Se dice que las plantas de celulosa en Uruguay son las más controladas del mundo y que aplican las mejores tecnologías disponibles, pero la negativa a la instalación de otra planta de celulosa en Finlandia el mes pasado puso en evidencia que la que están operando en nuestro país, inclusive la que pretende instalar UPM en el río Negro, no cumplen con las normas europeas de protección del medio ambiente.
En diciembre último, el Tribunal Administrativo Supremo de Finlandia rechazó la planta de celulosa propuesta por la empresa Finnpulp, con capacidad de producción similar a las que hoy operan en Uruguay, que hubiera sido la más grande de Europa.
A diferencia de las plantas de celulosa existentes en nuestro país, la planta finlandesa incluía un tratamiento terciario de los efluentes que reduce su potencial contaminante. A modo de ejemplo, UPM vierte hoy al río Uruguay 75 Kilos de fósforo diario mientras que la planta finlandesa solo vertería 25, la tercera parte.
Pero las normas europeas obligan, además, a analizar el impacto acumulativo del proceso de contaminación en la vida útil del proyecto. Al no cumplir este requisito, la propuesta de Finnpulp fue rechazada al cabo de cinco años de estudio en un proceso que contó con la intervención de jueces expertos en temas ambientales.
Ese tipo de procedimientos, indispensables para asegurar la sustentabilidad de los proyectos y la calidad del ambiente para nosotros y las futuras generaciones, está muy lejos de lo que se viene aplicando en Uruguay.
La autorización ambiental para la planta de UPM en el río Negro se otorgó luego de un análisis del proyecto realizado en apenas ocho meses,desde la presentación del estudio de impacto ambiental hasta la autorización ministerial a las apuradas, para cumplir los plazos perentorios del contrato firmado por el gobierno.
Ello llevó además a situaciones irregulares, como que las audiencias públicas se realizaran durante la puesta de manifiesto del proyecto o que la empresa contestara preguntas y observaciones al proyecto dos meses después de que el mismo recibiera la autorización ministerial, convirtiendo el proceso en una burla que atenta contra la seguridad jurídica que se dice debemos cuidar como país.
En síntesis, con la complacencia de autoridades nacionales y departamentales se aceptan en nuestro país proyectos y propuestas de dudosa sostenibilidad que nos colocan cada vez más como un país propicio para recibir actividades que no son aceptadas en los países más desarrollados del planeta.
Junto a otras entidades de la sociedad, hemos presentado ante la Justicia los recursos legales correspondientes con el fin de anular los procedimientos irregulares que están poniendo en riesgo la integridad de nuestra población y nuestro territorio.
Alertamos a la población sobre las consecuencias de esta situación y quedamos a las órdenes para ampliar en lo que sea necesario estos conceptos.

Fuente: Comunicado de Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)