(escribe Marcelino Rodríguez) Vale la pena y viene al caso, como disparador para desarrollar el presente artículo, citar la película “La Civil”. La misma trata del secuestro de una joven por una organización criminal de Michoacán -México- vinculada al narcotráfico. La poca credibilidad del Estado, producto de la corrupción generalizada, hace que la madre -sin dar cuenta a las autoridades- pague dos rescates sin recuperar sana y salva a su hija. A raíz de ello emprende una maratónica búsqueda y a la vez investiga, obtiene información y hace un seguimiento de los movimientos y acciones de sus captores.

          Ante la natural desesperación y por las circunstancias de la vida se topa con una patrulla militar, destinada a la vigilancia de la zona, y pone en conocimiento de la situación al Teniente a cargo. Este,  ante el relato desgarrador se solidariza con la mamá y acepta ayudarla durante el servicio; en consecuencia le brinda apoyo y ambas partes participan de las redadas, allanamientos donde encuentran personas retenidas en cautiverio y acumuladas como bultos, asesinadas y enterradas en fosas comunes.

          Intervenciones, instancias que se vuelven “non santas”, se alejan de los procedimientos legales frente a la persecución, ubicación, interrogatorio, tortura y muerte incluso a estos bandoleros narcos -autores de miles de secuestros, asesinatos y desapariciones-; resultados que durante el proceso se activan ante la negativa de echar luz sobre el paradero de dicha mujer. Entuerto que se transforma en una guerra sin cuartel, sucia y sin vuelta atrás.

               Interrogante que le asiste al ciudadano de hoy ante la envestida e indefensión mayúscula. Especialmente a la hora de observar y analizar el combate a las organizaciones criminales, mafiosas, terroristas desde la legalidad; incluso la delincuencia común. Se hace cuesta arriba y una quimera su derrota no sólo desde la Inteligencia estratégica, efectividad, golpe táctico de las fuerzas de seguridad, sino que son contingentes que se infiltran en los estamentos más diversos de incidencia, poder y cuentan con una reserva económica, financiera nada despreciable. La cual además de permitir montar sus operaciones se dan el lujo de comprar -por miedo o por corruptos y sin importar cotización- a los funcionarios públicos que deberían enfrentarlos: policías, jueces, políticos, militares entre otros actores. Sin descontar la capacidad de costear “bureau” de renombrados abogados para patrocinarlos ante la Justicia, cuando son detenidos y en consecuencia sortear la cárcel o minimizar su estada.

          Esto trae a colación el siguiente relato. En circunstancias que una mujer viajaba al interior del país en un ómnibus de línea, sentada al lado de un pasajero que iba sobre la ventanilla, ambos fueron espectadores -desde el transporte y a la salida de Montevideo- de un arrebato, protagonizado por dos menores a un señor mayor que se prestaba a ingresar a su domicilio. El hecho encendió los comentarios habituales entre los dos observadores y por supuesto el repudio natural.

          Pero a raíz de ello, el caballero a posterior y en relación con el estado de inseguridad general, se despachó con una historia que da escalofrío.

          Dicho hombre, desconocido para la emisora de esta anécdota, comenzó a narrar: “Su hermano -comerciante- había sido asesinado por un menor, en una rapiña cometida en su local. Luego de ello y de comprobar fehacientemente quién fue el autor, dejaron pasar el tiempo, lo identificaron, buscaron y ubicaron para con un grupo de amigos y en un descuido capturar al referido asesino, conducirlo a la frontera y previo castigo, darle muerte y hacerlo desaparecer.”

          La señora contaba que, le preguntó si era necesario haber tomado ese camino. El individuo en tono de angustia y reflexión a la vez, pero muy firme y sin ningún halo de arrepentimiento le expresó: “La familia había quedado destrozada. Este desenlace dejó a un niño sin su padre y su esposa devastada, además de estar esperando otra criatura en su vientre.”

          “Con esto nadie iba a devolverme la vida de mi hermano, pero tampoco permitir que este “mocoso” cumpliera unos años en un establecimiento del “INAU” y recobrar su libertad para verlo transitar por la calle con el clásico argumento del “reo”: “yo ya pague”.”

