entre las partes no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas. Asimismo, corresponde señalar que otras empresas del sector, como Fonterra (Nueva Zelanda) y SanCor (Argentina), realizaron operaciones con Venezuela en condiciones y a precios similares, lo que refuerza la improcedencia de dicho argumento.
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Que las gremiales lecheras esperan, en el menor plazo posible, una rectificación o aclaración de las afirmaciones realizadas, en consideración del esfuerzo sostenido que, durante años, han llevado adelante los gobiernos, la empresa y los productores para recuperar una suma de significativa importancia para un sector que apuesta al crecimiento y al desarrollo del país.
Firmantes:
- Asociación Nacional de Productores de Leche
- Sociedad de Productores de Leche de Florida
- Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez
- Sociedad de Productores de Leche de San Ramón
- Agremiación de Tamberos de Canelones
- Sociedad de Fomento Rural de La Casilla
- Asociación de Productores de Leche de San José
- Asociación de Productores de Leche de Maldonado
- Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza
- Intergremial de Productores de Leche
- Productores Lecheros de Rocha
Montevideo, 7 de enero de 2026
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