Al concluir la audiencia de formalización por la fiesta privada no autorizada y violatoria de las normas sanitarias vigentes, que debiera ser dada por terminada por personal de la Intendencia y de la Policía con conocimiento del Ministerio de Salud Pública, en local ubicado en Ruta 14 a la altura del km 1,500 denominado Las Encinas, la Fiscal del caso Dra. Andrea Mastroianni señaló “como es de público conocimiento hubo una fiesta en un salón particular, de fiestas, ubicado en Ruta 14 y se tuvo conocimiento que se estaba organizado eso por redes sociales, por parte de la Intendencia se pidió apoyo a la Policía, se concurrió y constató que había aproximadamente 300 personas en una fiesta con baile, sin seguir los protocolos y el dueño del local había sido notificado previamente por la Policía que se tenía que cumplir con todos los protocolos y las disposiciones de la Intendencia de Soriano, por eso entiende la Fiscalía que por parte del dueño del local se incurrió en el delito de desacato que fue lo que se le imputó hoy en la audiencia de formalización”..

La Dra. Mastroianni recordó que “el imputado fue notificado el 29 de setiembre de este año, que tenía que cumplir con las exhortaciones y lo dispuesto por el decreto presidencial que salió en marzo por toda la pandemia, la prohibición de aglomeraciones y demás y asimismo hay disposiciones departamentales referentes a que hay diferentes protocolos, y uno de ellos dice que no se pueden aglomerar más de 60 personas y eso fue notificado por la Intendencia Departamental, incumplió con eso y por eso es el delito de desacato por haber desobedecido en este caso un mandato de la Policía”.

En cuanto al organizador del evento, dijo que se trata de “una persona particular no vinculada al local comercial, no fue notificado previamente, fue indagado hoy en la Fiscalía y se estará a la espera (que no surjan a partir de esta fiesta) nuevos focos de COVID-19, y si incurre o no en algún delito que ponga en riesgo la salud pública básicamente”.

Finalmente explicó que el decreto presidencial “refiere a varias cosas, lo que implica en este caso es que exhorta a la no aglomeración, le da potestades a las intendencias que saquen disposiciones, éstas las hacen a través de las exhortaciones y notificaciones policiales y allí se le solicita que cumpla con todos los protocolos, al incumplir la notificación que le hace la Policía incurre en desacato, eso es lo que entiende la Fiscalía, por eso se imputó el delito de desacato”.