Aprobado por el Consejo Directivo Central el 6 de mayo, junto a otros tres espacios similares, el Instituto buscará consolidarse como referencia para los tomadores de decisiones en Uruguay. 

Andrea Vigorito (AV), magíster en economía, docente e investigadora, y Gustavo Pereira (GP), doctor en filosofía, docente e investigador, son los responsables del Instituto. En una entrevista con el Portal Udelar contaron que quienes integran el espacio ya están trabajando en su puesta en marcha. Más de 30 personas, entre estudiantes, docentes e investigadores componen la estructura del Instituto en este momento, contó Vigorito y añadió que luego se irán incorporando aproximadamente unas 50 personas más. 

«La posibilidad de juntar equipos que ya han desarrollado líneas de trabajo conjuntas y pensar una agenda de trabajo permanente es un salto cualitativo. Esperamos que aporte sobre todo a la formación, a la posibilidad de consolidación de investigadores jóvenes, y a la apertura de nuevos temas para lograr diálogos interdisciplinarios», manifestó. 

¿A qué se refieren cuando hablan de desigualdades? 

Gabriel Pereira (GP): Capaz que lo interesante es preguntarnos cuáles son las desigualdades que nos preocupan. Serían aquellas desigualdades que constituyen algún tipo de injusticia. El procesamiento de las discusiones sobre justicia social nos permite identificar cuáles de esas desigualdades existen naturalmente en una sociedad, cuáles son aceptables y cuáles no. 

Andrea Vigorito (AV): [Nos referimos a] desigualdades de recursos, reconocimiento, intrafamiliares, a nivel de estratos socioeconómicos, género, vínculo racial. Una de las cosas que une al grupo desde el inicio es esta visión de la desigualdad como compuesta de diversas esferas. El Instituto da la posibilidad de desarrollar el estudio de varias simultáneamente, no quedarnos solamente en la desigualdad de recursos, ni en las esferas más asociadas al reconocimiento. 

¿Qué concepto de justicia social manejan? 

GP: No manejamos un concepto estricto. En términos generales, podríamos definir la justicia como las cargas y beneficios de la cooperación social que nos otorgamos unos a otros. Es decir, la justicia sustancialmente relacional, [consiste] principalmente en estructuras y relaciones sociales en las que nos otorgamos distintas formas de entender cómo deben distribuirse y garantizarse los beneficios y las cargas que resultan de la vida en sociedad. Es importante tener muy claro que el vivir en sociedad nos brinda beneficios, pero también cargas. Eso se suele denominar como razonabilidad, un ciudadano es razonable cuando es capaz de reconocer ambas cosas. 

Uno de los problemas que tienen las sociedades contemporáneas es que esta razonabilidad está bastante comprometida, porque como consecuencia de algunas narrativas los ciudadanos tienden a focalizarse solamente en los beneficios, pero no las cargas necesarias. Ahí también entra, al menos lateralmente, una de las preocupaciones que tenemos, que es cómo educar el sentido de justicia. El sentido de justicia no es algo con lo que nacemos, esta razonabilidad no es algo con lo que nacemos, es algo que adquirimos, que aprendemos. Por lo tanto, una educación para la justicia es crucial en las sociedades democráticas, y es uno de los puntos que pensamos llevar adelante. 

Las desigualdades y su vínculo con el ejercicio de la ciudadanía 

Para Pereira, este «déficit de razonabilidad» es un problema serio que buscarán «hacer visible» a partir del trabajo del instituto. Por esa línea, Vigorito señaló que en América Latina se han hecho estudios que muestran que «hay una caída grande en la proporción de personas que dicen que el Estado debe intervenir para resolver problemas de desigualdad». Eso significa que «hay menos apoyo para las políticas redistributivas», a la vez que hay «una mayor proporción de personas que dicen que la pobreza tiene raíces individuales», indicó. 

Un aspecto fundamental para abordar esta problemática es la forma en que se mide la desigualdad y sobre qué enfoques se aborda. Vigorito planteó que en Uruguay «a nivel de estadísticas oficiales hay una insuficiencia importante» y que hay margen para mejorar. Por ejemplo, en materia de desigualdad económica y en vínculo con la razonabilidad ciudadana de la que habló Pereira, propuso que pueden hacerse encuestas que indaguen sobre el grado de aversión y tolerancia a la desigualdad, que señaló como «un área importante de trabajo propuesta en el Instituto». 

De todas formas, la docente indicó que no solo se necesitan encuestas para estudiar las desigualdades económicas, sobre todo lo que tiene que ver con riqueza e ingresos: «sabemos que las personas, sobre todo las de ingresos altos, subdeclaran o directamente no declaran [su patrimonio] en las encuestas». Para poder medir este parámetro, apuntó que se puede incorporar información proveniente de registros tributarios y de las cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay. 

Por otra parte, explicó que las estadísticas se centran más en la pobreza que en la desigualdad y que quedan otras dimensiones sin ser contempladas. Una de las desigualdades en la que buscan hacer énfasis es la de reconocimiento, que es «un aspecto sustantivo de lo que entendemos por justicia», apuntó Pereira. 

