Para el vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López, se trata de un decreto que “se hizo sin la negociación colectiva correspondiente”, y se mostró contrario a varios artículos presentes en la norma. “La Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes”, expresó López y contó que en menos de 72, consiguieron más de 14 mil firmas de trabajadores del Estado que se oponen a esta norma y que fueron presentadas este lunes junto al recurso.

El secretario General de COFE, anunció que este es “el primer paso” que se va a dar para evitar que se aplique esta ley de certificaciones médicas. Por su parte, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y de COFE, aseguró que el objetivo del Gobierno con este decreto “es hacer caja con la salud de los trabajadores”. “Es algo que lo dijeron ellos mismos: para darle más fondos a la educación, necesitan que este decreto esté vigente”, contó Pereira. Aseguró, asimismo, que es “insólito” lo dispuesto en el artículo 24 del decreto: “Si bien en los artículos 19 a 22 se establecen algunas situaciones de excepción al descuento, que estaban recogidas en la ley, dado que no se dispone con claridad cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento, la norma prevé descontar como principio primario. En todo caso, el funcionario será quien deberá probar luego, por la vía de una petición administrativa, si el descuento se aplica o no”, indicó COFE. Reclaman el hecho de que en caso de enfermedades complejas, como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”. “Qué fácil resulta para este Gobierno legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores. El fundamento para aplicar los descuentos es puramente recaudatorio, bajar el gasto a costa de la salud de los trabajadores, sin ninguna instancia de negociación colectiva, ni análisis ni valoración por parte del Poder Ejecutivo de otras alternativas, previas a aplicar la rebaja del salario”, afirmó.

Pereira expresó que si se analizan los números sobre licencias médicas —sin tener en cuenta al Ministerio del Interior y de Defensa— “las cifras son muy similares a las registradas en el sector privado”. Y agregó: “Si se trata de igualar las condiciones del sector público con el privado, para eso saquemos lo mejor de cada sector y hagamos una sola legislación”, afirmó el presidente de la FFSP. Explicó que están analizando con un abogado la inconstitucionalidad de esta ley e informó que es otra de las acciones jurídicas que se van a plantear. Asimismo, adelantó que realizarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE), “para que estén al tanto de la situación", la posibilidad de recurrir a la OIT se planteará al Departamento de Públicos del PIT-CNT en la próxima reunión sostuvo Pereira y anunció que esta semana evaluarán “otras acciones de carácter gremial”.