La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Inés Cortés, presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. En ese sentido, la iniciativa busca dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay.

Según explica Cortés en su exposición de motivos, la iniciativa nace a raíz de datos alarmantes que han surgido en relación a este tema: solo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, con un promedio de 24 situaciones por día, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Por ello, el proyecto plantea “superar los vacíos legales actuales y garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria”, se expresa en el proyecto.

En ese sentido, la propuesta establece como homicidio muy especialmente agravado el filicidio, es decir, aquel que es cometido “contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”.

Asimismo, el proyecto realiza modificaciones a los artículos 4 y 8 de la Ley N°20.141 de Tenencia Compartida, y propone derogar el artículo 15.

En cuanto al artículo 4, es el que habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores.

En tanto, el artículo 8 establece sanciones para el progenitor que haya incumplido el régimen de visitas y habilita a que la otra parte acuda al juez, y si el juez entiende pertinente, podrá obligar a la entrega por parte del que reclama. El artículo 15, que el proyecto de Cortés busca derogar, es el que crea un agravante para quienes hayan realizado denuncias falsas contra una persona que tengan hijos en común.

El proyecto presentado por la diputada del MPP también busca fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y crea un Comité Interinstitucional “que asegura coherencia y eficacia en la implementación de políticas públicas” referidas a niños, niñas y adolescentes.

En tanto, la propuesta también obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, además de garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad.

También incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa.

Por último, refuerza la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo planes locales de prevención, corredores seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes.

En su exposición de motivos, Cortés expresa que la violencia hacia la niñez “no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que el Estado debe enfrentar con urgencia”.

Asimismo, afirma que proteger a las infancias es “proteger la democracia, la paz social y el futuro del país”, y apunta a erradicar la naturalización de la violencia en la vida cotidiana mediante prevención, sensibilización social y educación en el buen trato.