Montevideo, 17 de diciembre de 2025.

Queremos iniciar agradeciendo a todos y todas quienes nos acompañan una vez más. Convocamos esta conferencia de carácter urgente alertados por lo acontecido el pasado lunes: mientras la Asamblea General conmemoraba los 40 años del retorno a la democracia y reafirmaba su compromiso con la memoria y el Nunca Más, los senadores Bordaberry y Goñi presentaron, en contraparte, proyectos de ley revisionistas que erosionan los consensos construidos en materia de derechos humanos.

Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia.

El proyecto presentado por Pedro Bordaberry atenta contra todo compromiso institucional y el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay. Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos crímenes.

En ningún pasaje de este proyecto ni en la exposición de motivos se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada, delito reconocido por el Comité Internacional contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En esto debemos ser muy claros: nuestros familiares no son personas “cuyo paradero se desconoce”; son víctimas de desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes. Fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. No admitimos ni admitiremos ningún intento de negar esta verdad. Fueron desaparecidos por el Estado y es éste quien debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.

No queremos nuevas Comisiones para la Paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni Comisiones que deslinden responsabilidades judiciales. Exigimos el fortalecimiento de los equipos existentes, el cumplimiento de la ley mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, el respeto al trabajo de los equipos de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandamos, una vez más, que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen.

Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, objeto compartido por el proyecto del senador Goñi. Reiteramos: los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional.

El derecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que, en los hechos, reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces, contraria a las obligaciones asumidas por el Estado, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recordemos que ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad. A la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados por esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen, además, en condiciones de privilegio, por lo que las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada, orientada —con nombre y apellido— a beneficiar a un grupo muy específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y fueron condenadas por crímenes gravísimos.

Quienes hoy se encuentran procesados y formalizados por la justicia, conocieron todas las garantías del proceso judicial; garantías que las víctimas no tuvieron. Las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, tenemos derecho a la justicia, a una sanción acorde a la magnitud del daño sufrido y a las garantías de no repetición. La flexibilización del cumplimiento de la pena genera revictimización y lastima la confianza en el sistema judicial.

Por todo ello, reafirmamos con absoluta claridad que esta iniciativa no busca justicia: busca impunidad. No es una ley general ni abstracta. Es una ley hecha a medida, con destinatarios concretos, y constituye un retroceso inadmisible en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Se afirma que el objetivo es cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional. Y a esto cabe responder: quiénes más que las madres han sabido ser dignas; cuánta dignidad hay en quienes esperamos y golpeamos puertas buscando respuestas desde hace más de 50 años. Cuánta serenidad en quienes hemos enfrentado la mentira una y mil veces.

El senador Bordaberry pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de “reconciliación” desligada de la verdad y la justicia. En ese marco, se reinstalan lógicas encubiertas de amnistía que relativizan la centralidad de las víctimas. Establecer una reconciliación implica aceptar la existencia de dos bandos y eso está lejos de la verdad. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror.

Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos -que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares- nos marcan el camino a recorrer.

Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la Memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad.

Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con Memoria, Verdad y Justicia.

Solo así podremos construir un Nunca Más.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos