Los lineamientos que presentó el Poder Ejecutivo en las últimas horas, para la 10a Ronda de Consejos de Salarios, confirman algunas definiciones estratégicas de la política económica, y lo que es peor, profundizan la distribución "cada vez más desigual de la riqueza".

Según explicó la economista Alejandra Picco, asesora del Instituto Cuesta Duarte (ICUDU) al Portal del PIT-CNT, los lineamientos del gobierno "tienen gusto a poco" y confirman una "pérdida de bienestar importante". Además, indicó que la propuesta del Poder Ejecutivo "no colmó las expectativas ya que no priorizó los salarios más bajos", que es un grupo de trabajadores que ha crecido en términos comparativos. "En otras instancias se habían aplicado algunas medidas que apuntaban a mejorar la situación de los salarios más sumergidos pero en este caso, eso no sucedió", a pesar que "venían de un proceso de caída" de sus ingresos. "Para que quede claro, el gobierno tuvo ahora la oportunidad de mostrar una política económica que priorizara los salarios más bajos, pero eso no sucedió".

En una síntesis elaborada por el equipo de economistas del ICUDU, sobre los lineamientos del gobierno para la 10a Ronda de Consejos de Salario, los técnicos llegaron a la conclusión que "cuando a la economía le va mal y la riqueza se achica, el ingreso de los asalariados se reduce; pero cuando la economía crece y la riqueza aumenta, el salario real no acompaña ese crecimiento". Asimismo, señalan en su documento de análisis sobre las pautas del gobierno que los bajos ingresos "son un flagelo que afecta la calidad del empleo y tiene un vínculo estrecho con la pobreza, por lo que su erradicación, debería ser prioridad de la política salarial"

Documento de análisis de economistas del ICUDU

Primeras apreciaciones

• ¿Cómo llegan los distintos subgrupos a la 10ma ronda de Consejos de Salarios?

A fines de junio pasado vencieron 162 resoluciones de Consejos de Salarios, de un total de aproximadamente 238 mesas de negociación. Dos resoluciones más vencen en los próximos dos meses por lo que estarán negociando en el marco de la 10ma ronda con los mismos lineamientos y en plazos similares a las anteriores 162 mesas.

De las restantes unidades de negociación: unas 10 vienen negociando desde comienzos de enero cuando vencieron sus resoluciones, aunque no lo están haciendo con los actuales lineamientos, que recién se dieron a conocer hace unos días. Otras 20 componen lo que el Poder Ejecutivo clasificó como “sectores muy afectados por la pandemia” y luego de dos rondas puentes de un año cada una y una caída de salario real de algo más de 10%, adoptaron resoluciones por tres o cuatro años, en la mayoría de los casos con una recuperación parcial de la caída, a mediados de 2022. Las otras 44 son mesas que negociaron en el marco de la 9na ronda (a mediados de 2021) por períodos más prolongados y no van a estar negociando este año.

Igualmente, con 164 mesas de Consejos de Salarios negociando en la segunda parte de este año, la 10ma ronda de negociación abarca a un porcentaje importante del total de subgrupos y también de asalariados del sector privado, unas 660.000 personas, dos tercios de los asalariados privados totales.

De estas 164 mesas que arrancan a negociar a partir de julio, solamente 54 de ellas comenzarán la 10ma ronda sin ningún porcentaje de recuperación pendiente. Esto se da, o bien porque nunca pasaron por la ronda puente y no tuvieron pérdida o porque ya la recuperaron o la terminan de recuperar al finalizar sus resoluciones. En cambio,  las demás 110 mesas tienen algún porcentaje pendiente para recuperar. De hecho, a casi el 80% de las mesas le resta recuperar al menos 2,6% del 4,2% perdido (en concreto, en 86 de las 110 mesas). Este porcentaje de 2,6% es justamente el que quedó pendiente de recuperar a quienes siguieron los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo en la 9na ronda e incorporaron una recuperación de 1,6% en el correr de los dos años que pasaron.

Correctivos por inflación

Aunque habitualmente los correctivos por inflación finales se incorporan a los nuevos ajustes, estrictamente forman parte de las resoluciones anteriores, que están venciendo, y por tanto, pueden abonarse desde el momento en que se encuentra disponible la información pertinente relativa a la inflación.

Al cierre de las resoluciones correspondientes a la 9na ronda, encontramos diversas situaciones respecto a los correctivos, las que dependen básicamente de la combinación de dos factores. Primero, el período por el cual se realizan las correcciones; y en segundo lugar, si se trata de correctivos comunes o si los mismos están condicionados a la evolución del número de cotizantes.

Dejando de lado en primera instancia el condicionamiento al número de cotizantes, quienes fijaron solamente correctivos finales y les corresponde corregir la inflación de los últimos dos años, el monto de los correctivos se ubicará entre 5% y 5,5% . Para quienes fijaron correctivos anuales, el correctivo en esta instancia se ubicará en torno al 1,5%.

Hay un conjunto de resoluciones (unas 40 aproximadamente) que solamente habían fijado correctivos finales, pero el año pasado, siguiendo las recomendaciones del Poder Ejecutivo, adelantaron la totalidad o parte de lo que hubiera correspondido por concepto de correctivo en ese momento (que era el equivalente a un correctivo anual). Para quienes adelantaron el 100% del correctivo anual en o desde julio de 2022 , en esta instancia el monto a cobrar es igual al de quienes establecieron correctivos anuales (alrededor de 1,5%) mientras que quienes adelantaron solamente una parte de dicho correctivo, deberán descontarla y el correctivo final se ubicará entre 1,5% y 5,5% aproximadamente dependiendo del monto a descontar.

Estos porcentajes pueden variar en caso de que los correctivos estén condicionados a la evolución del número de cotizantes, algo que está establecido en 52 de las 164 resoluciones que vencieron en junio (o vencen en los próximos dos meses). En estos casos, el correctivo podrá reducirse hasta el 60% del total. En concreto: si el número de cotizantes a junio de 2023 se ubica en 98% o más de su nivel de junio de 2019, se abona el 100% del correctivo; si el número de cotizantes se ubica entre 96% y 98% en dicha comparación, se abona el 80% del correctivo; y si se ubica por debajo del 96%, se abona tan sólo el 60% del correctivo.

Según establecían los lineamientos de la ronda anterior, de no abonarse el 100% de los correctivos, lo que implica que no se consolidaría la recuperación incorporada, la misma debería tenerse en cuenta como pérdida pendiente al comienzo de la actual negociación.

Lineamientos para la negociación

El jueves pasado, un día antes del vencimiento de buena parte de las resoluciones adoptadas en el marco de la 9na ronda de Consejos de Salarios, el Poder Ejecutivo presentó sus lineamientos para la 10ma ronda de negociación.

Los mismos proponen acuerdos de dos años de duración, con ajustes semestrales. Los ajustes se compondrán en una parte de la inflación esperada para el semestre más un porcentaje a cuenta de recuperación. En el caso de las estimaciones por inflación se sugiere que se empleen las proyecciones de inflación gubernamentales incorporadas en la Rendición de Cuentas 2022. En el caso de la recuperación, los porcentajes surgen de tomar la recuperación pendiente en cada uno de los grupos y dividirla en tres partes iguales. Para quienes tengan pendiente una recuperación menor a 2%, la misma se incorporará en los ajustes de julio de 2023, enero de 2024 y julio de 2024 mientras que quienes tengan pendiente una recuperación mayor al 2%, empiezan a incorporar la recuperación a partir del ajuste de enero de 2024, es decir, con un semestre de rezago respecto a la situación anterior.

Los lineamientos también proponen la incorporación de correctivos anuales.

Primeras apreciaciones sobre los lineamientos

Aunque la propuesta del Poder Ejecutivo estuvo en línea con lo esperado en términos generales, dejó sabor a poco en varios aspectos.

En primer lugar, no colmó las expectativas en lo que tiene que ver con los plazos que se plantean para la recuperación. Esto es, para la mayor parte de los asalariados, quienes todavía tienen pendiente un porcentaje de salario a recuperar, les tomará 4 años para que el salario real vuelva al nivel que tenía previo a la ronda puente y que se redujo en un solo año. La recuperación del salario real y su retorno a los niveles de mediados de 2020 es muy lenta si se la compara tanto con la recuperación de la actividad económica (que a fines de 2022 ya se ubicaba 3,7% por encima de su nivel previo a la caída) como con la de otros indicadores.

De esta manera, el poder de compra del salario tardará 4 años en volver al nivel que tenía en junio de 2020 y lo hará recién a mediados de 2025, un poco después de cerrado el actual período de gobierno.

Además, como el monto de la pérdida acumulada, esa que no se recupera, sigue incrementándose hasta que el salario real alcance el nivel que tenía en junio de 2020, cuanto más tarde en alcanzarse la recuperación, mayor será el monto de dicha pérdida acumulada.

En este mismo sentido, no parece razonable que sean los trabajadores que más tienen pendiente por recuperar y por ende que mayor bienestar económico han perdido en los últimos tiempos, que tarden más en comenzar la recuperación del poder de compra del salario como proponen los actuales lineamientos.

Es preciso que el proceso de recuperación del salario real sea más rápido, de manera que no aumente la pérdida acumulada de bienestar y menos aún, para quienes más se han visto afectados y menor poder de compra han recuperado.

En segundo lugar, en la medida en que los lineamientos solamente refieren únicamente a la recuperación, no habilitan los procesos de reparto del crecimiento económico que se ha verificado en el período ni del que se espera en adelante. Si bien, los diferentes sectores de actividad siempre están autorizados a acordar por encima de los lineamientos, estos son un reflejo de la propuesta de política salarial del gobierno.

Y como tal, las señales van en línea con una distribución cada vez más desigual de la riqueza. Según las estimaciones incorporadas en la rendición de cuentas por el propio gobierno, al final de esta administración el producto bruto interno será 8,7% superior al de 2019 y el empleo se ubicará 4,3% por encima de su nivel ese año. En la medida en que el salario real permanezca incambiado, como propone el gobierno en los lineamientos, la masa salarial –compuesta tanto por la cantidad de ocupados como por sus ingresos- perderá peso en el producto total; indicando una menor apropiación por parte del conjunto de asalariados de la riqueza generada. 

Una vez más, durante esta administración se verifica que cuando a la economía le va mal y la riqueza se achica, el ingreso de los asalariados se reduce, pero cuando la economía crece y la riqueza aumenta, el salario real no acompaña ese crecimiento.

Además, aún si el crecimiento promedio esconde realidades sectoriales diversas, es necesario habilitar los mecanismos de reparto de la riqueza en aquellos sectores que han tenido buenos desempeños en estos años y en los que se proyecta que los tenga. Esto podría contribuir a mitigar el empeoramiento en materia distributiva y a un mejor reparto de la riqueza. Hay varios sectores de actividad que tuvieron un buen desempeño en los últimos años y la negociación salarial puede oficiar de manera relevante para la distribución de estas ganancias.

En tercer lugar, los lineamientos no contemplan de manera específica la situación de los trabajadores de menores ingresos, que en ocasiones anteriores habían sido tenidos en cuenta especialmente por los lineamientos, con ajustes salariales adicionales a los generales. En 2022, más de 320 mil asalariados percibieron ingresos por debajo de los 25 mil pesos líquidos al mes por una jornada de 40 horas semanales. Aunque la mayor parte de los trabajadores se vieron afectados negativamente por la evolución de sus ingresos en los últimos años, obviamente quienes más vieron afectados su bienestar fueron quienes menos ingresos percibían.

Los bajos ingresos son un flagelo que afecta la calidad del empleo y tiene un vínculo estrecho con la pobreza, por lo que debería ser prioridad de la política salarial su erradicación.

Finalmente, y pasando de lo conceptual a lo puntual, las estimaciones de inflación del gobierno, aunque son superiores a las presentadas a comienzos de la administración, aún parecen demasiado ambiciosas de acuerdo a la trayectoria de crecimiento de los precios reciente, en particular para los años 2024 y 2025 en que se ubican por debajo de 6%. Una mayor diferencia entre la inflación esperada y la efectiva en el segundo año de vigencia de las resoluciones, dará lugar a un mayor correctivo, final y por lo tanto a extender el plazo en que se alcanzará la recuperación total.

(*) fuente PIT CNT