(escribe  Marcelino Rodríguez) El problema de la Seguridad Pública y su debate sigue en vigencia. Lo más triste es que toma connotación política y se transforma en un circo de los doctos en ese metiere; los cuales estropean, tiran por la borda cualquier loable iniciativa o el sentarse a pensar por dónde ir para solucionar o por lo menos atemperar, el avance de la inseguridad.

Obviamente ello trae aparejado no escuchar a la población en sus reclamos, desestimar sugerencias o propuestas; importa más la reyerta a la cual nos tiene acostumbrado el sistema político, motivada por defender el proyecto de gobierno de turno y en este caso, la gestión del Ministerio del Interior y quienes lo presiden.

En consecuencia se cotejan realidades, resultados en función de las estadísticas y mientras, se continúa con el “tema de entrega” que cada Administración debe asumir: los “DDHH”, pero no de los presos y menores infractores recluidos en situaciones infrahumanas, ni de los propios ciudadanos que experimentan la incertidumbre de en qué momento serán víctimas del asedio de la delincuencia, sino de los detenidos desaparecidos que ha dejado la “Historia Reciente”.

Urge, desespera saber la verdad en tal aspecto, especialmente para los familiares; de todos modos no puede agotar la agenda e injustamente no permitir visualizar lo que sucede en la actualidad. La impronta instalada, acompañada fuertemente por el peso de una movida ideológica y política, encabezada por la colectividad de izquierda y las organizaciones sociales, no puede provocar que se mire para otro lado, reste importancia o direccione tal tema como si fuera, por excelencia, el único asunto de Estado a resolver.

La reciprocidad debería hacerse presente y quienes llevan adelante esta cruzada legítima, demostrar una mayor empatía y solidaridad con los uruguayos acuciados por el embate de la delincuencia en plena Democracia y ante la vigencia de los derechos individuales.

Quedaríamos absortos, si prestáramos atención al número de personas que han perdido la vida en manos de los delincuentes desde la recuperación de la Democracia, en relación con los asesinatos de uno y otro lado ocurridos durante los años previos al golpe de Estado y la instalación del régimen de facto. Sin embargo parece que esa suma no cuenta, ni mueve la aguja de la preocupación como sí sucede con el tema aludido. Evidentemente el saldo de fallecidos no son solamente como consecuencias del tráfico de drogas y la lucha por los territorios para desarrollar dicho delito específico.

Además del crimen organizado, los ciudadanos mueren asesinados por acción de la delincuencia en general, donde priman los delitos clásicos de rapiña y el homicidio;  sin dejar de prestar atención a los homicidios culposos y también dolosos que provocan los siniestros de tránsito y la anomia en esta materia, producto de la ineficacia de las autoridades a las cuales les compete fiscalizar, combatir dicho flagelo. Escenario último que no solo califica en déficit en Seguridad Pública sino también en Salud Pública.

Hasta el momento la discusión se ha centrado en echar culpas unos a otros.

Si bien la administración Bonomi-Vázquez fue horripilante, particularmente por el divorcio visceral -en base a la “Historia Reciente”- del partido político al cual pertenecen con las fuerzas de seguridad y la represión, nobleza obliga reconocer que gracias a las dos últimas administraciones progresistas la Policía fue equipada como nunca. A pesar de que siempre fueron y se manifestaron enemigos de armar el aparato represivo del Estado. También lo hicieron con unidades específicas del Ejército -no descarto que ocurrió con la Marina y Fuerza Aérea-, de ahí tanta devoción y consideración del General Manini, cada vez que se recuerda el fallecimiento del   tupamaro y ex Ministro de Defensa Fernández Huidobro.

