El pasado miércoles el parlamento nacional, a pocos días de terminar su mandato, aprobó una ley que pretende regular el trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías y transporte de personas.

Este proyecto fue cuestionado por el instituto de derecho del trabajo de la universidad de la república, por los trabajadores organizados de UBER, por académicos independientes, por la oposición y por nuestra organización que, conjuntamente con las cámaras empresariales, solicitó que se analice en el consejo superior tripartito, ya que el Poder Ejecutivo no lo debatió con nadie antes de enviarlo al parlamento. Solamente estuvieron de acuerdo los representantes de UBER y otras empresas dueñas de estas plataformas. Los parlamentarios oficialistas, no cambiaron un punto ni una coma del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En todo el mundo se viene regulando el transporte de personas y mercaderías a través de plataformas, definiéndolas como empresas de transporte que utilizan chóferes y repartidores para realizar su negocio. Y así lo ha definido unánimemente la justicia uruguaya que ha sostenido que quienes hacen ese trabajo son trabajadores dependientes.

Esta ley sostiene que los chóferes y los repartidores pueden “libremente” acordar las condiciones en las que realizarán la tarea, pudiendo hacerlo de manera dependiente o no dependiente. Llama la atención que unos días antes de aprobarse el proyecto, la empresa UBER, envió a todos sus chóferes, nuevos términos y condiciones, los que debían ser aceptados por los mismos de lo contrario no seguiría trabajando, quién no acepte no trabaja, desmintiendo claramente la idea de que es posible que un chófer o un repartidor pueden negociar condiciones de igual a igual.

Estas empresas organizaron su negocio de tal manera que los costos del trabajo los soporta el trabajador, - auto, combustible, conexión a internet, aportes a la seguridad social-, y ahora la ley les permite también que lo hagan como monotributistas, o sea, aportando menos a la seguridad social. Es una actividad con un alto número de accidentes de tránsito, con resultados de lesiones graves y muertes. Quienes quedan lesionados o sus familiares, tienen escasa protección de la seguridad social. En definitiva, es un negocio donde los costos de funcionamiento los pagan los trabajadores, de la seguridad debe hacerse cargo el Estado y las empresas no aportan y son quienes más ganan. Es un negocio en el que todos los ciudadanos aportamos para que gane una transnacional. La ley, al permitir que los choferes “elijan” su forma de aporte, no solo legaliza esta irritante situación, sino que pretende incluso mejorar la ganancia de las empresas transnacionales, a costa de la seguridad social del Uruguay, recientemente reformada, porque es deficitaria.

Instamos al próximo parlamento a que derogue esta ley y dicte una que, siguiendo las tendencias mundiales actuales, regule este trabajo como lo que es, transporte de bienes y mercaderías.