Organizaciones sociales se  pronunciaron  en respaldo de la Institución Nacional de Derechos Humanos,   y también  en defensa de “los derechos reconocidos a los diversos colectivos de nuestra sociedad, los que responden en definitiva a las prolongadas y multifacéticas luchas del pueblo uruguayo para avanzar, decididamente, en las políticas de Derechos Humanos. El reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI en particular y su expresión en las leyes que los protegen”. En un comunicado firmado por  un conjunto de  organizaciones sociales y sindicales  hicieron pública su posición advirtiendo como preocupante el  “intento de reinstalar a las Fuerzas Armadas en el escenario político y represivo nacional”, calificándolo como un “peligroso error”.

A continuación  transcribimos dicho comunicado.

Montevideo 26 de Julio de 2019

COMUNICADO A LA POBLACIÓN

Las organizaciones, gremios y movimientos sociales que más abajo suscriben, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, nos dirigimos a la población a los efectos de manifestar lo siguiente:

Rechazamos firme y enfáticamente, todos los actos y expresiones de aquellos actores políticos y también sociales que, amparados y difundidos con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, pretenden cercenar las potestades y cometidos específicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Declaramos que la ley 18.446 y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos que esta crea, representan conquistas históricas y legítimas del pueblo uruguayo para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de la población.

Consideramos que la autonomía e independencia que le fue conferida a la Institución Nacional de Derechos Humanos, constituyen condiciones y garantías imprescindibles para el eficaz cumplimiento de los cometidos de la Institución y, por lo mismo, se deben evitar todo tipo de amenazas (encubiertas o explícitas) a tan caro principio de un organismo de protección y contralor.

Queremos señalar también, que más de 30 organizaciones de la sociedad civil, debatimos durante más de 2 meses, en el correr del año 2017, con el fin de definir y acordar los criterios y principios en base a los cuales proponer a la Asamblea General, nombres de candidatos a ser designados por ésta, para desempeñarse como Directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Quienes fueron propuestos por las organizaciones mencionadas, han dado prueba suficiente a lo largo del tiempo transcurrido, del acierto de tales deliberaciones y de la merecida confianza depositada en esos compañeros/as propuestos y que la Asamblea General designó. Su desempeño, compromiso y honorabilidad, se ha mantenido por encima de la posible mezquindad y el oportunismo electoral de ciertos actores u operadores políticos.

A su vez, deseamos reafirmar nuestra férrea voluntad de defender los derechos reconocidos a los diversos colectivos de nuestra sociedad, los que responden en definitiva a las prolongadas y multifacéticas luchas del pueblo uruguayo para avanzar, decididamente, en las políticas de Derechos Humanos. El reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI en particular y su expresión en las leyes que los protegen, han contribui|do de manera sustancial al desarrollo de nuestra democracia y la cultura de justicia social en nuestro país.

Finalmente, ante el intento de reinstalar a las Fuerzas Armadas en el escenario político y represivo nacional, advertimos el profundo y peligroso error que tales intentos constituyen. Estas fuerzas, que a juicio de Pablo De Greiff (ex-Relator de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia y la Reparación) deberían ser depuradas de todos los elementos responsables de crímenes de lesa humanidad, han permanecido casi intactas atrincheradas en la doctrina de la ¨seguridad nacional¨ y, tal como lo revelan los acontecimientos recientes vinculados a los tribunales de honor, siguen siendo funcionales a la impunidad y al pacto mafioso de silencio y ocultamiento de la verdad y del destino de las compañeras y compañeros mantenidos, hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos.

Por eso, los proyectos de conferirles la custodia de la seguridad de la población a quienes no han mostrado ningún atisbo de arrepentimiento o ¨mea culpa¨por los crímenes cometidos en el pasado reciente; ni ofrecido disculpas a las víctimas o a sus familiares, configura un acto de la mayor irresponsabilidad, agravada por la evidente intencionalidad electorera que, manifiestamente, tales proyectos alientan.

Convocamos entonces, a la población, a mantener firme la lucha en defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo así como del resto de la institucionalidad democrática y de los Derechos Humanos de los más vulnerables.

Por Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Garantías de Nunca Más Terrorismo de Estado.

Firman:

FUCVAM - CRYSOL - PIT-CNT - MADRES Y FAMILIARES - SERPAJ - COMISIÓN POR LA MEMORIA DE LOS FUSILADOS DE SOCA - MEMORIAS DE LA COSTA - ASOCIACIÓN CIVIL IDAS Y VUELTAS - ASOCIACIÓN CIVIL ÁGORA - CLAN CHOÑIK - CIEENPRE JUNTOS - ESPACIO VAR - HERMANDAD PRO DERECHOS - COMISIÓN DE MEMORIA, JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD de SORIANO - EL PASO

- COMISIÓN PRO SITIO DE MEMORIA DEL CGIOR - PROYECTO S.O.S. LA PALOMA - ASOCIACIÓN CIVIL JULANA - CASAVALLE DE PIE - COLECTIVO FEMINISTA 33