Al tomar como bandera la lucha contra el “narcotráfico” e implementar una Guardia Nacional que satisfaga la realidad de la inseguridad o por lo menos le haga frente, se dio este avance en la Fuerza del Orden. Con respecto a esto los partidos tradicionales fueron timoratos o no les intereso; no debemos olvidar también que en la vereda de en frente ejercía la oposición el Frente Amplio y toda iniciativa -quemados como victimarios y víctimas a la vez por la experiencia del pasado- que tuviera relación con equipar la Fuerza, era mal vista y generaba un hecatombe. Ni hablar si la intervención de la Policía y la represión se hacía con efectividad.

Todo lo contrario a lo que pregonaban cuando no eran gobierno lo llevaron a cabo una vez que democráticamente y por el voto popular tomaron las riendas del país.  Muchos de los “compañeros” sintieron el rigor de los tupamaros en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa e Interior; pocos elevaron la voz, conscientes de quienes se trataba y a sabiendas que no les temblaría el pulso en escrachar y presionar a las voces disonantes, al punto de ser silenciadas implícita o explícitamente cuando advertían el atropello de los derechos que la izquierda prometió reivindicar y defender a ultranza.

Es más, la contestataria, revoltosa y revolucionaria Maestra Irma Leites junto a su grupo de acción y reacción se esfumó, pese a ser un icono estable de denunciar y advertir obsecuentemente no armar el aparato represivo del Estado; vaya que la utilizó y le sirvió al Frente Amplio cuando era oposición.

Pero dejando de lado viejas huestes y regresando a nuestros días, la pregunta se centra en qué se puede hacer y cuánto de responsabilidad tiene el Ministerio del Interior y por ende la Policía.

Evidentemente el homicidio, especialmente en lo que tiene que ver como resultado de ajustes de cuentas relacionados con las vendettas entre delincuentes, consumidores y proveedores, la lucha por los territorios y la supremacía de las organizaciones comprometidas con el negocio del narco menudeo y otros de carácter transnacional; como aquellos que se dan en razón de la violencia de género, doméstica, intrafamiliar, incluso los intentos de autoeliminación son hechos muchísimas veces impredecibles.

Ahora las rapiñas -particularmente en la vía pública como en los locales comerciales-, el hurto mediante arrebato y todas sus formas son evitables, por lo menos en un porcentaje nada despreciable si existe y se aplica la tan mentada “prevención”.

Desde que tengo uso de razón y luego de haber ingresado a la Fuerza Policial, he escuchado reincidentemente el discurso de la labor preventiva. Una de las aspiraciones y estrategias insignias para hacer frente a los delitos de la naturaleza mencionada o por lo menos reducir su comisión; y a raíz de dicho axioma, en cada período de gobierno - cualquiera sea el color- sacan a tabla rasa la mayor cantidad de efectivos a las calles para con su presencia lograr intimidar la acción de los delincuentes, presuntos delincuentes e infractores.

Por décadas se ha convertido en un título, slogan, holograma para la tribuna; cuando se ha llevado a cabo, se ha hecho mal en cuanto a la distribución de los funcionarios o no ha dado para nada. Incluso con esta gimnasia se desmantela y atenta contra la imprescindible labor administrativa que sella toda intervención, procedimiento policial, la cual es realizada por policías administrativos como por combatientes; estos últimos por su aprendizaje, manejo y desempeño en el área documental son tremendamente útiles, con el plus de contar con una vasta experiencia profesional en la tarea policial clásica.

Como todo en la Policía, más aún cuando se hace a improvisación y a los ponchazos, en base a la presión desde el Ministerio del Interior y en consecuencia de los mandos funcionales y sin carácter, al tiempo y al darse cuenta del daño realizado se vuelve a foja cero, reintegra a dichos policías ejecutivos idóneos a las oficinas a retomar su eficiente trabajo al quedar resentida dicha área.

