La Fiscalía General de la Nación  hizo pública la rendición  de cuentas del trabajo de la institución con estadísticas cerradas a diciembre de 2020.  El informe, que fue elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la institución, muestra una mejora continua de la eficiencia y la eficacia del sistema penal acusatorio que comenzó a funcionar en noviembre de 2017.

"Desde el inicio del CPP se observa que la cantidad de denuncias con al menos un imputado sigue una tendencia de crecimiento sostenido. Se identifica que el promedio mensual de denuncias con al menos un imputado (incluyendo unificadas) pasó de 1.028 en el 2018, a 1.422 en el 2019, llegando al 2020 a 1.671. En setiembre del 2020 se registra el máximo histórico de denuncias formalizadas con 1.999", sostiene el documento.

"Estas mejoras, muy significativas de la eficacia, se logran de modos diferentes: Entre el 2018 y el 2019 se dan por el aumento de las denuncias con al menos un imputado pese al incremento del total de denuncias. En cambio, en el 2020, si bien el crecimiento de las denuncias con al menos una persona imputada se mantiene, el total de denuncias registradas en el SGSP disminuye, lo que hace que la eficacia sea mayor. Esto se identifica particularmente a partir de abril de 2020, mes en el que las denuncias disminuyen drásticamente", agrega.

"Entre febrero del 2019 y diciembre de 2020 fueron imputadas 27.499 personas. De ellas el 85% son hombres, el 13% mujeres y un 2% sin datos", prosigue.

De acuerdo con el informe los delitos por los que más personas son imputadas son los Hurtos, seguido por Estupefacientes, Rapiñas y Violencia Doméstica. En estos cuatro delitos fueron imputados el 52% de las personas entre febrero del 2019 y diciembre del 2020.

La reforma procesal penal tuvo también un fuerte impacto sobre la población carcelaria. En diciembre se registró un nuevo máximo histórico de personas privadas de libertad, con 13.077.

En esta área, uno de los objetivos centrales del CPP fue reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el largo tiempo en que se mantenía dicha situación, contraria al principio de presunción de inocencia. Gracias a las audiencias orales y en particular, al instrumento del Proceso Abreviado, el CPP permitió una reversión impactante de esa tendencia histórica. A la fecha el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informa que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es de 84,2%. De esta manera, Uruguay se coloca, según los datos más recientes disponibles, como el mejor país de América del Sur (Prison Studies, 2020).

Al hacer uso de la palabra, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, valoró que el "relato" que establecía que el sistema procesal penal acusatorio tuvo impactos negativos en la seguridad está "destruido".

"Lo escuchamos un día sí y otro también. Que el sistema era benigno, que era pro delincuente y de esa forma se fue construyendo un relato. Hoy en día, con los números a la vista, ese relato está destruido", valoró.