A mediados de 2021 comenzó una investigación exhaustiva por parte de personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL), en conjunto con la Fiscalía Departamental de Young, con el fin de esclarecer casi un centenar de denuncias por estafa presentadas entre diciembre de 2020 y junio de 2022 a lo largo del país, con idéntico “modus operandi”, las que se realizaban mediante dos modalidades

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Ofrecimiento de préstamos a través de una red social

Esto se realizaba mediante un importante despliegue de publicidad armado cuidadosamente para engañar (logos de empresa, dirección comercial, teléfonos de contacto) y tenía como atractivo no requerir garantías. Apuntaban, generalmente, a personas que no pueden acceder a otros préstamos por figurar con antecedentes de malos pagadores.

Una vez que las víctimas se ponían en contacto, los estafadores les solicitaban datos personales, foto de su documento de identidad, recibos de sueldo, entre otra documentación, simulando el comienzo de una supuesta gestión administrativa del préstamo. Tras comunicarles la preaprobación del préstamo les remitían una copia del contrato y demás documentación (membretada con los logos de la “Financiera” y, supuestamente, avalada por los asesores jurídicos), requiriéndole que suscriban y estampen su huella digital o firma y lo vuelvan a mandar.

Posteriormente les planteaban a las víctimas que previamente debían girar una determinada suma de dinero para cubrir los gastos administrativos de gestión, timbres y para solucionar la autorización del clearing, comprometiéndose a que el dinero les sería reembolsado una vez se les deposite el préstamo otorgado.

Los números de documentos de identidad a los que las víctimas giraban el dinero para esos gastos pertenecían a diversas personas (que en muchos casos no eran los mismos que figuraban como titulares de los teléfonos) que se dedicaban a cobrar, incluso en algunas oportunidades les brindaban cuentas bancarias para operar con transferencias.

Después de haber realizado el primer giro generalmente los implicados planteaban a las víctimas nuevos inconvenientes de gestión y les volvían a requerir otro giro de dinero. Esto se repetía varias veces hasta que la víctima se percataba de la maniobra y realizaba la denuncia. En numerosos casos las víctimas llegaron a girar más de 25.000 pesos.

 

Venta de electrodomésticos, celulares y otros artículos

Los productos se ofrecían en la misma red social mediante perfiles falsos a un costo menor a los del mercado, lo que atraía a las víctimas.
Una vez que estas compraban se les solicitaba el envío del dinero a través de redes de cobranzas o transferencias bancarias, prometiéndoles el posterior envío de la mercadería.

Luego de obtenido el giro de dinero los estafadores eliminaban el contacto de la víctima y la bloqueaban sin enviarle el producto.

La investigación constató que ambas maniobras eran planificadas por una organización dedicada a delinquir, compuesta por varias personas (parientes entre sí o amigos) que cumplían diferentes roles dentro de la organización.

En total recaudaron unos 5.821.000 pesos, remitiendo al exterior (mayormente a Colombia) 2.740 dólares y 473.693 pesos.

Tras la investigación se efectuaron un total de 19 detenciones (nueve hombres y diez mujeres) en Montevideo, Maldonado, Colonia, San José, Tacuarembó y Canelones.

Estos resultaron condenados como “coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir con concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa”, disponiéndoles libertad a prueba ajustada a distintas condiciones que va desde los seis hasta los doce meses.

Fuente: DGLCCO e INTERPOL