La realidad de poner policías en la calle a patrullar, vigilar, hacer presencia pasa por otro lado: incrementar y efectivizar ingresos, brindar motivación, beneficios, un buen y digno salario; además de condiciones de trabajo, seguridad profesional y respaldo institucional. Por último y neurálgico, destinar los efectivos que egresan a las unidades de la “primera línea” y para lo cual fueron preparados. Por lo menos reducir la tendencia “al acomodo” que, ya de reclutas luego de ser aceptados y comenzar la formación traen internalizados con la mentalidad de terminar en una oficina, no correr riesgos, inclusos penales que no implican involucrarse en delitos, sino por celos del servicio al querer cumplir la función en bien de la sociedad.

Teniendo en cuenta lo milimétricamente que estudian los procedimientos policiales denunciados, los abogados defensores y jueces que deben formalizar, a la hora de buscar el detalle que incrimine al efectivo; sin que ello tenga que ver con dolo o corrupción de parte del policía.

Tal vez para los gobiernos y sencillamente porque no les interesa, resulta más económico apagar el fuego que implementar todas las metodologías y recursos posibles para impedir que se dé tal estado de situación. Gran causa para justificar a la vez, hacer demagogia y argumenta, la erogación de recursos que por lo general se desconoce si contribuyen en los resultados buscados, hacia donde van y si se hacen en forma transparente y honesta. El dilema de siempre, cuando se dispone generosamente por el decisor correspondiente de los dineros públicos, donde en algún estamento de la cadena roza la corrupción.

En la actualidad ya no se ven policías en prevención del orden público, cercanos a la población en una actitud de contacto directo o como tanto se proclamara, fomentando la relación amigable entre policía y sociedad. Ello se observa tanto en los días laborales, fines de semana, incluso en acontecimientos como el “Día del Patrimonio” de fluida concurrencia. Hay que andar y andar para ubicar una patrulla pie a tierra. La presencia policial efectiva se realiza a través de móviles, grupos o contingentes que arriban, sitian una zona por motivos de inseguridad, hechos graves que se han producido con el fin de apagar momentánea, temporalmente esos incendios que nos referíamos en un párrafo anterior.

Hoy el papel del policía presente en el terreno para interactuar con el vecino y hacer un seguimiento cercano de prevención en la zona, ha sido sustituido por las benditas cámaras de video vigilancia. Si no fuera por esta tecnología no agarran a nadie, para ser metafórico; con la desventaja ingrata que al advertir por dicho medio, la intervención de la policía tiene poco o ningún sentido, pues el hecho  ya ha ocurrido y el daño material, psicológico, emocional y físico producido. Con la faz preventiva es posible que el delito se corra, pero en ese escenario no se dará y la comunidad estará a resguardo y sin el estrés que provoca las zonas, entornos liberados, no protegidos por la presencia de la autoridad policial in situ.

El otro gran icono que permite a la Policía tener éxito en su misión, es cuando asume un trabajo de inteligencia sobre un evento cuya especificidad demanda el arte y despliegue de tal ciencia. Con los tiempos y recursos adecuados para desarrollar la investigación, identificar, ubicar el móvil del hecho, a los responsables y proceder a sus detenciones en base a las decisiones del Fiscal y; aguardar la resolución del Juez competente en consonancia al trabajo metódico, comprometido y el recogimiento de pruebas imprescindibles para qué el abogado defensor no tenga opción a justificar lo cometido y el magistrado por su parte, se vea obligado a dictar la formalización debida de los imputados.            

La infraestructura en video vigilancia conlleva millones de dólares en inversión; caja de Pandora que cuando alguna administración se digne a abrir, posiblemente nos devele -desde los gobiernos progresistas hasta la fecha-, cuánto no solo se ha derrochado, sino cuántos en este proceso se han beneficiado espuriamente, en forma clandestina a través de la corrupción en su más diversas formas, donde la magistral y divina “coima” se hace presente.

