Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) vemos con beneplácito las versiones de prensa que indican que no se utilizará agua del Río de la Plata para el abastecimiento de Montevideo y el área metropolitana, en especial de la zona de Arazatí técnicamente cuestionada por temas de salinidad y contaminación.

Queremos destacar que nada de esto hubiera sucedido sin la movilización social que con apoyo técnico y académico puso en evidencia los problemas legales, ambientales, sociales y económicos del proyecto.

Sin embargo, vemos con preocupación que se pretende mantener un contrato que viola normas constitucionales, algo inaceptable para un país que usa como su marca el respeto de las leyes y la “seguridad jurídica”. No se habla de rescindirlo y menos de anularlo.

Lo que ha trascendido indica que de alguna forma el proyecto cambia de lugar ya que se plantea otorgarle al consorcio obras en una potabilizadora de similar tamaño pero en el río Santa Lucía.

Eso sería en realidad un nuevo proyecto, diferente al originado por la iniciativa privada en Arazatí y es difícil entender que pueda ser adjudicado a las empresas sin una licitación. Ese nuevo proyecto debería también cumplir con todos los requerimientos para la obtención de una autorización ambiental.

Si no se cambia el contrato, se continuaría con la violación de la Constitución, al otorgarles a empresas privadas intervención directa en el abastecimiento de agua a la población  por la aducción y el manejo del agua bruta que se establece en el contrato.

También sobre el contrato, ha trascendido que se mantendrá el modelo financiero de los pagos por disponibilidad y mantenimiento, algo que se ha demostrado es altamente inconveniente y sólo supone desmedidos beneficios para las empresas contratistas, en forma ganancias financieras, pues se triplica el costo de las obras sin justificación económica ni financiera.

Por otra parte, no se habla de ninguna obra para la reparación y renovación de las redes de distribución que se reconoce pierden al menos el 50% del agua que se extrae del río Santa Lucía.

Se supone que la nueva potabilizadora permitiría contar con 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable. Un volumen menor que el de las pérdidas de la red cuya reparación haría innecesaria esta obra.

Así, a la par que celebramos el entierro del nefasto Proyecto Neptuno en Arazatí, estamos alerta a todos los importantes aspectos reseñados, que podrían significar un nuevo Neptuno con diferente localización.

Afirmamos el intransferible papel del Estado en la prestación del servicio público del agua, como lo establece el art. 47 de la Constitución y el valor de la movilización social en temas de interés general.