En la noche del 28 al 29 de diciembre pasado, un incendio ocurrido en el Módulo 4 del COMCAR, provocado por una agresión de un grupo de internos a otros que estaban jugando a las cartas en su celda, dejó un saldo de hasta ahora seis muertos. Este hecho marca una línea divisoria entre lo que era y es, y lo que debe ser y tendrá que ser, si queremos ser fieles a las tradiciones republicanas, democráticas y humanistas del Uruguay.

No se trata del primer caso de violencia extrema dentro de nuestras cárceles. El incumplimiento de los estándares de rehabilitación y educación en gran parte del sistema penitenciario es un fenómeno de larga, triste y desesperante data. Si bien se suman esfuerzos proactivos para su mejora, también se suceden eclosiones de violencia y problemas crecientes, como un nivel de superpoblación y hacinamiento, que implican la vulneración de derechos y comprometen el desarrollo de una buena convivencia y actividades de rehabilitación.

Los problemas estructurales en las unidades más complejas, ubicadas mayoritariamente en el área metropolitana, desbordan el esfuerzo, el compromiso y la proactividad de la amplia mayoría del personal penitenciario, que diariamente sostiene con humanismo su tarea. Las carencias refieren a ausencias o limitaciones persistentes desde tiempo atrás, de políticas públicas insuficientes, lo que no debe constituir una excusa para la resignación sino un motivo para aumentar los esfuerzos y generar respuestas en todos los ámbitos decisorios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Murieron seis personas jóvenes, frente a los cuales el Estado fracasó, ya no sólo en su obligación de dar oportunidades de rehabilitación, sino también en su obligación de preservar sus derechos fundamentales, como son el de la vida y el de la integridad personal.

Nombramos expresamente a los fallecidos pues hacerlo tiene que ver con el espíritu y con las metas de este comunicado:

• Lauro Matías Rivero Pereira, 25 años
• Leonel Estéfano Rodríguez Fernández, 24 años
• Gustavo Nicolás Fernández Basso, 32 años
• Carlos Guillermo Barreto Suffo, 41 años
• Carlos Alexander Olivera González, 31 años
• Héctor Iván Dutra Antonaccio, 26 años.

Hay tres sobrevivientes, dos de ellos todavía internados y en tratamiento, y otro que afortunadamente fue ya dado de alta.

Estos jóvenes no deben transformarse en un número más, ni en un hecho a olvidar por el pesar que provoca lo ocurrido, sino en un llamado a construir desde ya, aún en contexto electoral, líneas de trabajo que sirvan para avanzar hacia un sistema penitenciario propio del siglo XXI y de la tradición humanista del Uruguay.

En función de esta gravedad de los hechos es que el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de nuestros mandatos nos permitimos recomendar a todas nuestras contrapartes institucionales:

1. Que asumiendo la emergencia de la situación, la vulneración de derechos y la volatilidad del contexto en buena parte del sistema carcelario, el Poder Ejecutivo conforme, a la brevedad, un grupo operativo de nivel interministerial a los efectos de llevar adelante acciones concretas de intervención en recursos humanos, infraestructura, logística, obras y gastos de funcionamiento en las áreas críticas del sistema penitenciario, en especial en la unidad n.º 4 del Comcar por su valor de impacto estratégico, pues allí se alojan casi 5.000 personas (lo que significan uno cada tres presos del país), procediéndose a la asignación presupuestal de partidas extraordinarias o aportes de insumos y bienes por parte de otros organismos.
    
2. La historia nacional es rica en mostrarnos que grandes problemas solo pueden ser resueltos o enfrentados eficazmente al menos con grandes acuerdos. Para ello es necesario contar con ámbitos concretos, plurales y efectivos. Proponemos entonces la implementación de mesas de trabajo a efectos de lograr puntos específicos de acuerdo y trabajo a futuro, que establezcan líneas para la transformación del sistema siguiendo las buenas prácticas nacionales e internacionales de rehabilitación y prevención de la violencia. Para ello, nuestras instituciones comenzarán a la brevedad una ronda de contactos a efectos de promover la implementación efectiva de lo anterior.

Afortunadamente vivimos en un país plenamente democrático y el marco electoral, además de tiempo de debate, evaluaciones y contrapuntos, es también tiempo de análisis y propuestas para reformas que trascienden gobiernos, administraciones y períodos legislativos, pero que se relacionan con el derecho a la vida de todas las personas.

En otras palabras, este tiempo electoral y este tema deberían ser vistos como la oportunidad de lograr un acuerdo que todos los partidos se comprometan a ejecutar una vez finalizada la elección, sea cual sea el ganador y con el compromiso de apoyo irrestricto de los demás.