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Caiafa explicó que este beneficio se otorga a las empresas contribuyentes del impuesto a la renta de las actividades económicas (IRAE) o el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba) que efectúen gastos de investigación y desarrollo.
El subsidio implica un crédito fiscal, mediante certificados que emitirá la DGI, de una parte del presupuesto reconocible de un proyecto y alcanza un 35% de los gastos si el plan es exclusivo de la empresa o un 45% si es en conjunto con centros tecnológicos o universidades. Esto representa alrededor de 1 millón de dólares para las firmas que accedan a ellos, indicó.
El monto total de beneficios fiscales que se asignará en 2022 es de 140 millones de pesos y la convocatoria está abierta durante todo el año. El Comité de Evaluación y Seguimiento valora los proyectos cada dos meses, la primera fecha es el 30 de mayo.
En 2021 se aprobaron 16 planes y se otorgó todo el crédito disponible, que, en ese entonces, fue de 132 millones de pesos. “Tenemos la expectativa de que sea un instrumento muy demandado”, sostuvo.
Aclaró que no podrán acceder a esta ayuda las firmas que desarrollen actividades exoneradas del IRAE o proyectos que hayan obtenido subsidios de fondos públicos.
Caiafa explicó que las empresas pueden presentar proyectos de investigación, es decir, trabajos originales que se realicen para obtener nuevos conocimientos en el sector en el que se desempeñen, o de desarrollo, que impliquen relevamientos sistemáticos que recurran a los saberes obtenidos de la pesquisa o la experiencia para desarrollar nuevos bienes o servicios, procesos de producción o la mejora de estos.
Por último, mencionó dos proyectos que se beneficiaron de los créditos fiscales el año pasado: un laboratorio que desarrolló un sistema innovador de secuenciación genética para diagnosticar enfermedades raras en niños recién nacidos y una firma que diseñó e implementó dispositivos para Uruguay y empresas de todo el mundo.
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