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Luego de un exhaustivo y transparente trabajo de la Comisión Investigadora sobre FENAPES, en el día de ayer el Diputado Colorado Felipe Schipani presentó 50 pruebas que confirman las irregularidades de las licencias sindicales presentadas por más de 88 dirigentes de la cúpula de FENAPES, en 70 liceos de todo el país, presentando más de 388 certificados apócrifos, que invocaban un convenio que nunca existió, justificando así 536 días de inasistencias.
A modo de ejemplo:
- Marcel Slamovitz justificó 250 horas entre 2016 -2017 a pesar de tener 800 horas de actividad sindical, dejando sin clase a 5 grupos en el Liceo Departamental de San José
- Raul May justificó 264 horas en el año 2018 en el Liceo Rural de Colonia Lavalleja (Salto). Tenía un block de hojas A4 de certificados ya firmados para justificar las faltas
- Mario Bango en el año 2015 justificó 56 horas de las 170 – 180 anuales con estos certificados, sin contar las 500 horas sindicales que ya tenía
La maniobra indujo en error a los directores de los liceos que actuando de buena fe aceptaban las constancias de inasistencia sindical.
Esto sale a la luz cuando la ex Directora del Liceo N.º 1 de San José Miriam Arnejo denuncia públicamente el exceso de horas sindicales tomadas por dirigentes de FENAPES.
A pesar de que el área jurídica de secundaria les dijo a estos dirigentes que no podían justificar esas inasistencias, aduciendo la no existencia del convenio, aun así lo siguieron haciendo.
Tal es así que el consejero de la época, el Sr. Javier Landoni Acta 48 de fecha 07-09-2017, “cree que si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias, los docentes caerían bajo el escarnio público por ser un tema tan sensible y es necesario protegerlos”; esto habla a las claras de que la prioridad del consejero del FA era proteger a los dirigentes sindicales (que cobraron al Estado miles de horas que no trabajaron) y no proteger a los estudiantes causándoles un daño mayor a nuestros jóvenes.
Como legislador reivindico la herramienta de la comisión investigadora como mecanismos de control parlamentario, y será ahora la justicia quien deberá investigar si existieron irregularidades, omisiones y/o presuntas ilicitudes.
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