El anuncio del ministro Carlos Negro sobre un nuevo “plan nacional de entrega voluntaria de armas” marca un retorno insólito a políticas que ya demostraron, por la vía de los hechos, su ineficacia total. En lugar de aprender de los errores del pasado, el Frente Amplio parece empecinado en reeditar sus fracasos con otra mano de maquillaje. Esta vez no hay bicicletas —aún—, pero la lógica es la misma: suponer que el crimen organizado y los delincuentes comunes, esos que siembran miedo en barrios enteros y transforman a las cárceles en campos de batalla, van a hacer fila con sus revólveres y fusiles para entregarlos en un acto de civismo.

Cuesta creer que esta propuesta sea seria. Ya lo intentaron antes: durante la era Bonomi se ofrecieron bicicletas... ¿El resultado? El crimen no bajó, las bocas de venta de drogas proliferaron, y las cifras de homicidios alcanzaron récords históricos. Y si bien hoy la situación carcelaria es crítica —y no hay que negarlo—, eso no convierte al viejo error en nueva solución. Muy por el contrario: es una muestra más del desconcierto y la falta de ideas reales para enfrentar la inseguridad.

El dato que usa el ministro para justificar el plan —un millón de armas ilegales— es alarmante, pero también lo es su ingenuidad: ¿cómo se combate eso apelando a la buena voluntad de los peores? ¿En serio se cree que quienes matan, extorsionan, rapiñan o trafican van a renunciar a su herramienta de poder por un vale o una palmadita institucional?

El problema de fondo es que el oficialismo insiste en poner el foco donde no está la amenaza. Las campañas de desarme pueden ser útiles como gesto educativo o complemento de estrategias más amplias, pero jamás pueden ser el eje de una política criminal. El problema del Uruguay hoy no es el arma en sí, sino quién la tiene, cómo la usa y qué hace la justicia cuando se la encuentra.

Mientras tanto, el gobierno sigue sin respuestas estructurales frente a la escalada de homicidios, la violencia carcelaria, el auge de bandas territoriales y la creciente impunidad. De eso se habla poco. En lugar de endurecer penas, reforzar a las fiscalías o avanzar en la trazabilidad de armas robadas, se propone una especie de trueque simbólico que solo sirve para cubrir titulares.

La inseguridad es demasiado seria como para abordarla con recetas vencidas. Si de verdad se quiere desarmar al crimen, hace falta otra cosa: inteligencia policial, respaldo institucional, firmeza jurídica y una voluntad clara de enfrentar al delito donde opera, no donde fantaseamos que se arrepiente.

Porque mientras el Frente Amplio recicla eslóganes, los delincuentes no entregan sus armas: las usan.