CAINFO (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) presentó el 9º Informe Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay del cual aquí ofrecemos las conclusiones y adjunto a esta nota el informe completo.

CONCLUSIONES
La situación de la libertad de expresión de las y los periodistas en el Uruguay continúa siendo compleja debido a las restricciones y amenazas que se registraron en el último año móvil transcurrido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Si bien se detuvo la tendencia creciente que se había constatado en tres informes previos, el número de casos registrados se mantuvo en niveles muy cercanos a los del monitoreo realizado en 2022 (66 y 69 respectivamente), año en que se registró la cantidad más alta de casos. Cabe consignar que Cainfo está en conocimiento de otros episodios que por diferentes circunstancias no fueron registrados en el informe.

El caso más preocupante del período es la amenaza de muerte sufrida por la periodista de Cerro Largo Silvia Techera, que tuvo esta represalia como consecuencia de sus reportes sobre las actividades del crimen organizado en la frontera con Brasil. Si bien la respuesta del Estado fue eficaz y permitió garantizar la seguridad de la periodista, Cainfo pudo constatar luego de una visita a la ciudad de Melo que las condiciones de trabajo de los periodistas que reportan sobre las actividades delictivas en las zonas fronterizas es particularmente compleja, sin tener las garantías suficientes para el desempeño seguro de su trabajo cuando se trata de hechos delictivos.
Por otro lado, resulta llamativo el impacto que tuvo para la libertad de expresión la vasta cobertura realizada por los medios de comunicación del caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la Custodia Presidencial que fue condenado por la Justicia por su participación en una asociación para delinquir que funcionaba en el cuarto piso de la Presidencia de la República. Once de los episodios registrados tuvieron que ver directamente con algún tipo de cobertura o comentario periodístico relacionado con el caso Astesiano.
Asimismo, es importante subrayar que en dos de los episodios mencionados fue directamente el presidente Luis Lacalle Pou quien atacó a un sector del periodismo, considerando que tenían intencionalidad o vinculación política al informar al respecto, sin aportar elementos que respaldaran sus afirmaciones. En otro caso, el mandatario también intentó vincular a periodistas del canal público TV Ciudad al Frente Amplio.
Este último caso forma parte de la tendencia creciente de estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales, que se consolida en este informe (19 episodios). En el caso de algunos de ellos, ya se vislumbra la existencia de una estrategia dirigida a desprestigiar a determinados medios y periodistas que resultan especialmente irritantes para el gobierno. De hecho, en el presente informe todos los casos de Discurso estigmatizante provienen de funcionarios públicos de diferentes categorías.
Estas prácticas desconocen el Marco Jurídico Interamericano de la Libertad de Expresión, que establece con claridad que “la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.
En este sentido, “las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.
En un sentido opuesto a estas recomendaciones, las presiones de diferentes integrantes del gobierno sobre la prensa continuaron. En el caso más relevante, varios periodistas del diario El Observador decidieron publicar en sus cuentas de Twitter una nota que les había sido censurada por la dirección del medio y que refería a las actividades de Astesiano en conjunción con autoridades policiales. Esto confirma la denuncia realizada en informes anteriores respecto a las presiones realizadas desde el gobierno ante coberturas periodísticas que le resultan irritantes.
También en esta categoría se encuadra el episodio protagonizado por el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado contra la periodista de TV Ciudad Macarena Vico, al acusarla de haber sido mandada por alguien que no identificó a preguntarle por el decreto presidencial que benefició a la tabacalera Montepaz. Este episodio tuvo además un claro componente de género.
En cuanto a las categorías que presentan el mayor número de casos en el presente informe, se confirman las dificultades persistentes para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa y pasiva, que han sido denunciadas de manera permanente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de acceso a la información pública. A la cantidad de rechazos de pedidos de acceso a la información, se suman algunos casos de no respuesta de sujetos obligados, o incluso la imposición de obstáculos no establecidos por la Ley de Acceso a la Información (como la constancia de voto en un referéndum o la ausencia de un protocolo de acceso a la documentación). También se evidencia un deterioro en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, como lo demostró el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAEL) que publicó Cainf en diciembre de 2022.
Respecto a la utilización de los Procesos Penales y Civiles como una forma de persecución, amedrentamiento y amenaza, es oportuno señalar que si bien el número de casos es sensiblemente menor al del informe anterior, todavía persiste de manera significativa la utilización del sistema judicial como un método para intentar que los periodistas eviten el tratamiento de determinados temas, o que se revele la identidad de sus fuentes de información, lo cual afecta a todo el colectivo de trabajadores de medios de comunicación.
El caso más significativo en este sentido fue la demanda civil por 451 mil dólares que la exdirectora del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bazzano, presentó contra el matutino La Diaria alegando daño moral, por la publicación de informaciones de interés público sobre el proceso judicial que tuvo que enfrentar por una trama de entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, a través de la asociación civil Seamos. 
  
Adjunto el informe completo de CAINFO