          Obviamente y con total certeza me atrevo a asegurar que volvería a las mismas andanzas, a provocar más daños de los que ya había perpetrado -mi experiencia en Comisaría de Menores da fe de lo que afirmo-, sin nada que perder y catapultarse a la carrera delictiva; seguir destruyendo más vidas de inocentes. Todavía considerado víctima e incomprendido por buena parte de la población o un “peso gordo” y reconocido en el ambiente criminal; ni hablar si cuenta en su haber muertes de policías y años de penitenciaría.

          Las circunstancias demuestran hasta dónde puede llegar una persona despechada, traicionada, herida, perjudicada cuando la intervención del Estado no existe, es tibia o no es proporcional al daño que sufren las víctimas o familiares. La típica desconfianza sobre las autoridades o la benevolencia de los órganos de alzada que tienen que arbitrar sobre las conductas de quienes violentan los marcos jurídicos, reglamentarios, de convivencia son materia prima para estas acciones lo más parecidas al lejano oeste, en pleno siglo XXI.

          Pero cuántos de nosotros seriamos capaces de encarar “por mano propia” eventos que no pueden quedar en el olvido, en la impunidad o en el “olvido y perdón”; rememorar esa frase: “lo que aquí se hace, aquí se paga”, referido como simple sentimiento de deseo o actitud real, sin pretender resurgir la “Ley del Talión” y conductas que escapan de la era civilizada.

          Paisaje -aunque parezca una falacia- que se reitera a raíz de la reacción de los ciudadanos, de acuerdo a las consecuencias que provocan aquellos que amenazan, atacan, violan nuestros derechos.

          El “Estado de Derecho” a nivel de país, región, contexto internacional no garantiza que las cosas se hagan bien, corran sobre rieles. La prevención, fiscalización de las respectivas autoridades ya no generan un impacto de inhibición, menos reparo sobre los comportamientos ilícitos, conductas criminales; a su vez quienes legislan y deben interpretar la Ley caen en la tendencia a la asepsia, lirismo e idealismo, desconocen de plano lo que experimenta, requiere el ciudadano común. Eso sí, hasta que lo sufren en carne propia ante el descuido de los custodia o cuando ya no cuentan con el aparato de protección del Estado cuando dejan su rol público y deben resolverse -en materia de prevención y seguridad- como cualquier hijo de vecino.

          Así aparecen organizaciones como “Vecinos Alerta” para cumplir un rol preventivo -ese que no hace el Estado, no llega o es desbordado-, como conformar grupos de vigilancia y autodefensa. No en vano se ha producido algún que otro linchamiento, agresiones a delincuentes apresados a través de las detenciones ciudadanas o aparecidos en las cunetas todos magullados; con el plus, de si son registrados por cámaras existentes en el lugar o testigos -infaltables para salir en defensa del infractor o delincuente, muy pocas veces para colaborar con los honestos y la propia Policía- les puede jugar una mala pasada, así le provean su merecido hasta llegar los efectivos del Orden y ponerlos a disposición.

          Sin ir más lejos, uno piensa y a la vez se pregunta: ¿Mujica, Gavazzo - para dar dos ejemplos notorios- en alguna medida no se arrogaron el papel de justicieros y asumieron conductas sin que las organizaciones a las cuales pertenecían hayan dado el aval?

          Los “Tupamaros” y los grupos guerrilleros aliados quizá adoptaron ese rol ante la corrupción, vicios, defectos, omnipotencia del poder y alejamiento a los requerimientos de la ciudadanía; y por otro lado los militares, policías y civiles hicieron lo propio para defenderse de lo que se presentó como el enemigo del sistema democrático, gobierno y población. Ellos saben y aquilataron la crueldad de la lucha, que se volvió sucia y rastrera; imposible de analizar, sacar conclusiones y juzgar sin tener verdadera dimensión de lo que se experimentó en el Uruguay de la época.

          El tema de los desaparecidos se deslinda sensiblemente del espíritu legítimo de cualquiera de los bandos por poner a disposición del otro -luego de la refriega- los cuerpos sin vida de sus adversarios; testimonio del combate y adjudicarse la autoría de ese abatido. Permitir así y más allá de los motivos que generan los enfrentamientos, la pérdida de vidas humanas, darle sepultura y que sus deudos, compañeros, camaradas puedan llorar, rendir honores respectivamente.