Metodología que ha implicado -por la erogación en dineros públicos y el compromiso político- que sea más importante tener asegurado un policía, detrás de un monitor que supervise las cámaras que, potenciar el personal en las comisarías como en la calle patrullando, vigilando, estando presente. Un debe mayúsculo que el propio gobierno con la excusa de la pandemia, el fallecimiento de un ex ministro y demás mira para otro lado o se hace el distraído sobre la promesa electoral que lo diferenciaba de su fuerza opositora. La cual desmanteló la unidad, oficina básica de la Policía que siempre operó en el terreno para la comodidad y confianza de los ciudadanos, con sus pros y contras, sus luces y sombras, pero allí siempre estuvieron.

Nada de eso se logró y cumplió. Las mismas se han transformado para la jurisdicción, barrio, zona en una simple oficina para radicar denuncias y derivar según el delito. Ya uno no tiene el referente policial, menos el contingente conocedor del terreno, zonas comerciales, de centros educativos, entornos conflictivos y conocer la realidad; reducidas a un par de funcionarios por turno sin capacidad de respuesta y gestión investigativa, por lo menos para delitos menores.

Las comisarías hacen agua por la borda, transformadas en kioscos policiales y asentadas en infraestructuras que son un derroche para la misión que desarrollan en el presente.

El tiempo dirá hacia dónde vamos y a qué nos tendremos que atener. El avance de la delincuencia, ya a nivel de parámetros de América Latina; la lentitud, desborde del Ministerio Público y la eficacia relativa de la Justicia, atenta contra los ciudadanos. Con motivo de ello y en pos de la protección individual, implícitamente se está alentando a que ya la población no solo se provea de un sinfín de recursos preventivos, disuasivos al alcance sino de la adquisición y tenencia de armas de fuego para su defensa legítima. Si no es por la vía legal la podrán obtener en el mercado negro, como así la obtienen los mismísimos reos.

Es triste experimentar que, nuestras vidas únicas e insustituibles están en vilo ante la inoperancia y burocracia del Estado; menos frente a individuos que están dispuestos a todo por arrebatar, quitar del dominio legítimo de su tenedor un bien material, dinero, patrimonio ajeno.

En este estado de situación, el ciudadano más o menos ilustrado, asesorado en materia penal comienza a tomar consciencia que es absurdo especular, negociar con la incertidumbre de su integridad, vida, la de los suyos y de terceros inocentes frente al posible ataque de los “señores delincuentes”. Con respecto a la bendita Justicia asume que, es preferible -no admite dos lecturas-: ser formalizado por “Tráfico ilícito de Armas” al  poseer un arma y hacer uso de la misma ante tales circunstancias, cuente o no con la documentación respectiva, cumpla o no con los requisitos para ser empleada, que perder la vida o tener que enterrar un familiar o trabajador asesinado por estos incomprendidos, plagas sociales.

A una ínfima minoría les asusta, atemoriza, trauma la cárcel o centros de internación de menores; muchos de ellos ya son “jauleros viejos”, reincidentes y a su vez debemos reconocer que muy poco se puede esperar en cuanto a rehabilitar, reeducar y resocializar a los internos. De todas formas e irónicamente dejan familias destrozadas de por vida y a los años vuelven a salir con un sin fin de opciones, ayudas, hasta se le otorga rol de victimas sociales en relación con los familiares, amigos de quienes han asesinado. Sencillamente porque no hay forma de calmar, amedrentar el dolor que provoca perder lo más preciado: la vida de un padre, hermano, esposa, hijo, amigo o compañero. Muy similar -para que se comprenda- al dolor e impotencia que experimentan los familiares de los detenidos desaparecidos del pasado.

Aspectos donde las políticas públicas tanto en los centros de privación de libertad como en la vida cotidiana de la población, han demostrado ser ineficientes al no generar las condiciones imprescindibles para la creación de trabajo genuino y oportunidades con el propósito de disuadir a abandonar esta forma de vida en la oscuridad, clandestinidad; cuyo destinos -sabemos bien- terminan en la cárcel, muerte y arruinando la vida de otras familias orientales.