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Yamandú Orsi celebró que se trate el tema y se pueda escuchar experiencias de otros países en relación a la implementación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay.
Expresó que está convencido de que es el camino correcto y señaló que es un buen punto de partida el hecho de que los partidos políticos con representación parlamentaria incorporaran el tema en los programas de gobierno que presentaron para las elecciones nacionales de 2024.
El mandatario dijo que es necesario promover mejoras para garantizar el acceso a la justicia, una condición fundamental para la seguridad pública. “Una justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia”, aseveró.
El seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Presidencia de la República.
La función jurisdiccional está reservada a los jueces
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, manifestó que la finalidad de un Ministerio de Justicia es atender una diversidad de temas relacionados con el funcionamiento sistémico de la justicia, “no con la función jurisdiccional”.
Fue contundente al afirmar que, en Uruguay, la función jurisdiccional está reservada exclusivamente a los jueces.
Añadió que el organismo tampoco asumirá facultades inherentes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni a la Suprema Corte de Justicia, porque “dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”.
Nueva institucionalidad
En tanto, la representante residente interina del PNUD, Paloma Morazo, consideró que Uruguay se encuentra ante la oportunidad de construir un consenso político y social que permita avanzar hacia una transformación profunda de su sistema de justicia.
La directora regional para América Latina y el Caribe de ese organismo, Michelle Muschett, opinó que el proceso hacia la concepción de una institucionalidad de nueva generación, que abarque las políticas públicas relacionadas con la justicia y los derechos humanos, representa un hito para Uruguay.
Participación de expertos internacionales
En el seminario también expusieron la magistrada y política Pilar Llop, de España; la abogada consultora en derecho penal Ana Linda Solano, de Colombia; el abogado y consultor Germán Garavano, de Argentina, y el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos.
Además, asistieron el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director general de la Presidencia, Diego Pastorín, entre otros.
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