La directiva fue adoptada por el Consejo Directivo Central luego que la justicia condenara ala ANEPa regularizar la situación de las Escuelas a raíz de una demanda de amparo presentada por un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos.

La acción fue iniciada en agosto de 2012 por el Centro de Archivos y Acceso ala Información Pública(CAinfo), Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI) y el Comité de los Derechos del Niño, tras obtener información que indicaba que menos del 1% de los centros educativos a cargo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) contaban con la habilitación que certifica el cumplimiento de la normativa contra siniestros e incendios.

La sentencia que acogió el Amparo fue dictada el 13 de agosto de 2012 por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia de 19 Turno. El primer punto condenó ala ANEPa que en un plazo de 120 días iniciara los trámites correspondientes para obtener la habilitación, disponiendo su acreditación en dicho término. El segundo punto de la resolución judicial impuso la obligación de presentar informes cuatrimestrales al juzgado dando cuenta de las medidas adoptadas para el cumplimiento de la misma hasta que todas las escuelas cuenten con habilitación.

Precisamente en cumplimiento de esta segunda obligación, el 10 de diciembre pasadola ANEPpresentó ante el juzgado su primer informe. De éste surge que el pasado 27 de noviembre el Consejo Directivo Central adoptó una resolución que ordena a los Inspectores y Directores  de las escuelas iniciar el trámite ante el destacamento de Bomberos más cercano con fecha máxima 8 de diciembre de 2012.

Al mismo tiempo, se informó que el organismo estableció un convenio conla Dirección Nacionalde Bomberos (DNB) que posibilitará la confección de los proyectos técnicos para la habilitación. A través de este conveniola DNBbrindará el asesoramiento en forma gratuita. En consecuencia,la ANEPordenó dejar sin efecto los llamados a profesionales que se habían ordenado con ese fin. La dificultad presupuestal fue uno de los argumentos en su momento manifestaron las autoridades del CEIP al cuestionar la viabilidad del cumplimiento a la sentencia.

Las organizaciones promotoras de la acción de Amparo destacaron el impacto de la medida judicial adoptada, por cuanto de lo informado surge que la sentencia ha permitido poner en funcionamiento los mecanismos tendientes a revertir la situación de omisión administrativa en el cumplimiento de las normas de prevención de siniestros e incendios y que constituye un riesgo para la vida y la integridad física de los niños, docentes y personal no docente de los centros educativos.

No obstante, CAinfo, IACI y el Comité de los Derechos del Niño hicieron notar que, del informe presentado porla ANEPantes del inicio de la feria judicial, no surge acreditado que efectivamente se haya iniciado los trámites tendientes a la habilitación, sino que se da cuenta de una orden interna. En consecuencia, en el marco del monitoreo del cumplimiento de la sentencia judicial, al levantarse el receso las organizaciones solicitarán ala Sedeque, en cumplimiento del primer punto de la sentencia solicite al organismo la acreditación del efectivo inicio de los trámites antela Dirección Nacionalde Bomberos.