Crecen bajo techo, pero sin hogar. Cumplen 18, pero no saben a dónde ir. El nuevo informe de UNICEF, La infancia invisible: crecer en hogares 24 horas en Uruguay, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda de cientos de niños, niñas y adolescentes que pasan su infancia y adolescencia bajo la tutela del Estado. A los 18 años, muchos de ellos deben abandonar el hogar que los vio crecer, sin redes familiares, sin trabajo y sin un lugar donde empezar una vida independiente.

El informe es un espejo más del país: muestra tanto los avances en la protección infantil como las deudas pendientes de un sistema que protege, pero no siempre acompaña.

Las llamadas casas cuna nacieron en Uruguay como una extensión de las políticas sociales. Su propósito era ofrecer cuidados a los hijos de las mujeres que trabajaban fuera del hogar, especialmente empleadas domésticas y obreras. La lógica era clara y simple: liberar a la mujer para el trabajo sin que ello implicará abandonar a sus hijos.

Con los años, esas experiencias derivaron en un entramado más complejo de instituciones. El Consejo del Niño —y luego el INAU— asumió la tarea de atender situaciones de vulneración de derechos. Así surgieron los hogares 24 horas, espacios donde niños y adolescentes ingresan por razones judiciales o sociales, con el propósito de protegerlos. Pero el tránsito de la “asistencia” a la “protección” dejó zonas grises difíciles de resolver.

El informe de UNICEF revela que muchos niños permanecen años institucionalizados, con escasos vínculos familiares o comunitarios. A menudo, los hogares terminan siendo el único entorno estable que conocen, y cuando llega el momento de salir, el salto al mundo adulto se transforma en una caída.

Los programas de “egreso asistido” del INAU buscan acompañar esa transición, pero sus recursos son limitados. Los jóvenes enfrentan un doble desamparo: primero el de haber crecido sin familia y luego el de ser “expulsados” de la institucionalidad al cumplir 18.

Cumplir 18 años, para muchos, no significa alcanzar la mayoría de edad, sino perder la única red de apoyo que han tenido. UNICEF advierte que ese momento suele venir acompañado de ansiedad, miedo e incertidumbre.

Algunos logran sostenerse gracias a programas de inserción laboral o becas; otros terminan en condiciones precarias, sin vivienda estable ni acompañamiento psicológico.

La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (N.º 19.367) contempla la figura del egreso asistido, pero su aplicación depende de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, lo que genera profundas desigualdades entre un hogar y otro.

Uruguay supo ser pionero en políticas de infancia: lo fue cuando creó las casas cuna, cuando consolidó el INAU y cuando reconoció —a través de distintos programas— a los adolescentes como sujetos de derecho.

Pero la verdadera madurez institucional se mide por la capacidad de acompañar sin sustituir, de proteger sin encerrar y de ofrecer una salida digna a quienes crecieron bajo su amparo.

Proteger es más que brindar techo y comida: es construir un puente entre la infancia tutelada y la ciudadanía plena.

La infancia invisible no se mide solo en números: se mide en los silencios de quienes fueron cuidados sin haber sido realmente escuchados.

Uruguay necesita una política de egreso que no sea una salida al vacío, porque proteger no es guardar: es preparar a los jóvenes para iniciar un camino de compromiso y responsabilidad como ciudadanos. No basta, a los 18 años, despedirlos con un abrazo institucional que solo contribuirá a generar una incertidumbre de por vida y un futuro en pausa. Se van de esos hogares de 24 horas con una bolsa de ropa, algunos recuerdos y una pregunta que no debería doler tanto: “¿Y ahora qué?”.

Una verdadera deuda que habrá que saldar más temprano que tarde.

Se podría unificar esfuerzos entre INAU, INEFOP, MIDES y la IMS para poder ayudar en los primeros pasos laborales a dichos jóvenes.