La presidente del Instituto, Marcia del Campo, indicó que según reportes del Ministerio de Salud Pública (MSP), en la última década, Uruguay tuvo entre 2500 y 3500 personas mordidas al año y que es un tema de gran relevancia en lo que tiene que ver con la salud pública.

Son personas que sufren lesiones, pero, además, las mordeduras constituyen uno de los riesgos más importantes para la transmisión de enfermedades del perro al humano.

Creemos y el MSP también así lo advierte, que existe una sub-cuantificación de este tipo de eventos, ya que muchos de ellos no se notifican o no se consulta al médico, expresó del Campo.

En lo que tiene que ver con denuncias recibidas por INBA por eventos de ataques y/o mordeduras de perros a personas, la presidente destacó que el instituto recibió un promedio de 62 denuncias al mes en los últimos tres años (entre 700 y 800 por año), número que en 2021 ascendía a más de 80 por mes. Estos números son menores a los hechos registrados por el MSP, porque cuando la mordedura o ataque es por parte de un perro del hogar o del círculo cercano, por supuesto no se denuncia.

Los departamentos con mayor número de denuncias en INBA por mordeduras y/o ataques de canes son: Lavalleja, Maldonado y Durazno, seguidos por Canelones, Flores y Treinta y Tres.

Artigas y Soriano son los departamentos que realizan menos denuncias por este motivo.

Del Campo destaca que estas denuncias se deben realizar al Ministerio del Interior (MI) siempre que haya lesiones, ya que pueden implicar consecuencias penales hacia el tutor/tenedor.

Por su parte, la directora ejecutiva de INBA, Marcela Delgado, expresó que, en la gran mayoría de los casos de mordeduras, la ciudadanía espera que el INBA incaute a los animales. Esto preocupa al Estado, ya que evidencia que la población no tiene claro el rol y responsabilidades del tutor/tenedor de un animal de compañía (Ley 18.471, Decreto 204/017). En muchos casos, incluso se desconoce que en el caso de que una persona fallece, la tenencia y absoluta responsabilidad del/los animal/es, la heredan automáticamente sus familiares cercanos, al igual que puede suceder con un hijo, por ejemplo.

“La solución no se restringe solamente a incautar sino a determinar la responsabilidad del infractor e implementar la sanción correspondiente. Por otro lado, cuando existe un antecedente sobre la responsabilidad ese tutor/tenedor, eso puede y debería ser agregado al expediente, el que puede ser penal en caso de que se haya configurado un delito, por ej. de “lesiones”, expresó. Es bueno que los ciudadanos lesionados sepan que pueden realizar una denuncia penal.

Cabe aclarar que en el caso de mordedura de público conocimiento acontecido en Rocha en estos días, dicha Comuna ya había sancionado con multa al infractor, por tanto, el INBA no puede duplicar la sanción administrativa para un mismo hecho.

En dicha instancia incluso, el INBA apoyó y asesoró a la Unidad de Bienestar Animal de Rocha desde un inicio, en las medidas que debían tomarse.

La Asesora Legal de INBA Alejandra Pacífico, indicó que a efectos de resolver una sanción por parte del INBA, las pruebas son fundamentales. En estos eventos de ataques y mordeduras de perros a personas, generalmente intervienen en primer lugar los funcionarios policiales, quienes recaban los elementos probatorios que luego deben llegar al INBA.

Esas actuaciones pueden demorar en llegar al Instituto, por lo cual nuestra intervención queda limitada hasta obtener la información. Cabe advertir además que esa información no es pública, ya que contiene datos personales, de testigos, disposición judicial o fiscal (si se da intervención a dicha autoridad) y que, por tanto, INBA no puede obtenerla de otra forma.

“INBA requiere necesariamente de pruebas a efectos de poder aplicar las sanciones administrativas previstas en la normativa, tanto sean económicas (multas), una confiscación de los animales, como la prohibición de tenencia de animales, finalizó.