Al hacer uso de la palabra  en la manifestación en rechazo a las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, Gurruchaga, ex preso político  e integrante del  Movimiento de Participación Popular (MPP) el mismo sector del  Presidente Mujica, no tuvo reparos en  criticarlo  por la actitud asumida contra la jueza Mariana Mota. Catalogando a Eleuterio Fernández Huidobro como “el inefable Ministro de Defensa” y afirmando que “una cosa es la justicia cuando tenemos que procesar a  algún militar que no tiene poder de mando,  que está en retiro. Y otra cosa cuando la justicia que se  acerca mínimamente a un militar en actividad”.

Hubiera alcanzado

   Gurruchaga comenzó diciendo “este es un tema que no es propiedad de ninguna organización,  sino que tiene que estar en manos de todos nosotros”. Comentando “estamos viviendo una gran paradoja: Uruguay preside el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al mismo tiempo el órgano superior de justicia de este país acaba de resolver lo que acabó de resolver. Esto es un  enorme  retroceso para la investigación de todas las causas de Derechos Humanos, en todos aquellos  juicios que apuntan a echar un poco de luz sobre  la época del terrorismo de Estado, y que apuntan a intentar castigar a alguno de los culpables.  Esto empezó con la campaña feroz  contra la Jueza Mariana Mota, que al final consiguió sus objetivos y la sacaron de lado.  Pero viene de mucho más atrás, desde el amparo a la impunidad a todos los violadores de Derechos Humanos,  a los  torturadores y  asesinos.  A todos los esbirros de la dictadura.  Esto está amparado por la política del gobierno del  Dr. Sanguinetti,  y de su  Ministro de Defensa, aquel General Medina que encerró las órdenes de la justicia en una caja fuerte.  Que pasó también por el gobierno del Dr. Lacalle, también cerrando a cal  canto todas las investigaciones y jactándose de que no hubo ningún pedido de investigación ni ninguna denuncia durante su período de gobierno. Pero también tenemos que decir que hay responsabilidad de  la fuerza política que actualmente está  en el gobierno.  Que por lo menos parte de ella ha amparado a la impunidad, porque se expresó en un Congreso del Frente Amplio” que no  se definiera por anular la caducidad. Porque  tuvo mayorías parlamentarias para anularla. Porque hubiera alcanzado para que en la campaña electoral uno de sus  dirigentes, subido a alguno de los estrados, hubiera sacado de su bolsillo una papeleta rosada, y le hubiera dicho al pueblo uruguayo que él  votaba eso para que en este país no tuviera que estar todavía lidiando con la Ley de Caducidad”.

El inefable Ministro

   Más adelante Gurruchaga  agregó  “estos son hechos objetivos. Pero también son hechos objetivos cuando  hablamos de la campaña cerrada en contra de la Jueza Mariana Mota. No olvidarnos que el  Presidente de la República don José Mujica fue uno de los primeros que le pidió a la Suprema Corte de Justicia que tomara medidas contra la jueza  cuando hizo las declaraciones que hizo. Para no hablar del inefable Ministro  de Defensa que tiene un largo rosario; pero un larguísimo rosario. Desde defender a los  militares  extraditados a  Chile por el asesinato de Berrios. De impedir que la justicia sacara fotos en el “300 Carlos”, donde hay algunos sorianenses que son parte de la denuncia.  Desde discutir con la jueza Mariana Mota que el asesino de Roberto Gomensoro no es el acusado, y el  dice  tener investigación que  no es él, pero no aporta otros nombres.  Esa presión política y la justicia permeable a esa presión política, apartando a la  jueza Mota que tenía en sus manos más de 50 causas por Derechos Humanos. Y por  más capaz que sea quien ocupe su lugar  va a tener que empezar de cero. Tendrá que empezar a estudiar causa por causa; y  la frutilla del postre fue la inconstitucionalidad de  la Ley interpretativa de la Caducidad.

Esta es la misma Suprema Corte que  mandó  un funcionario a secuestrar  desde el despacho de la jueza Mota el expediente por el caso Barney.  Que está acusado de ser uno de los principales responsables del  asesinato del heladero de Carmelo, Aldo “Chiquito” Perrini.  Ahora parece que una cosa es la justicia cuando tenemos que procesar a  algún militar que no tiene poder de mando,  que está en retiro; y otra cosa cuando la justicia se  acerca mínimamente a un militar en actividad como es Barney.

Si la Suprema Corte de Justicia no hubiera secuestrado el expediente  del despacho de la jueza Mota,  el general Barney tendría que estar preso en este momento, que es el lugar donde le corresponde.

Ahora  este no es un momento de bajar los brazos. Este es un momento de entender que la lucha contra la  impunidad ya está en manos del Parlamento. Ya no está en manos de tal o cual fuerza política. Está en manos de todos nosotros,  y es responsabilidad de todos nosotros,  que nos organicemos y que  nos  movilicemos para terminar de una vez  y para siempre con la impunidad en nuestro país”.