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Con la finalidad de impulsar cambios en la matriz de protección y seguridad social, este martes 22, se realizó la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. En la oportunidad, se analizó la hoja de ruta del Gobierno para fortalecer el sistema, a partir de cuatro puntos principales: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió al desarrollo de esta primera jornada. El punto de partida fue conformar el órgano ejecutivo, para luego abordar el diálogo social, al que definió como el ámbito para alcanzar acuerdos entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y las organizaciones. El énfasis estará en la cobertura, la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad financiera y el financiamiento que puedan tener estas acciones, sostuvo.
El Diálogo Social incorpora una estructura y metodología, con un órgano de conducción política para negociar y construir acuerdos a través de la comisión ejecutiva, que contará con 18 integrantes y sus respectivos suplentes.
Por su parte, el titular de la cartera de Trabajo, Juan Castillo, indicó que el Gobierno cumple con su compromiso de convocar al intercambio, que describió como “permanente”. Informó que a partir de la semana próxima se recibirá a distintas delegaciones, iniciando por el PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y las cámaras empresariales.
“Vamos a estar receptivos y abiertos”, serán dos primeros meses de trabajo recorriendo el país, afirmó.
En el encuentro, se establecieron los lineamientos metodológicos y temáticos que guiarán este proceso orientado a construir propuestas integrales, equitativas y sostenibles, frente a los desafíos demográficos, sociales y económicos que enfrenta el país.
El lanzamiento oficial del Diálogo Social está previsto para julio de 2025. A partir de entonces, se desplegará una fase participativa de alcance nacional, que incluirá seminarios temáticos, conversatorios, audiencias con delegaciones, consultas territoriales y canales virtuales de aporte ciudadano. La Universidad de la República participará en el proceso; realizará el análisis y la sistematización de los insumos aportados.
El resultado será un documento con acuerdos y propuestas concretas que se presentará al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril de 2026.
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