En la actividad de presentación del informe participó el presidente de la República, profesor Yamandú Orsi; el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez; la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona; la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde; la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier; las integrantes del Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, Analía Corti y Florencia Coronel; y la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Marina Morelli.

Los resultados de este estudio se dieron a conocer en el marco del Mes de la Mujer, con datos recopilados en 2024 por el Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado de la ONSC.

Durante la instancia, se analizaron las causas de la desigualdad, se explicaron los desafíos actuales y la importancia de promover estrategias para lograr una mayor representación de las mujeres en la toma de decisiones.

Xavier señaló que es necesario dar un salto cualitativo para redistribuir el poder entre varones y mujeres: “La participación equitativa en cargos de decisión siempre da mejores resultados. Lograrlo requiere de mucho diálogo, para identificar dónde están los candados y cuáles son los recursos necesarios para liberar las situaciones de desigualdad”, expresó.

En ese sentido, la jerarca agregó que la igualdad en el acceso a espacios de toma de decisiones contribuye a mejorar la calidad democrática del país. “No solo es tarea del Estado, sino de la sociedad en conjunto”,  indicó.

Por su parte Cardona hizo referencia a las estructuras estatales que obstaculizan la participación de las mujeres. “Compatibilizar la función con los múltiples roles que se asumen es una dificultad", expresó.

Asimismo, la ministra subrayó que “lo importante es hacer del Estado un espacio más justo, humano y empático".  

Finalmente, Valverde se refirió a las dificultades históricas que han enfrentado las mujeres para asumir cargos de dirección y tareas ejecutivas en el entorno policial.

“Los desafíos actuales pasan por seguir brindando garantías en la igualdad de oportunidades para acceder a estos cargos, promover la participación de más mujeres en roles ejecutivos, revisar el internado en la formación de oficiales y profundizar las garantías en cuanto a denuncias de acoso", señaló.

Los datos del informe

Los resultados muestran que, a pesar de los avances normativos en cuanto a equidad de género, persisten dinámicas que desfavorecen el acceso de mujeres a niveles altos de decisión.

Factores como la división sexual del trabajo y la desigualdad en las responsabilidades de cuidado limitan las oportunidades de liderazgo de las mujeres.

En el Estado uruguayo brindan servicios más de 149.000 mujeres, que representan el 55% de la fuerza de trabajo pública.

Sin embargo, no están suficientemente representadas en cargos de conducción, ya que solo el 42% de estos están ocupados por mujeres. La brecha se profundiza en cargos de alta jerarquía, como los cargos políticos y de particular confianza. Allí, los hombres ocupan el 70% y el 71% de los puestos.

También se comprobó la presencia de segregación horizontal y vertical, ya que existe una concentración de mujeres en sectores tradicionalmente asociados con roles femeninos, como servicios sociales y justicia.

Las mujeres alcanzaron un nivel educativo superior al de los hombres en promedio, pero esto no se aprecia en un acceso equitativo a cargos de decisión.

En cuanto a la brecha salarial, favorece a los hombres en un 10,48%, aunque en los niveles 1 y 2 las mujeres ganan ligeramente más.