El reconocimiento «es un elemento constitutivo de nuestra identidad: nos convertimos en agentes, en sujetos autónomos a través de relaciones de reconocimiento que atraviesan nuestra vida», explicó. Cuanto este tipo de relaciones son «saludables» nos permiten «constituir nuestra estructura motivacional. Esto se puede ver en el autorrespeto que desarrollamos, al igual que en la autoestima y la autoconfianza que nos posibilitan tomar parte en la vida de la sociedad». 

Cuando la estructura motivacional de una persona se lesiona a través de desigualdades, se compromete su capacidad de «ser un ciudadano pleno», subrayó Pereira. «Las desigualdades económicas y sociales pueden afectar esta estructura motivacional. Podemos decir que un grupo importante de las desigualdades que nos preocupan son aquellas que pueden socavar la estructura motivacional de los ciudadanos», afirmó. 

 «La desigualdad y la pobreza son un problema serio para la democracia»

¿Cuáles son las principales desigualdades que identifican en Uruguay? 

AV: Las desigualdades económicas, los temas de género, el vínculo racial. El acceso a los recursos sigue siendo un tema fundamental y que está indirectamente presente en la discusión pública. Muchas veces la discusión hace mucho más foco en los temas de pobreza que en los temas de desigualdad, que en realidad tienen mucho que ver con sus causas. 

Un tema que se está empezando a visibilizar en la agenda política es la pobreza infantil [De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadística, en 2024, la pobreza entre los niños menores de 6 años ascendió al 32%. En la franja de 6 a 12 años se estableció en un 28,1%, mientras que en los adolescentes de 13 a 17 años es de 27,5%]. ¿En el instituto tienen pensado abordar este tema? 

AV: Pienso que hablar de pobreza infantil por sí solo empobrece la discusión. La pobreza infantil no es un problema de los niños, es un problema de la capacidad de generación de ingresos de los adultos. Y eso tiene que ver con la política salarial, desde el salario mínimo hasta los Consejos de Salarios y las posibilidades de empleo. 

Como que todo el mundo está pensando en niños sueltos pobres, pero esos niños no generan su ingreso. Estamos pensando en la pobreza que se mide con la encuesta de hogares, en la que ni siquiera está la gente en situación de calle. Enriquecer esa discusión podría ser una tarea del Instituto, vincularla con los problemas de desigualdad y de justicia social. Ahí hay mucho para aportar también en una conversación que, desde mi punto de vista, ha quedado muy centrada en la visión más económica del problema. Acá vamos a tener más perspectivas. 

La gran discusión es qué está dispuesta a hacer la sociedad uruguaya para reducir eso llamado pobreza infantil. Y ahí no es tan claro que para todo el mundo sea una prioridad, más allá de que todo el mundo dice que es horrible que haya niños pobres. 

GP: En esto puede verse el déficit de razonabilidad, esa capacidad ciudadana para reconocer que además de beneficiarme tengo que contribuir a la vida de la sociedad. Creo que en nuestra sociedad tenemos un problema importante en eso, que no es exclusivo de Uruguay porque es una tendencia mundial que se dio a partir de la década del 70. El resultado es que cada vez somos más insensibles a la desigualdad. 

Además, tenemos menos compromiso o queremos contribuir de menor forma a la realización de la justicia. Ese déficit de razonabilidad es un problema serio y vamos a tratar de hacerlo visible a partir de las investigaciones del Instituto.

¿El estudio de las desigualdades también conlleva estudiar a quienes concentran el capital en Uruguay? 

AV: Sí. Ya hay bastante acumulación de trabajo en eso en Uruguay. No solo de parte de gente vinculada a nuestro grupo, sino todo el trabajo que se ha hecho desde hace décadas. Estudiar la riqueza y su distribución es algo que también se piensa hacer en el marco del Instituto. Vincularlo también con lo que pasa a nivel latinoamericano. La desigualdad nos permite mirar toda la sociedad y no concentrarnos solo en la parte baja, que sería una discusión sólo de mínimos vinculados a la pobreza.

¿Qué consecuencias puede tener para Uruguay no atender sus desigualdades?

GP: Creo que el impacto es un debilitamiento de la democracia, ese es el riesgo mayor que tenemos, un debilitamiento de la condición de ciudadanía. La desigualdad y la pobreza son un problema serio para la democracia. El incremento de la desigualdad genera sociedades menos estables y esto no solo es advertido por grandes filósofos como John Rawls, sino también es comprobable empíricamente en muchas sociedades contemporáneas. 

Hay dos rasgos muy básicos que deben cumplir los ciudadanos de una sociedad justa, y es la condición de ser libres e iguales. Si esos dos rasgos se socavan, lo que colapsa es la condición de ciudadanía y lo que se afecta es la vida democrática. Un compromiso con una democracia como la uruguaya, con su historia, su tradición, que todos reconocemos con orgullo, requiere atender con mucha responsabilidad estas desigualdades. 

