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Se trata de normativas que surgen del trabajo realizado en el marco del “Programa de apoyo a la reforma de políticas en recursos hídricos y residuos sólidos”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que para el ministro Ortuño, "son un avance en la normativa ambiental en temas tan importantes para el país como la calidad de las aguas y la prevención de su contaminación".
En ese sentido, se aprobaron dos decretos que apuntan a prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas estableciendo objetivos de calidad y condiciones para las actividades potencialmente contaminantes con una mirada integral y de cuenca. El Decreto Nº 226/025 busca conservar y promover el uso sostenible de nuestros recursos hídricos.
El nuevo decreto actualiza la normativa del año 1979 que "estaba muy enfocado en los vertidos. Con la actualización a través del decreto 226/25 se avanza hacia una perspectiva integral y se incorporan nuevos contaminantes y sustancias que antes no estaban regulados, porque la normativa del año 79 no recogía los avances científicos en la materia", sostuvo el jerarca.
A su vez, se reglamentaron las actividades y obras que puedan afectar el drenaje y el escurrimiento de aguas pluviales en áreas urbanas y suburbanas promoviendo soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de cuerpos de agua y la coordinación interinstitucional para preservar los ciclos hidrológicos. De esta manera, se orienta la gestión hacia el mantenimiento y la mejora de la calidad del agua como eje central de la política pública.
En materia de residuos, las nuevas disposiciones regulan los desechos generados en obras de construcción, reforma o demolición, estableciendo la responsabilidad de sus generadores, los sistemas de trazabilidad, planes de gestión y criterios de destino final que promueven su gestión integral y por tanto se avanza hacia una economía circular. "Una actividad tan importante para el país, como la construcción, ahora también tiene una normativa para una gestión sostenible de los residuos de las obras de construcción”, destacó el ministro.
Por otro lado, se aprobó el decreto Nº 227/025 que incorpora a las baterías de movilidad eléctrica en la línea con la segunda transición energética y actualiza la gestión de las baterías de plomo ácido. Además, regula la recolección, el traslado, almacenamiento, tratamiento y valorización de las baterías de más de 1 kW con el fin de hacer un tratamiento adecuado de este tipo de materiales críticos. Ortuño reconoció que “la regulación de las baterías de los autos eléctricos es otro de los desafíos que nos planteaban en el inicio de la gestión y que hoy le estamos dando respuesta, promoviendo el reúso y la gestión sostenible, comprometiendo además a los responsables en la generación de los residuos".
En otro orden, la nueva normativa sobre donación de alimentos prohíbe su enterramiento, incentiva las donaciones aptas para el consumo y otorga beneficios fiscales a las empresas que participen en estas prácticas solidarias. Esto implica menos desperdicio, más responsabilidad y un sistema de donaciones con control y respaldo institucional.
En cuanto a la conservación de nuestros ecosistemas, se aprobó un nuevo decreto que establece los 37 humedales de importancia ambiental para nuestro país totalizando 800.000 hectáreas en las cuencas de Santa Lucía, Río Negro, Río de la Plata, Laguna Merín y el Océano Atlántico. La norma prohíbe su desecación, drenaje y cualquier obra que altere el régimen hidrológico o implique pérdida de vegetación natural.
Con este paquete de medidas, nuestro país avanza hacia un marco regulatorio más sólido que combina la gestión responsable de residuos, la seguridad hídrica y la defensa de ecosistemas estratégicos.
Decreto N° 213/025 Reglamentación gestión de residuos de obras de construcción (ROCs)
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