El plan establece un abordaje de dimensiones sociales, territoriales, económicas y ambientales para garantizar el acceso a soluciones habitacionales de calidad y adaptadas a las realidades, mejorar la infraestructura y servicios barriales, así como la combinación de respuestas inmediatas a la emergencia habitacional, para reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población.

El diagnóstico, que sustenta el plan, muestra la centralidad de la vivienda en la vida de los hogares uruguayos. Su costo condiciona de manera decisiva los ingresos disponibles: los hogares inquilinos destinan en promedio 24,5% de sus ingresos al alquiler, proporción que asciende a 37,6% en el quintil más bajo, y esto obliga a muchas familias a resignar gasto en alimentación, salud, educación o cultura para poder sostener la vivienda.

Pero el problema no se limita al costo. Hay 66.882 hogares del país —equivalente al 5,4% — que presentan al menos una carencia crítica en materia de vivienda: hacinamiento, falta de acceso a agua potable y saneamiento, ausencia de baño de uso exclusivo o deficiencias constructivas en pisos, techos y paredes. El hacinamiento es la carencia más extendida y afecta directamente la convivencia familiar, la privacidad, la salud física y mental y el rendimiento educativo de niñas, niños y adolescentes.

La falta de conexión a servicios básicos como saneamiento o electricidad agrava las desigualdades territoriales, limitando la calidad de vida de quienes habitan en zonas rurales dispersas o en localidades pequeñas.

Estas cifras reflejan que la política de vivienda no puede reducirse a la construcción de nuevas unidades. Requiere un abordaje integral que atienda simultáneamente la asequibilidad, la calidad habitacional y la integración al hábitat, combinando respuestas inmediatas para los hogares en mayor vulnerabilidad con estrategias estructurales de largo plazo.

El plan quinquenal del Ministerio asume ese desafío: garantizar que más familias accedan a una vivienda adecuada, pero también que las viviendas estén bien localizadas, conectadas a servicios, y en entornos seguros y sostenibles.

El documento, según el MVOT, se apoya en cinco rasgos que buscarán marcar la identidad de la gestión: un ministerio más cercano, que escucha, dialoga y acompaña a las familias en su trayectoria.

Una mirada territorial, que reconoce que las soluciones no pueden ser uniformes, sino adaptarse a las realidades diversas de cada departamento, ciudad y barrio. Una atención integral a la vulnerabilidad, entendida en todas sus dimensiones, de modo que las respuestas habitacionales no se reduzcan a lo material, sino que contribuyan a superar desigualdades.

Políticas transversales, que se piensan y ejecutan en coordinación con otras áreas del Estado, porque la vivienda está profundamente vinculada con la educación, la salud, la seguridad y el empleo. Y finalmente, la complementariedad de herramientas: un sistema público de vivienda que combina programas, instrumentos y modalidades diferentes, que al actuar de manera conjunta se potencian, amplían su alcance y fortalecen al sistema público de vivienda y hábitat.

A partir de este diagnóstico, el plan organiza su acción en cinco grandes lineamientos estratégicos: el primero es la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social, que concentra la atención en los hogares con carencias críticas, en los más de 667 asentamientos identificados en el país y en poblaciones específicas como niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario.

Para estos hogares se prevén respuestas rápidas —a través de materiales, mano de obra y asistencia técnica— que permitan mejorar de inmediato las condiciones de vida, asegurando al mismo tiempo la continuidad hacia soluciones más estables.

En este eje se proyectan 19.850 acciones sobre el stock habitacional existente, 5.580 subsidios de alquiler y 213 nuevas soluciones habitacionales.

En consonancia con las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo, el plan quinquenal del Ministerio establece que la política de vivienda y hábitat también desempeñará un rol activo en la erradicación de la pobreza infantil extrema.

En ese sentido, en este primer lineamiento estratégico se destaca la creación del programa “Crece desde el pie” en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que busca dar respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional.

Esta iniciativa contempla la coordinación interinstitucional con actores del sistema de salud y de protección social, con el fin de garantizar un abordaje integral y oportuno, así como la intervención directa en las condiciones de habitabilidad.

El segundo lineamiento es el acceso y la permanencia en la vivienda, orientado a diversificar las modalidades de tenencia mediante opciones de propiedad, alquiler social, cooperativas y autoconstrucción, respaldadas por instrumentos de crédito, subsidios y garantías. Dentro de este eje se destaca el programa Primera Vivienda, dirigido a hogares de ingresos medios y medios bajos que encuentran dificultades en el mercado formal.

En total, este lineamiento proyecta 20.681 soluciones habitacionales, junto con 640 acciones de mejora del stock existente, además de 1.200 subsidios parciales de alquiler y 3.800 garantías de alquiler, ampliando el alcance del Sistema Público de Vivienda (SPV) a sectores que tradicionalmente han quedado excluidos.

También se proyecta en este segundo lineamiento, las modificaciones del programa “Entre Todos” que se ha llevado adelante para acceso a viviendas promovidas amparadas a la Ley 18.795 dirigida a población objetivo del MVOT. Esta revisión y evaluación pretende transitar hacia un programa que permita -fundamentalmente- reperfilar los mecanismos de acceso, con tope de precios para las viviendas y subsidios a la demanda.

El tercer lineamiento también se orienta a la vulnerabilidad social, pero con foco en la integración urbano–rural. Impulsa intervenciones en barrios y localidades pequeñas que incluyan realojos, mejoras, procesos de regularización y conexión a saneamiento. Bajo este lineamiento se proyecta llegar a 17.370 hogares, que incluyen la concreción de 4.620 nuevas soluciones habitacionales. En esta línea de acción Mevir desplegará programas integrales en su área de actuación, beneficiando a las familias del interior disperso y de localidades menores a 15.000 habitantes.

Además de los programas Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones, se destaca en este lineamiento la creación del Programa Más Barrio, que buscará impulsar intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socio-territorial y violencia, con el objetivo de transformarlas en comunidades habitables, seguras e integradas.

El cuarto lineamiento refiere al suelo urbano, con la puesta en marcha de una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU). Su objetivo es aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, articulando vivienda, infraestructura y equipamientos.

Finalmente, el quinto lineamiento se centra en la gestión del SPV, con el propósito de fortalecer la planificación, el monitoreo y la evaluación basados en evidencia, así como promover la transparencia y la participación social en todo el proceso de implementación.

El plan del MVOT contempla respuestas de emergencia, programas estructurales y políticas territoriales, con la convicción de que la vivienda es un derecho y una plataforma para acceder a salud, educación, trabajo y ciudadanía plena.