Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) emitió un comunicado criticando la actitud del gobierno de no introducir más recursos a temas medioambientales. Expresando que “el presupuesto del Ministerio del Ambiente es de apenas el 0,26% del gasto de la administración central (ministerios y presidencia). Cayó al último lugar, por debajo del Ministerio de Turismo. El monto en dinero representa menos de la mitad de lo comprometido por el gobierno en su Presupuesto 2020”.

MOVUS expresa que  “la Rendición de Cuentas no brinda recursos ni introduce fortalecimientos institucionales para lidiar con los proyectos de alto riesgo ambiental que el propio Poder Ejecutivo está anunciando como los planes de explorar y explotar petróleo en el mar territorial o el megaproyecto privado de tomar aguas del Río de la Plata, la demanda intensa de agua del Acuífero Guaraní para producir “hidrógeno verde”, y varios otros que implican serios riesgos ambientales que deben ser evaluados adecuadamente”.

A continuación transcribimos el comunicado completo de MOVUS.

NO HAY AMBIENTE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Por estos días el proyecto de Rendición de Cuentas acapara las discusiones parlamentarias y la prensa, pero poco se habla de sus contenidos ambientales. El presupuesto del Ministerio del Ambiente es de apenas el 0,26% del gasto de la administración central (ministerios y presidencia). Cayó al último lugar, por debajo del Ministerio de Turismo. El monto en dinero representa menos de la mitad de lo comprometido por el gobierno en su Presupuesto 2020. Un examen de los contenidos del proyecto hace que sean inocultables recortes significativos en recursos humanos y materiales en el área ambiental.

Al mismo tiempo, las nuevas partidas de dinero que se aprueban pueden estimarse en unos US$ 2 millones, las que apenas compensarían algunos de los recortes y ejecuciones por debajo de las metas, y no puede tenerse certeza en que sean adecuadas para el futuro inmediato. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está ejecutando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento de gestión, firmado en 2019, por 900 mil dólares en 2023 y un millón cien mil en 2024. Pero sólo el control ambiental de UPM Fray Bentos cuesta más de 700 mil dólares anuales, y sobre ello se debería sumar el monitoreo sobre la nueva planta de UPM en el Río Negro.

La Rendición de Cuentas no brinda recursos ni introduce fortalecimientos institucionales para lidiar con los proyectos de alto riesgo ambiental que el propio Poder Ejecutivo está anunciando como los planes de explorar y explotar petróleo en el mar territorial o el megaproyecto privado de tomar aguas del Río de la Plata, la demanda intensa de agua del Acuífero Guaraní para producir “hidrógeno verde”, y varios otros que implican serios riesgos ambientales que deben ser evaluados adecuadamente.

Ese tipo de gestión ambiental no es posible bajo esta propuesta de Rendición de Cuentas. En cambio, se proponen partidas para una nueva sede (aproximadamente US$ 600 mil) y para informática (US$ 400 mil).

Estamos ante una situación donde desde el gobierno se anuncian emprendimientos de alto riesgo ecológico mientras que al mismo tiempo se debilita la capacidad institucional para asegurar una gestión ambiental adecuada.

Una vez más, se incumple la promesa de completar la estructura básica del Ministerio del Ambiente con el traspaso de las competencias ambientales que aún persisten dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Entre ellas, la más urgente es la transferencia de los programas de control y manejo ambiental de bosques nativos desde el MGAP al Ministerio del Ambiente. Se esperaba que tras los desastrosos incendios forestales del verano 2022, esa promesa se hubiese cumplido.

Al mismo tiempo, la Rendición de Cuentas introduce cambios normativos cuestionables. Entre ellos, bajo la coordinación del MGAP, se crea un “grupo de trabajo técnico” para determinar si nuevas variedades agrícolas son o no transgénicas, dejando afuera al Ministerio de Salud Pública, los técnicos de la Universidad de la República y la sociedad civil.

También se debe advertir sobre los modos de reporte y análisis del “gasto ambiental”. El Poder Ejecutivo agrega a los incisos ambientales, otros que corresponden al área de vivienda como “un programa de rehabilitación y consolidación urbana habitacional”. Alertamos que esto puede desembocar en “inflar” artificialmente el gasto ambiental que reporta el país.

Aunque puede celebrarse que en la exposición de motivos de la Rendición se describa la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con los asuntos ambientales, y en especial el cambio climático, es urgente que el país construya indicadores económicos que expresen los costos ambientales asociados al daño en el ambiente y la salud pública. Sin embargo, hasta ahora, las metas ambientales del MEF apuntan en un sentido opuesto.

Tal como se ha presentado, el proyecto de Rendición de Cuentas es insuficiente para asegurar una adecuada gestión ambiental, no fortalece la institucionalidad del Ministerio del Ambiente, y agrava las dudas sobre las reales capacidades para evaluar y controlar los emprendimientos de mayor escala y complejidad, y en particular cuando éstos son promovidos desde el propio Poder Ejecutivo.

No sólo no hay ambiente en la rendición de cuentas sino que el ambiente no rinde.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

14 de julio 2022