          Si ello no es así, es firme la sospecha que dichas desapariciones o no entrega de los caídos son producto, devienen de actos dolosos o criminales en el ámbito de la Justicia Penal o Militar respectivamente.

          En referencia a los famosos “ajustes de cuenta” que tanto se los obvio o resto importancia en los dos últimos gobiernos del Frente amplio, con la dupla Bonomi y el hermano del extinto Presidente Vázquez a cargo del Ministerio del Interior, vale preguntarse: ¿Serían entre delincuentes a raíz de sus deudas por diferentes motivos o también actos de represalia y desquite de simples ciudadanos, policías, militares -en actividad o retiro- o la combinación de ellos: víctimas del flagelo del delito y que en una misma dirección deciden salir a hacer justicia por mano propia?

          Esto último nunca se manejó ni por asomo. Pues constituiría evidenciar por parte de las autoridades, sospechas sobre sus dependientes, subordinados; además de evitar rememorar épocas pasadas donde se verían reflejados al haber aplicado la vendetta -le denominaban “justicia popular”-, para eliminar blancos bien determinados que oficiaban de obstáculos para sus andanzas criminales y terroristas.

          Ejemplos sobran. La “JUP”, “Juventud Uruguaya de Pie” cuando salió al cruce y enfrentó la violencia instaurada en los centros educativos y universitarios por las brigadas de la “UJC”, “Unión de Juventudes Comunistas” junto a otras agrupaciones aliadas de izquierda como las anarquistas, socialistas; era una época virulenta del Uruguay con el asedio de la guerrilla.  

          Los israelíes hasta el día de hoy, a la caza de los “nazis”. Los primeros y los palestinos enfrentados en una guerra fraticida e histórica por el “Territorio Santo”, donde la Justicia no siempre toma intervención; ello convierte los eventos en actos de venganza que violan permanentemente los “DDHH” de ambos lados siempre con una excusa o causa en mano. Más entristece y se dimensiona, cuando en esas confrontaciones mueren personas inocentes. 

          Estas actitudes de los “Hombres” en la tierra no solo se remiten a conflictos clásicos que tienen que ver con el narcotráfico, los actos de lesa humanidad sino que va más allá; alcanza a los corruptos, tantas otras profesiones y desempeños humanos que provocan serios perjuicios con consecuencias irreversibles para el prójimo, las personas afectadas, sus familias y entorno.

          Solo rememorar aquel individuo, esposo de una paciente que atacó a un médico con resultado de muerte, es testimonio de una realidad que para muchos dolientes es insalvable, imposible de superar; el homicida -en este caso- entendió que el fallecimiento de su señora había devenido de un acto de mala praxis del facultativo. Qué momento de desequilibrio puede ocasionar en cualquiera de nosotros, ver que un ser querido pese a los chequeos permanentes o acusar determinada dolencia se deteriora, producto de que los médicos no dan con el diagnóstico o lo efectúan erróneamente por negligencia, impericia. Ni hablar el drama que ocasionan tales desenlaces.

          Cuando el “Instituto del Justiciero” está en pensamiento, sentimiento y potencialmente se puede convertir en acción efectiva, sin doble discurso y mucho menos la fanfarroneada, se torna peligroso para la Democracia, el Estado de Derecho y muestra que las Fuerzas de Seguridad, la vigilancia del Estado y la prosecución judicial hacen agua por la borda y se lleva más víctimas que victimarios a la agonía y muerte en vida.

          El ámbito de la política es el fiel ejemplo en el que se aplica dicha tendencia y se proyecta en todas sus formas y direcciones en la sociedad. Pero ubicados en cada contexto, escenario donde actúan los individuos y provocan tales consecuencias, nos lleva a pensar a cuánto estamos de ubicarnos en situación de juez y verdugo ante coyunturas que nunca imaginaríamos tener que asumir y laudar según la angustia, el dolor, sufrimiento, ataque con secuelas graves o pérdida de la vida humana; lisa y llanamente injusticias.