La titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche estuvo acompañada por el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza; el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco; la directora de Política Económica, Marcela Bensión; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y la directora de Asesoría Tributaria, María Pía Biestro.

En su intervención, señaló que la rebaja impositiva, que implica unos 150 millones de dólares, representa un hecho histórico. “Llegamos a esta situación luego de tres años de un manejo muy responsable y cuidadoso de la plata de todos los contribuyentes”, dijo, y destacó que este es el resultado de seguir los lineamientos de la regla fiscal.

Hay “una política económica distinta”, en la que no ha habido aumento de impuestos, a pesar de los gastos que se han tenido que realizar, explicó Arbeleche, en referencia a los 2.300 millones de dólares destinados a afrontar la pandemia.

En el proyecto de ley se establece una serie de ajustes en la tributación por IRPF e IASS que beneficia a los contribuyentes de menores ingresos y a los trabajadores con hijos a cargo. Asimismo, se plantea una condonación de deuda para los monotributistas sociales Mides, mencionó. Ello se suma a las resoluciones, estipuladas a través de decretos, que se orientan a aliviar la carga fiscal de las micro y pequeñas empresas.

“Todas estas medidas buscan que haya más dinero en el bolsillo de las personas”, expresó.

La ministra resaltó la magnitud del impacto de las decisiones. En el caso del IRPF, dejarán de pagar el impuesto unas 63.000 personas. Además, los beneficios alcanzarán a unos 327.000 trabajadores, de los que “más de 200.000 tienen un beneficio muy significativo” manifestó. Se trata de trabajadores con ingresos mensuales menores a 60.500 pesos, agregó.

En cuanto al IASS, la resolución abarca a todos los jubilados y pensionistas que pagan el impuesto. Se trata de unas 179.000 personas. En este caso, unas 20.000 dejarán de tributar.

La jerarca también se refirió al momento en que las disposiciones empezarán “a sentirse en el bolsillo de los uruguayos”. Sobre este punto, fue enfática en que ello dependerá de la celeridad con que el Parlamento apruebe el proyecto de ley. “Cuanto antes se vote la medida, antes se va a ver el impacto. Porque, si bien la medida es para todo el 2023, lo que tiene que ver con anticipos del IRPF ya disminuirían, bajarían de forma inmediata”, aseguró.

Al respecto, Biestro acotó que ambos impuestos son de carácter anual. Una vez que la ley entre en vigencia, quienes dejen de tributar van a dejar de realizar los anticipos mensuales, dijo. En el caso del IRPF, el mecanismo de devolución de los anticipos dependerá de si el trabajador presenta o no la declaración jurada en los meses de junio o julio. En caso de que lo haga, se configurará un crédito para cobrar. Si no, se le devolverá en diciembre, cuando el empleador realice el ajuste anual.

En otro orden, Arbeleche indicó que las medidas forman parte de un conjunto más amplio de acciones que el Gobierno nacional viene implementando “para aumentar el bienestar de los uruguayos”. En ese sentido, recordó la creación de empleo y el inicio del proceso de recuperación del salario real que, según datos de enero de este año, aumentó un 2,4%. Asimismo, destacó los recursos que se ha destinado a primera infancia, educación, salud, vivienda, seguridad y a mejorar los salarios de policías y militares.

“El conjunto de estas medidas se toma dentro de un marco de cuidado de la plata de todos, que es lo que llamamos la regla fiscal”, concluyó.