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El tornado de Dolores, ocurrido el 15 de abril de 2016, se convirtió en uno de los desastres súbitos más extremos que ha enfrentado nuestro país.
Ese día, se registraron fenómenos hidrometeorológicos adversos que impactaron gravemente a la población expuesta. Un tornado, con vientos que alcanzaron entre 250 y 330 kilómetros por hora, azotó la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. Además, se produjeron inundaciones de ribera y de drenaje, provocadas por lluvias copiosas que afectaron a 19 departamentos, siendo especialmente virulentas en San José, Colonia, Treinta y Tres, Rocha y Durazno. Como resultado, 12,470 personas fueron desplazadas; de ellas, 2,954 fueron evacuadas y 9,516 se autoevacuaron. Las consecuencias también incluyeron la afectación de la movilidad interna, la producción agropecuaria, los medios de vida, las viviendas y las infraestructuras.
El tornado dejó un saldo devastador: 1,643 padrones resultaron afectados, de los cuales 251 sufrieron pérdidas totales, 521 daños mayores y 871 daños menores. En total, 163 locales comerciales en 67 manzanas se vieron impactados. El 48% de ellos fueron destruidos, el 18% dañados y el 34% presentó alguna afectación. Lamentablemente, se registraron 10 muertes, cinco a causa del tornado y cinco por las inundaciones.
La evolución institucional asociada a eventos extremos
En Uruguay como ocurre en otros países, la evolución de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) ha estado marcada por la ocurrencia de eventos extremos que han puesto de manifiesto las carencias institucionales y la necesidad de avanzar en esa dirección.
Es así que el incendio que afectó el Palacio de la Luz en la madrugada del 13 de agosto de 1993 propició el inicio de un proceso de trabajo que culminó con la entrada en vigencia del Decreto 103/995 del 24 de febrero de 1995 que estableció un marco permanente de trabajo en preparación y respuesta centrado en aspectos logísticos y operativos.
En igual sentido el ciclón extra-tropical de agosto de 2005 también puso de manifiesto la urgencia de gestionar los riesgos, no solo fortaleciendo las capacidades de respuesta, sino también disminuyendo los patrones de exposición y vulnerabilidad. A partir del proceso de recuperación de las inundaciones de 2007, comenzó un debate sobre la necesidad de nuevas herramientas institucionales para un enfoque más integral de la RRD, que finalizó con la aprobación de la Ley N° 18.621, que creó el Sistema Nacional de Emergencias en octubre de 2009.
De manera similar, el tornado de Dolores no solo evidenció la necesidad de respuestas coordinadas ante emergencias, sino que también subrayó la importancia de la fase de recuperación y la resiliencia de las comunidades.
Esa necesidad de un abordaje integral, que contemplara todas las fases de la gestión del riesgo, motivó la creación de la llamada Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos (JNERR). Se trata de un ámbito de coordinación del Poder Ejecutivo para definir políticas públicas de reducción de riesgos y atención a emergencias y desastres. Fue presidida primero por el prosecretario y luego por el secretario de la Presidencia de la República y cuenta con la participación permanente de los subsecretarios de los ministerios del Interior; Defensa Nacional; Industria, Energía y Minería; Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Vivienda y Ordenamiento Territorial; Medio Ambiente y Desarrollo Social.
La Secretaría General es ejercida por el Director Nacional de Emergencias quien tiene la potestad de convocar –de ser necesario y de acuerdo a la temática- también a los subsecretarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Transporte y Obras Públicas; Trabajo y Seguridad Social y Turismo, así como al Presidente del Congreso de Intendentes.
(*) comunicado del Sistema Nacional de Emergencias.
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