La comisión preinvestigadora que recibió la denuncia del Diputado Luis Puig solicitando se conforma una investigadora tras el hallazgo de un archivo de inteligencia, compuesto por más de sesenta cajas con información, que estaba en la casa del fallecido oficial coronel retirado Elmar Castiglioni. "Este archivo contendría pruebas de la realización, en democracia, de espionaje, infiltración, seguimientos, chantajes, presiones y operaciones 

contra todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos, legisadores, oficiales militares, directivos de empresas públicas y altos cargos de gobierno".
Tras ello la preinvestigadora conformada por los Diputados Jorge Pozzi, Roberto Chiazzaro ambos del Frente Amplio y Gustavo Penadés del Partido Nacional, analizó el material recibido y resolvió por unanimidad, con algunas salvedades por parte de Penadés, crear una Investigadora.

LOS OBJETIVOS
Esa Comisión Investigadora tendrá como objetivos:
a) Investigar, en función de la información disponible en los citados archivos y toda la que se logre incorporar por parte de los organismos del Estado con responsabilidad en esta área, el accionar de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales desde 1985 a la fecha. En especial lo referido a presuntas acciones de espionaje sobre personas, partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales.
b) Establecer la relación entre los citados archivos y las prácticas que del análisis de ellos se desprende con los archivos oficiales de las distintas reparticiones que ralizan tareas de
Inteligencia en el Estado, en especial respecto a los archivos oficiales localizados oportunamente por el Ministerio de Defensa y hoy digitalizados y en depósito en el Archivo General de la Nación.
c) Identificar la metodología utilizada y eventualmente los responsables para recolectar la información que contienen los citados archivos.
d) Proponer medidas legislativas, políticas, y de gobierno para, en caso de comprobarse esas prácticas, evitar que sigan ocurriendo y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir en el futuro, en particular en lo referente a establecer un control democrático sobre la acción de los servicios de Inteligencia de Estado.
e) Preservar la privacidad de las personas y las personas y las organizaciones que fueron víctimas de espionaje, vigilancia y presiones".
El artículo único de la resolución de la preinvestigadora establece: "Créase una comisión con el fin de investigar las tareas de posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha, que deberá expedirse en el plazo de 180 días a partir de su instalación".