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La Fiscalía Letrada Departamental de Paysandú de 1º turno, a cargo de la fiscal Carolina Martínez, desbarató una organización dedicada al contrabando que ingresaba mercadería al Uruguay a través del puente binacional Gral. Artigas.
Quince personas, entre ellas un funcionario aduanero, fueron detenidas gracias a un operativo conjunto desplegado por las fiscalías de Paysandú y de Concepción del Uruguay, destacándose la comunicación y cooperación entre ambas fiscales para el éxito de la investigación.
Estos procedimientos son el resultado de la Mesa de Trabajo sobre Cooperación en Zona de Frontera, realizada en Concepción del Uruguay en noviembre del año pasado, donde participaron la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, el Director de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación Argentina, Diego Solernó; la Fiscal de Santana do Livramento; la Directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, Gabriela Aguirre y fiscales de las Fiscalías Departamentales de Carmelo, Paysandú, Salto, Young, Dolores, Soriano, Mercedes y Fray Bentos.
Un hombre fue condenado como autor de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir especialmente agravado a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría a cumplirse de la siguiente manera: dos años de prisión efectiva y ocho meses de arresto domiciliario nocturno con cierre de fronteras.
Además, una mujer fue condenada como autora de un delito continuado de contrabando a la pena de catorce meses de prisión, imponiéndosele como medidas sustitutivas la prohibición de salir del país por ese plazo y el arresto domiciliario nocturno por el término de seis meses.
Otros dos hombres fueron condenados por el mismo hecho. El primero como autor de un delito continuado de contrabando especialmente agravado, en régimen de concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado, a la pena de veintidós meses de prisión a cumplirse de la siguiente manera: doce meses de prisión de cumplimiento efectivo y diez meses de arresto domiciliario nocturno con cierre de fronteras. El restante fue condenado por un delito continuado de contrabando a la pena de catorce meses de prisión, imponiéndosele como medidas sustitutivas el cierre de fronteras por el mismo plazo y el arresto domiciliario nocturno por el plazo de seis meses.
Por otra parte, un funcionario aduanero fue condenado como autor de reiterados delitos de cohecho calificado, en concurso fuera de la reiteración con reiterados delitos de contrabando especialmente agravado, en calidad de coautor, a la pena de dos años de penitenciaría a cumplirse de la siguiente forma: doce meses de prisión de cumplimiento efectivo y doce meses de arresto domiciliario nocturno.
Asimismo, la fiscal solicitó se le imponga una inhabilitación especial por el término de dos años y una multa de 75 U.R.
Otras dos mujeres fueron condenadas como autoras de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, en reiteración real con un delito continuado de contrabando especialmente agravado a la pena de veinte meses de prisión a cumplirse de la siguiente manera: diez meses de arresto domiciliario nocturno y diez meses debiendo presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio, y prohibición de salir del país por el total de plazo.
Además, un hombre fue condenado como autor de un delito continuado de contrabando especialmente agravado, en régimen de concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado y un delito de asociación para delinquir especialmente agravado a la pena de dos años y siete meses de penitenciaría a cumplirse de la siguiente forma: veinte meses de prisión efectiva y once meses de arresto domiciliario nocturno con cierre de fronteras.
Otro hombre y otra mujer fueron condenados como autores de un delito continuado de contrabando a la pena de catorce meses de prisión, sustituyéndose por seis meses de arresto domiciliario nocturno y catorce meses de cierre de fronteras.
Por último, la fiscal Martínez solicitó la suspensión del proceso para una mujer bajo las siguientes condiciones: fijar domicilio y no salir fuera de los límites del territorio del país por un plazo de tres meses.
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