Con una impronta «latinoamericanista» 

20 años de trabajo del grupo interdisciplinario Ética, Justicia y Economía anteceden la aprobación del Instituto. El espacio, compuesto principalmente por investigadores del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), tiene como puntos de interés las desigualdades y la justicia social. Con la aprobación del instituto se amplió el abanico de disciplinas. A las personas expertas en Sociología, Filosofía y Economía se incorporaron exponentes de las áreas Demografía, Historia, Política y Derecho, para ampliar la diversidad de miradas.

En el documento de presentación del Instituto se afirma que el espacio buscará «contribuir al debate público sobre temas como la libertad, el mérito, la justa desigualdad y el esfuerzo». Por esa misma línea, se plantea que «contribuirá a la discusión pública con análisis rigurosos y alternativas para el diseño y evaluación de políticas públicas, siendo crucial en contextos de crisis para apoyar la toma de decisiones estratégicas».

Según Pereira, la discusión pública en torno a las desigualdades y la justicia social «es bastante irregular»: «en algunas cuestiones se procesa relativamente bien, en otras es realmente mala. Nosotros queremos asumir la responsabilidad de tener un rol de contribución, tal vez de dinamización, de esa discusión pública, que muchas veces, por las características propias de la dinámica política, termina en una especie de discusión de boliche». 

El Instituto tendrá tres líneas de investigación interconectadas. De acuerdo con el documento de presentación, a través de la primera línea buscarán «comprender qué teorías y enfoques sobre justicia social y desigualdad social son más adecuadas para entender el contexto latinoamericano». En segundo lugar, plantean estudiar «cómo se manifiestan las desigualdades en América Latina» y, por último, «qué modelos institucionales y políticas públicas son más efectivos para abordar las diferentes desigualdades». 

Consultados sobre el enfoque regional expuesto en las temáticas a investigar, Pereira manifestó que el instituto tiene una vocación «latinoamericanista»: «principalmente porque tenemos una historia en común, porque nos afectan problemas similares». En ese sentido, planteó que «las salidas para poder constituir sociedades más justas, más democráticas, deberían tener puntos de convergencia con el resto de las sociedades latinoamericanas». 

«Creo que las distintas experiencias de investigación que se pueden llevar adelante en los distintos países en América Latina son un gran insumo», resumió. De todas formas, aclaró que también mantendrá vínculos con instituciones y centros de otras partes del mundo, como Europa y Estados Unidos. 

Además de las líneas de investigación, el Instituto creará una Unidad de Generación de Información Socioeconómica y Comportamental, que apoyará el desarrollo de la agenda de investigación. De acuerdo a Vigorito, una de las funciones de la Unidad es «trabajar y acondicionar información que ya existe» y relevar nueva. A manera de ilustración, contó la experiencia del Estudio Longitudinal del Bienestar en Uruguay, que lleva adelante el Instituto de Economía de FCEA. 

Esta iniciativa consiste en un seguimiento periódico a una generación de niños y niñas que comenzaron la escuela pública en 2004, luego de la crisis de 2002. Según la web de la Facultad, el objetivo principal es «estudiar el bienestar de este conjunto de niños/as desde una perspectiva multidimensional, y evaluar sus trayectorias y la evolución de su entorno en el largo plazo». La intención es que a través del Instituto, que permite proyectarse a futuro y con un mayor grado de estabilidad, se generen más iniciativas similares. 

La información no se limitará a estudios cuantitativos, aclaró Vigorito, ya que el grupo incorporará materiales cualitativos provenientes de entrevistas, grupos focales y documentación en formatos variados. Con respecto a la dimensión Comportamental, la docente explicó que la Unidad realizará «encuestas periódicas de actitudes sobre algunas temáticas» y estudios sobre cómo se desarrollan actitudes, percepciones y creencias sobre las temáticas de interés del instituto en distintos periodos de tiempo.

Con respecto a otro tipo de iniciativas que puedan generar desde el espacio, Pereira contó que una de las inspiraciones del Instituto es el proyecto de utopías reales del sociólogo estadounidense Erik Olin Wright. Esto consiste en transformaciones sustantivas y realizables de las sociedades contemporáneas, entre algunas de las medidas y diseños institucionales que se han planteado en este contexto está la aplicación de una renta básica universal. Desde el equipo valoran realizar una investigación comparativa con simulaciones «de la aplicación de una renta básica y de una medida de empleo universal para todos los ciudadanos del país», contó el docente. 

A su vez, otro de los «posibles diseños institucionales» que esperan trabajar desde el Instituto es la creación de un programa educativo de educación para la justicia orientado al desarrollo de  la razonabilidad. Pereira reconoció que es posible que en el desarrollo de las actividades del Instituto no se generen «muchas utopías reales”, pero planteó que el instituto trabajará sobre esas «preocupaciones» para ofrecer nuevos caminos frente a los desafíos que enfrentan Uruguay y la región.

(*) fuente UDELAR